Opinión

Combatir el lavado de dinero y el financiamiento ilegal para 2024

El gran reto que tiene el INE como institución electoral nacional electoral será el proceso electoral federal de 2024. | Carla Humphrey

  • 18/11/2021
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Combatir el lavado de dinero y el financiamiento ilegal para 2024

| Carla Humphrey

Nuestra sociedad es un espacio complejo inmerso en un mundo globalizado, en el que las personas jurídicas desempeñan un papel destacado en la economía y en donde los gobiernos tienen la obligación y compromiso de conducir sus acciones y de aplicar los recursos públicos con estricto apego al principio de legalidad y transparencia.

Por ello, los programas de cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público son muy importantes como generadores de valores toda vez que mantienen una estructura organizada para el cumplimiento de la ley; pero, sobre todo, contribuyen a minimizar riesgos mediante la creación de sistemas de prevención.

En este sentido, las instituciones en los últimos años han adquirido diversos instrumentos que buscan fortalecer y facilitar los objetivos del sector público en contra de dos aspectos que corrompen a un estado y a un sistema democrático: el lavado de dinero y el financiamiento ilícito.  

El Instituto Nacional Electoral (INE), como institución democrática del estado mexicano cuenta con diversos mecanismos y protocolos para prevenir y sancionar el uso del financiamiento ilegal por los partidos políticos y sus candidaturas, entre los que se encuentran los siguientes:

· Un Código de Ética cuyo propósito es exponer los postulados que deben seguir las y los servidores públicos de la institución, que considera los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción y retoma los principios constitucionales y legales de la función pública, así como una serie de valores de interés público, respecto a los derechos humanos, a la igualdad y no discriminación, a la equidad de género, entre otros.

· Registro Nacional de Proveedores que está en permanente revisión y actualización y sirve para vigilar que los partidos políticos celebren operaciones con personas jurídicas colectivas legalmente constituidas y que cumplen la totalidad de requisitos establecidos en la normatividad para la celebración de operaciones con sujetos obligados y que no se trata de empresas fachadas o facturas.

· Modelo de riesgo en el que el INE a través de la Unidad Técnica de Fiscalización ha desarrollado este “Modelo” para determinar el grado de riesgo financiero que implican las operaciones de los partidos políticos con otros sujetos obligados, a partir del diseño de matrices que permiten calificar tanto el origen como la aplicación de los recursos en distintos momentos y etapas tanto fuera como dentro de los procesos electorales.

· Cooperación interinstitucional en la que el INE cuenta, a través de diversos convenios de apoyo y colaboración con diversas instituciones financieras y del estado, con información dentro del ámbito electoral, sobre movimientos relacionados con depósitos y retiros que puedan registrarse particularmente dentro de los procesos electorales y que permitan detectar y sancionar las infracciones al marco normativo electoral. Entre las instituciones que coadyuvan con el INE se encuentran la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.

En el caso de los partidos políticos como entidades de interés público, son los responsables de cumplir no sólo con la ley y la normatividad en materia electoral, sino de aplicar correctamente el financiamiento del que son objeto y que el INE fiscaliza tanto su origen como su destino, previniendo y en su caso, evitando el financiamiento ilegal que, independientemente de las sanciones que se impongan, garantiza la equidad y la certeza en los procesos electorales que se llevan a cabo en el país con lo que se  fortalece nuestro sistema democrático.

Es importante referir que México como parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI) tiene la obligación de cumplir con estándares que prevengan y combatan el lavado de dinero y el financiamiento de campañas electorales con recursos ilícitos por lo que, el actuar del INE va encaminado a cumplir con este objetivo.

Lo que tendrá el INE en puerta, como un ejercicio necesario para 2022, es evaluar y, en su caso, proponer adecuaciones a los diversos procedimientos conforme a los cuales lleva a cabo la fiscalización sobre el origen, monto y aplicación de los recursos públicos que reciben por parte de la autoridad electoral y de fuentes privadas lícitas los partidos políticos, así como fortalecer la cooperación entre instituciones para evitar el posible lavado de dinero y otras infracciones durante las elecciones.

Las acciones que emprenda el INE en la materia deberán dar seguridad a todos los actores políticos participantes en los procesos electorales, así como garantizar a las y los ciudadanos que acudan a las urnas a depositar su voto por el partido político, coalición, candidato o candidata de su preferencia, la seguridad de que a quien elegirá, fue auditado y revisado por la autoridad electoral y es digno o digna de su sufragio.

El gran reto que tiene el INE como institución electoral nacional electoral lo será, sin duda, el proceso electoral federal de 2024 en el que se renovará la presidencia de la República, la Cámara de Senadoras y Senadores, la Cámara de Diputadas y Diputados, así como diversos procesos electorales locales.

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