La buena marcha de la administración de lo público es un tema fundamental para el desarrollo social. La ineficacia, el descuido y la corrupción, junto con un entorno gubernamental opaco, permearon por mucho tiempo en nuestro país, lo que hizo posible que prevalecieran escenarios desfavorables para los derechos de las personas. Sin embargo, en los últimos años, una oleada de reformas relevantes trajo cambios en las formas de funcionamiento del aparato del Estado. Así, es posible advertir abordajes novedosos en materia de gobernanza, gestión pública, integridad, transparencia y acceso a la información.
Una arista de suma importancia al respecto es el enfoque sistémico que se adoptado en el diseño de diferentes planos de la acción gubernamental, en la búsqueda de una apropiada integración interinstitucional para la consecución de sus objetivos. Esta perspectiva se ha incorporado en dos ámbitos relevantes para nuestro país: el combate a la corrupción y la transparencia.
Avances de los sistemas nacionales anticorrupción y de transparencia
Los primeros días de octubre, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), convocó a la Semana Nacional de Transparencia, donde se encontraron especialistas, estudiosos y funcionarios involucrados con la apertura informativa y el acceso a la información. Entre otros temas, se abordaron los retos y avances de los sistemas nacionales anticorrupción y de transparencia. Algunas de las reflexiones ahí vertidas las comparto en este texto.
Sobre el Sistema Nacional de Transparencia, se pudo advertir que existen importantes avances. Se ha consolidado ya, en congruencia con la legislación en la materia, como la instancia nacional de coordinación en el ámbito de la apertura informativa, el acceso a la información y la protección de datos personales en nuestro país. Como resultado de un intenso trabajo colegiado, se emitió el marco normativo secundario de la Ley General de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, lo que se suma a las regulaciones que en materia de transparencia y acceso se habían publicado con anterioridad. Esto es relevante, pues se establecen las condiciones normativas requeridas para la salvaguarda de los derechos de las personas en todo el país, en los niveles federal, estatal y municipal.
De igual forma es destacable la elaboración y publicación de los Programas Nacionales de Transparencia y Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, instrumentos esenciales para la alineación en la hechura coherente y ordenada de las políticas públicas en la materia.
En lo que toca al Sistema Nacional Anticorrupción, los avances en la configuración de su funcionamiento son importantes. Recientemente se aprobaron los nuevos formatos para las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos, así como los Lineamientos del Comité Coordinador para identificar y dar seguimiento a los casos de atención prioritaria, a fin de coordinar a los entes públicos involucrados.
La información que se obtenga acerca del peculio de los servidores públicos será detallada y podrá ser cruzada con otras bases de datos del propio sistema, lo que, sumado a otras vertientes de control y fiscalización, como puede ser la intervención de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, o bien la atención a denuncias de actos de corrupción, permitirá un control efectivo sobre la evolución patrimonial de los funcionarios.
De tal manera, el SNA establece elementos básicos que, sumados a otras disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como son la definición clara de las faltas administrativas graves y no graves, así como del procedimiento “modelo” de responsabilidades, crearán las condiciones para aplicar la política anticorrupción a nivel nacional, de una manera homogénea y ordenada.
Retos de los sistemas nacionales anticorrupción y de transparencia
La implementación formal del SNA y el SNT constituye un gran avance para el país, sin embargo, las condiciones estructurales para la efectividad de las labores de las instituciones que conforman estos espacios interinstitucionales aún tienen aspectos pendientes que deben atenderse.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, en su calidad de integrante de ambos sistemas, además de ser quien encabeza el Sistema Nacional de Fiscalización, ha advertido sobre las profundas diferencias entre los distintos actores de los sistemas, según el nivel de gobierno y la entidad federativa. Los recursos humanos, tecnológicos y materiales en algunos casos pueden ser limitados e, incluso, insuficientes para atender las responsabilidades derivadas del nuevo contexto normativo. Por ello es importante crear las condiciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos trazados para cada instancia, mediante la planificación correcta de estructuras, metas y acciones, así como procurar la dotación de recursos suficientes y adecuados a la operación en todos los niveles de gobierno.
Igualmente se ha señalado como imperioso, que quienes colaboran en las distintas instancias integrantes de los sistemas, cuenten con perfiles similares en todas las entidades federativas, así como en los tres niveles de gobierno, y que operen bajo protocolos y enfoques estandarizados en sus tareas, con la intención de concretar en la práctica cotidiana la meta de eliminar la fragmentación en el combate a la corrupción y en el ámbito de la transparencia. Se trata de tener auditores, contralores, investigadores, jueces y cualquier otra figura clave del sistema, con formación, capacidades y enfoques comunes para el ejercicio de sus funciones en todo el país.
Reducir las desigualdades en las capacidades de actuación de las instituciones incidirá en la efectividad de los sistemas creados para abonar a la mejora en la gestión de los asuntos públicos y en la rendición de cuentas. Solamente así se obtendrán los frutos esperados de la lucha contra la corrupción y de los trabajos en favor de un gobierno transparente.