Lo dijo en la mañanera: “nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”. Se refería a la pandemia del covid-19, pero más tarde se supo que su delirante afirmación también tiene relación con otro asunto.
Si la sola expresión —pronunciada en el contexto de los cincuenta decesos acumulados hasta ese momento— resultaba mezquina y ruin, la publicación del Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, perfiló el tamaño de su perversidad.
En Twitter, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros reiteró el manido discurso de la corrupción como justificante de la medida: “en el pasado régimen [los fideicomisos] anidaron corrupción y fueron usados para esconder cuantiosos recursos públicos”.
El presidente @lopezobrador_ ha decretado extinguir hoy todos los fondos, fideicomisos y contratos análogos de la APF que en el pasado régimen anidaron corrupción y fueron usados para esconder cuantiosos recursos públicos. Acto histórico en el que la @SFP_mx ha estado presente. pic.twitter.com/WinkPVCn9C
— Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) April 3, 2020
Y para demostrar su apoyo y contribución al instrumento jurídico creado para extinguirlos, usó la red social para promover un análisis de su autoría —publicado en 2007— en cuyas conclusiones contraviene el espíritu del capricho presidencial, pues en aquel manifiesta textualmente: “habría que contar con una Ley General de Fideicomisos que estipule con toda precisión las obligaciones que deban observar los servidores públicos que establezcan este tipo de instrumentos jurídicos”.
Un año antes de la edición de su sesudo análisis, se publicó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que contempla el uso de fideicomisos, por parte del gobierno, “con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado, para impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo”. Sandoval Ballesteros no hace mención alguna de dicha norma en su investigación, lo que demuestra su desconocimiento jurídico sobre el tema.
La Ley General de Transparencia —vigente desde mayo de 2015— garantiza en su artículo primero el acceso a la información contenida en los fideicomisos y fondos públicos, mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece como “faltas graves” las violaciones de las disposiciones sobre fideicomisos, contempladas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en noviembre de 2019.
Los controles establecidos en estas leyes evidencian que ni la real o supuesta corrupción derivada de la operación de los fideicomisos o la opacidad de sus disposiciones, son argumentos suficientes para su extinción. Si fuera el caso, habría bastado con que se legislara en torno de la prohibición de utilizar cláusulas de confidencialidad en su conformación.
Un estudio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., intitulado: Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público, señala que las cláusulas de confidencialidad prevalecen en 33 por ciento de los fideicomisos, por lo que recomienda mejorar las prácticas de acceso a la información contenida en ellos y apegarse a lo establecido en la ley general en la materia, pero nunca su desaparición.
En el fondo, la extinción de los fideicomisos públicos representa el desvío de una cifra superior a los 870 mil millones de pesos, con el agravante de que la medida generará daños a terceros, difíciles de cuantificar por el momento, aparte de que se desconoce el destino final que tendrán esos dineros.
Entre los fideicomisos que resultarán afectados por la medida está el relativo al Sistema de Protección Social en Salud, en cuyas reglas de operación se precisa que los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos deberán cubrir el apoyo financiero para la atención integral de Intervenciones, tratamientos, medicamentos e insumos, así como el apoyo financiero para el desarrollo de infraestructura de unidades hospitalarias que proporcionan servicios médicos de alta especialidad.
Está también el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, el Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, entre muchos otros.
Después del terremoto de 2017, varios integrantes de Morena crearon el Fideicomiso 73803 “Por los Demás”, que el propio López Obrador promovió a efecto de recaudar y distribuir recursos de dudosa procedencia para los damnificados, en un momento en que otra tragedia también le cayó como anillo al dedo para promover su imagen en pleno proceso electoral.