La desconfianza que existe en México hacia las instituciones públicas no es noticia, lo que sí es que las pocas instituciones que antes parecían contar con el apoyo generalizado de la ciudadanía han ido disminuyendo en popularidad en los últimos años. El Ejército, por ejemplo, pasó de una aprobación de 75% de los mexicanos en 2012 a sólo 60% en 2015[i].
Las consecuencias que esto tiene en el país no existen únicamente en la teoría política. De acuerdo a un estudio del INE, 52% de las víctimas que no denunció un delito fue por falta de confianza en las autoridades[ii], es decir, en alrededor de 30% de los delitos en el país[iii] no se logró hacer justicia no por falta de evidencia, no por falta de tiempo, no por pericia criminal, no por errores en la investigación o el juicio, sino porque la gente no confía en la autoridades del país.
Los efectos corrosivos de la desconfianza van mucho más allá del impedimento a la justicia. Diversos estudios han ligado la confianza social con economías abiertas, el emprendedurismo, con menos crimen y corrupción, con participación ciudadana, tolerancia de minorías, optimismo y hasta la felicidad[iv]. Si bien la confianza social no recae sólo en las instituciones públicas, éstas tienen un rol fundamental en su creación.
La pregunta es, con los niveles que hay de desigualdad, inseguridad y la desfachatez de varios políticos, entre otros problemas, ¿cómo puede el gobierno esperar a construir confianza en sus instituciones? No podemos permanecer inmóviles hasta que se solucionen estos problemas. Al fin y al cabo, más de 50 años de política social en el mundo demuestran que estos temas no se resuelven fácilmente.
Para poder construir confianza se puede comenzar por algo muy poco “sexy” y que pareciera tener poco que ver con esta problemática: La interacción más cotidiana de los individuos con la autoridad. Esta cotidianidad se concentra en un grupo muy reducido de funcionarios: policías (especialmente de tránsito), personal en ventanillas de trámites muy comunes (por ejemplo los registros civiles como acta de nacimiento, defunción, matrimonio, registro público de la propiedad) y los jueces.
Dado que estos funcionarios son los que más median la relación de los ciudadanos y la autoridad, mucho se puede lograr mejorando el trato que éstos tienen con la ciudadanía. Una forma de hacerlo es simplificar los trámites y facilitar los servicios.
Esta simplificación involucra eliminar trabas que no tienen por qué estar ahí, fortalecer las herramientas electrónicas, asegurarse de que toda la información pública esté en lenguaje común y corriente y en formatos amigables y requerir que los funcionarios ayuden a resolver trámites, no que los impidan. Habría menos enojo con los funcionarios en un registro público si no tuviéramos que conseguir documentos apócrifos cada vez que queremos completar un trámite, menos fricción con la policía si fuese más fácil sacar un vehículo del corralón y menos frustración con la autoridad si fuera sencillo cumplir con la ley.
A nivel federal varias instituciones han estado haciendo esfuerzos en este sentido. El SAT y la SRE, por ejemplo, han hecho más fácil obtener citas y realizar trámites. Sin embargo, a nivel local, que es al nivel en donde la mayoría de la gente interactúa con las autoridades, no se ha notado un esfuerzo por la creación de un gobierno sencillo y amigable. Por ejemplo, 60% de los emprendedores que reportaron dificultades para abrir un negocio a nivel municipal dijeron que el problema era que no tenían información sobre el trámite que tenían que hacer[v], lo cual es inaceptable.
Es cierto que muchas autoridades a nivel local no tienen interés en crear confianza y más bien quieren aprovechar su enorme discrecionalidad para corrupta e impunemente inflar sus bolsillos. Sin embargo, la competencia política –sea de otros partidos o independientes– cada vez presiona más a los gobiernos locales a mostrar buenos resultados. Por otro lado, no hay que descontar que sí hay municipios que quieren impulsar mejores políticas. En 2015, seis municipios del Estado de México participaron en el proyecto de Mi Negocio México del IMCO para mejorar la información de sus sitios y agilizar los trámites. Seis municipios de un total de 2,454 puede ser una nimiedad, pero evidencian que sí hay gobiernos locales interesados en mejorar su relación con los ciudadanos. Hay que empezar por éstos.
Facilitar servicios es una manera poco costosa, rápida, y eficaz de comenzar la sanación de la relación gobierno-ciudadanía. Puede sonar a un paso chico, pero si repasamos todas las veces que sufrimos a manos de funcionarios públicos y nos imaginamos nuestras vidas sin estos episodios, vemos cómo pequeños cambios pueden tener grandes implicaciones.
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[i] Esto con base en el porcentaje de gente que dijo que confiaban mucho o algo en el ejército en la encuesta nacional en vivienda de Parametría: “¿En quién confían los mexicanos?” http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4815
[ii] Instituto Nacional Electoral, Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, México D.F.: 2014. http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf
[iii] De acuerdo a esta encuesta, el 61% de los delitos no son denunciados.
[iv] Bo Rothstein, Corruption and Social Trust: Why the Fish Rots from the Head Down, Social Research Vol. 80: 4, Winter 2013, 1009-1032
[v] INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2013.