A la comunidad internacional le preocupa que México se convierta en terreno fértil para el lavado de activos. De acuerdo con el Informe de Evaluación Mutua sobre México del Grupo de Acción Financiera (GAFI), publicado en enero pasado, el lavado de dinero se comete con relativa impunidad a causa de las áreas de oportunidad en la capacidad de investigación y sanción de las instituciones mexicanas competentes, así como en la falta de seguimiento a quienes realmente operan las empresas y las cuentas bancarias.
Esto facilita el poderío económico del crimen organizado, los desvíos multimillonarios de recursos públicos cometidos por funcionarios públicos, el cohecho en contrataciones públicas internacionales y la evasión de impuestos. Los delincuentes pueden esconder su identidad detrás de empresas fantasma y prestanombres e invertir dinero de origen ilícito en el sector inmobiliario, restaurantes, tiendas y otros negocios, generalmente en México y Estados Unidos.
El Informe de Evaluación Mutua sobre México del GAFI es público, pero hay población que desea profundizar en su análisis o conocer los insumos que permitieron llegar a sus conclusiones. Así lo evidencia el recurso de revisión RRA 1275/18 que resolvió el pleno del INAI e instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregar la Evaluación Nacional de Riesgos que sirvió de insumo para el informe referido.
Lavado de dinero
El INAI instruyó la entrega al solicitante de una versión pública en la que deben proporcionarse las estadísticas oficiales y hallazgos de estudios académicos que ya son públicos y reservarse, por ser estratégicos, los datos sobre el nivel de implicación de organizaciones delictivas en los delitos de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. A la fecha, la existencia de este último delito no está comprobada en el país.
El lavado de activos concentra diversos tipos de corrupción. De acuerdo a investigaciones periodísticas, en México esta práctica se ha materializado y vinculado con casos como el de Odebrecht, la Estafa Maestra y los millonarios desvíos perpetrados a través de empresas fantasma por exgobernadores. Precisamente, estos casos fueron mencionados recurrentemente por los candidatos presidenciales que participaron en el debate del domingo 22 de abril. Hoy en México, candidatos y ciudadanos coincidimos: no queremos más corrupción e impunidad, queremos un país en el que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia y eficacia para garantizar servicios y derechos para todos los mexicanos y quienes transgredan la ley paguen las consecuencias.
Sin los ciudadanos, no podremos controlar la corrupción
Sin embargo, más allá de que en el debate del 22 de abril todos los candidatos utilizaron el combate a la corrupción como elemento discursivo, hoy es fundamental que las plataformas electorales de los candidatos incluyan al menos dos elementos: primero, un diagnóstico robusto sobre este fenómeno y, segundo, estrategias claras sobre cómo implementar la agenda anticorrupción. No todas las propuestas expresadas en el primer debate presidencial estuvieron sustentadas o, al menos, no fueron claras en ello, en un diagnóstico completo del problema y con conocimiento de las acciones ya existentes para controlar la corrupción. Estas últimas, sin duda son perfectibles, pero deben ser tomadas en cuenta para poder evaluar la pertinencia de las propuestas. Para esto es fundamental conocer hallazgos como los del GAFI o los informes de cumplimiento a las convenciones internacionales que México ha ratificado ante la ONU, la OCDE y la OEA.
¿Y las propuestas?
Los ataques personales no son propuestas, las y los mexicanos merecemos conocer a fondo el contenido de cada una de las plataformas electorales, anticorrupción y de todas las temáticas, de todos los candidatos para emitir un voto informado el próximo 1 de julio. Los mexicanos merecemos saber cuál es su opinión sobre la construcción de capacidades técnicas y tecnológicas para combatir la corrupción.
De entrada, dejo sobre el tintero algunas preguntas que valdría la pena que nos respondieran los candidatos presidenciales, definitivamente no limitativas, ¿qué políticas públicas preventivas proponen?, ¿impulsarán el uso de blockchain y una simplificación administrativa en trámites y servicios?, ¿implementarán el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA-MX)?, ¿cómo se proponen detener los flujos financieros ilícitos?, ¿cómo se involucrará la participación ciudadana?, ¿cómo fortalecerán el gobierno abierto en México?, ¿darán continuidad y fortalecerán la implementación de los Sistemas Nacionales de Transparencia, Fiscalización y Anticorrupción?
Municipios transparentes: del sueño a la realidad
En el control de la corrupción no empezamos desde cero: en el Informe de Evaluación Mutua sobre México del GAFI y en los insumos preparados por instancias mexicanas para ese grupo, hay un diagnóstico y también propuestas para controlar el lavado de activos que permitirían atajar espacios a la corrupción. Los mexicanos estamos ávidos de conocer propuestas sustentadas en evidencia, viables, con la mayor posibilidad de generar resultados tangibles… y sobre las que podamos evaluar su desempeño durante su mandato. Las propuestas para controlar la corrupción que expongan los candidatos a cada uno de los cargos de elección popular son, en otras palabras, los espacios, mecanismos y herramientas que darán a la población para controlar la forma en que ejercerán el poder.