Opinión

Combatir la pobreza

El gobierno y la sociedad en su conjunto comparten la responsabilidad moral de luchar con denuedo por la erradicación de la pobreza. | Areli Cano Guadiana

  • 17/10/2019
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En 1987, un día como hoy, 17 de octubre, en el Atrio de los Derechos Humanos y de las Libertades en París, el sacerdote Joseph Wresinski, reconocido activista en la lucha contra la desigualdad, develó una placa para honrar a las víctimas de las carencias extremas y lanzó un llamado a la Organización de las Naciones Unidas, para que la fecha se declarara como "Día Mundial del Rechazo a la Miseria". En 1992 la ONU la estableció como el "Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza".

A lo largo de la historia de la humanidad, gran parte de las personas ha sufrido los estragos de ese fenómeno social. Hambre, enfermedades, contextos de inequidad y falta de posibilidades para reivindicar derechos, son algunos de los aspectos asociados a tal circunstancia. En México, en nuestras grandes ciudades y, en general en toda la geografía del país, es posible observar grandes núcleos de habitantes que cuentan con todos los servicios y satisfactores, rodeados de ínsulas de precariedad donde la sobrevivencia de la gente es a partir de ingresos escasos y en un entorno de insuficiencias materiales.

La pobreza en nuestro país se apareja a circunstancias de aguda desigualdad entre las personas. Sus rasgos característicos son las diferencias en el acceso a educación de calidad, a atención a la salud e, incluso, a oportunidades de empleo estable y bien remunerado. De esta forma, la exclusión social consecuencia de la pobreza, atrapa a millones de personas en nuestro país en un círculo vicioso del cual es sumamente difícil salir.

Adicionalmente, si bien es cierto que no es posible establecer líneas de causalidad directas entre pobreza y violencia, sí es necesario considerar que la carencia económica sumada a factores como la debilidad del Estado y sus instituciones, la transformación de los patrones de dinámica familiar y del trabajo, entre otros, si pueden desembocar en escenarios de irrespeto a la convivencia y a la ley.

Así, se hace necesaria la actuación firme del Estado para combatir el flagelo de la pobreza, no solamente atacando la brecha existente de ingresos entre pobres y ricos, sino atendiendo los varios espacios de desigualdad en los satisfactores básicos para vivir con dignidad. Particularmente, tomando en cuenta que las malas condiciones económicas de las personas impactan directamente en el goce de sus derechos, pues ven mermada su capacidad de exigencia y de movilización.

En México van décadas en que los distintos gobiernos se han trazado como meta resolver, o por lo menos, reducir las circunstancias de pobreza de la población. De tal forma, se ha podido escuchar a lo largo de años a los encargados de las políticas públicas, discurrir sobre variables macroeconómicas, crecimiento, contención de la inflación y paridades cambiarias; enfrascados en un discurso técnico que no parece considerar las situaciones de vida cotidiana de las personas, que, aun con los principales indicadores de la economía estables, continúan en situación de carencia. La base de ésta forma de manejar la pobreza parte de considerar que es suficiente con dar paliativos mínimos a la población en dicha circunstancia, en espera de que el crecimiento económico logré llegar a una situación en la que sea posible repartir hacia abajo las ganancias generadas. Sin embargo, la percepción de lentitud para dar resultados de las distintas acciones de gobiernos anteriores, se suma a los casos en que presuntamente los programas orientados a aliviar las condiciones de pobreza de la población se vieron contaminados por prácticas de corrupción y desvío de recursos. Esto genera una visión pesimista sobre la meta de vencer a la pobreza.

El actual gobierno tiene ante sí el reto de materializar soluciones que atiendan la exigencia social de reducir el número de personas en situación de precariedad. Al respecto, en el Plan Nacional de Desarrollo se establecen metas ambiciosas sobre el tema, como son las de llegar a 2024 sin pobreza extrema y sin hambre en el país. Las bases para lograrlo radican en los diversos programas sociales ideados e implementados por el régimen de la 4T, tales como: Becas para el Bienestar Benito Juárez, que dota de un estipendio mensual a familias con niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza extrema y que estudien en una escuela pública; Jóvenes Construyendo el Futuro, que capacita a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando, además de dotarles de una beca económica; y Sembrando vida, dirigido a sujetos agrarios para establecer sistemas productivos agroforestales, con la finalidad de generar empleos, incentivar la autosuficiencia alimentaria y mejorar los ingresos los pobladores.

El gobierno y la sociedad en su conjunto comparten la responsabilidad moral de luchar con denuedo por la erradicación de la pobreza; se trata de paliar el hambre y las precariedades materiales, pero es también una cuestión de justicia, de reconocer a todas las personas como iguales en dignidad y derechos, no solamente en el papel, sino en la realidad. Solamente así podremos decir de nuestro país que es genuinamente democrático, porque quien sufre los estragos de la miseria no puede ser ciudadano de manera cabal.

areli.cano09@gmail.com