El conflicto armado colombiano, el más antiguo del hemisferio occidental, tiene un trayecto del más alto interés para quienes estudiamos lo social por su enorme complejidad. A grandes rasgos, hubo tres elementos distintivos que hicieron de la violencia en el país una constante. Parafraseando a Daniel Pecáut (2013), La violencia no tuvo ni principio ni fin.
La primera ruptura fue el asesinato del candidato liberal Jorge Eliecer Gaitán en 1948, que fue un episodio traumático para toda la región latinoamericana, por la cancelación de posibilidades para el pluralismo político y la justicia social.
El segundo momento fue conocido como el “ataque a Marquetalia” por parte del Estado a facciones campesinas en 1964, que supuso el acto fundacional para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La violencia y represión del Estado radicalizaron la lucha, ante la ausencia de vías institucionales reales de representación legítima.
Un tercer episodio emblemático fue la lamentable decisión de la guerrilla de “urbanizar” la guerra en 1982 (Ariel, Ávila El Espectador, 19/09/16), es decir, trasladarla del campo a focos de resistencia en la ciudad, lo cual extendió aún más los severos daños humanos en esta prolongada confrontación con el Estado, a lo cual se debe sumar la emergencia criminal causada por el tráfico de drogas.
De acuerdo a Rafael Pardo (CIDOB), los sucesivos gobiernos colombianos llevan 22 años trabajando en procesos de Paz. Con mayor éxito unas administraciones que otras, durante las últimas décadas se registraron avances como la desmovilización de otros grupos guerrilleros, su incorporación a la vida civil y política, y sobre todo una renovada Constitución en 1991 que, pese a ciertas contradicciones, tuvo el gran logro de proclamar al país como un “Estado Social de Derecho”.
Los Acuerdos de la Habana, firmados durante la Presidencia de Juan Manuel Santos en 2016, representaron el punto culminante de la Paz en Colombia. Tuvieron el apoyo de diversos actores dentro del Sistema de Naciones Unidas, así como los gobiernos de Noruega, Chile, Venezuela y Cuba.
Santos y su contraparte, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’ recibieron el Premio Nobel de la Paz y la comunidad internacional dio la bienvenida a esta gran iniciativa, que hoy es ejemplo global de negociación y construcción de Paz. Para dar un fuerte respaldo político al proceso, el Papa Francisco hizo al año siguiente una de sus visitas pastorales más significativas al exterior, al recorrer ciudades particularmente afectadas por masacres o atentados y reunirse con las víctimas.
El denominado “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” es un documento extenso de 297 páginas que hace un recorrido minucioso por las graves heridas del conflicto, los rezagos sociales históricos y plantea puntos sustantivos para una mayor integración territorial para una Nación con una orografía tan compleja. Propone como principios una reforma rural integral, la participación democrática, la desmovilización de las fuerzas militares irregulares, la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de responsabilidades por crímenes del pasado. En todo el documento, trasluce la necesidad de abatir las desigualdades con una activa participación social.
Fue tal el impacto del Acuerdo, que incluso en años recientes se descubrieron especies naturales y animales en zonas casi desconocidas, anteriormente dominadas por el conflicto armado. Pese a un plebiscito en 2016 donde la población votó (en una decisión muy apretada) en contra del proceso de Paz, las iniciativas institucionales para impulsar este cambio histórico continuaron.
Edificar los cimientos de la Paz es una tarea titánica, frecuentemente inconclusa, pero Colombia daba pasos firmes a través de nuevos entramados institucionales para cumplir los objetivos del diálogo. Se pueden mencionar sólo 3 ejemplos: El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), un instituto público de enorme rigor y prestigio cuya tarea fue reconstruir cómo sucedieron las violencias en distintas provincias; la Unidad de Restitución de Tierras, que tiene el objetivo de retornar al campo a las personas desplazadas por la violencia; y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el propósito de investigar, juzgar y sancionar, individual y colectivamente los crímenes más graves.
Por su parte, las FARC dieron algunas muestras de voluntad al reconocer sus responsabilidades en crímenes atroces y se entregaron unas 11 mil armas al Estado.
Desafortunadamente, es bien conocido que el ex presidente Álvaro Uribe dedicó toda su energía y enorme capital político a dinamitar el Acuerdo por todos los medios posibles. Se llegó a extremos absurdos en redes sociales, como calificar al Papa con el epíteto de “castrochavista” sólo por buscar un camino de reconciliación que, por otra parte, era necesario para dar un paso decisivo hacia una nueva Colombia.
El problema es que el heredero del uribismo, el presidente Iván Duque dejó languidecer el Acuerdo e incluso su gestión fue señalada por debilitar las instituciones previamente formadas. La violencia contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos se recrudeció y sólo en 2020, 101 personas defensoras fueron asesinadas (DW, 19/04/21).
Al respecto, el académico Jerónimo Ríos Sierra expresa una opinión demoledora:
Como a Duque le resulta muy impopular, especialmente hacia fuera de Colombia, atribuirse a sí mismo el (de)mérito de ser el presidente que implosionó el Acuerdo de Paz con las FARC, lo que ha hecho en su primer año de mandato ha sido una suerte de desprecio continuo y de baja intensidad al Acuerdo. Lo ha hecho de un modo sencillo: homologando el término “paz” al término FARC. Ha instrumentalizado el Poder Judicial, ha evitado partidas presupuestarias en el Plan de Desarrollo, ha obstaculizado el avance de la JEP y ha criminalizado, bajo la etiqueta de “guerrillera”, cualquier reivindicación o protesta social, por muy ajena que resulte a la cuestión del Acuerdo. (Ríos Sierra, Jerónimo, 2019).
Pareciera que la indiferencia del gobierno actual galvanizó los intereses creados de numerosas oligarquías y estamentos legales e ilegales, para los cuales la Paz definitivamente no es negocio, sino un obstáculo a sus formas tradicionales de dominación.
La crisis derivada de la pandemia complicó aún más el escenario. Sin tener una estrategia clara ni efectiva de vacunación, el gobierno se aventuró a una muy impopular propuesta de reforma fiscal que terminó derrotada en las calles por la fuerte presión social de amplios sectores que ven cómo las esperanzas de un nuevo renacer se han diluido, por negligencia oficial y quizá porque la autoridad no podía o no quería entender el momento histórico que atravesaba.
Desde luego, en estos últimos años, la hermana nación sudamericana mostró un enorme cúmulo de conocimientos y caminos aún inexplorados que pueden llevar a fortalecer la convivencia, la armonía y el desarrollo equitativo de la sociedad. La ruta ya es conocida, pero es necesario reactivar la voluntad que parecía ya puesta en marcha.
Referencias:
- Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 24/08/2016.
- Ávila, Ariel. Séptima conferencia de las FARC: De guerrilla a ejérito del pueblo. Diario El Espectador (19/09/16)
- Deutsche Welle en español (19/04/21) Más de 900 líderes sociales asesinados en Colombia desde 2016.
- Moreira, Alba, Forero Marcela y Parada, Ana María (2015) El proceso de paz con las FARC-EP. CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs.
- Pecáut, Daniel (2013) La experiencia de la violencia: Los desafíos del relato y la memoria. La Carreta Editores. Medellín, Colombia.
- PNUD Colombia (2018) La ciencia saluda a 14 nuevas especies descubiertas en Bioexpedición Anorí.
- Ríos Sierra, Jerónimo (2019) Colombia: Una paz fallida. Revista Nueva Sociedad, Fundación Friedrich Ebert.
*Othón Partido Lara, Maestro en Sociología por el Instituto Mora y Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.