En el comunicado 1386/17 la Procuraduría General de la República (PGR) informa que, debido a que el servidor público Santiago Nieto Castillo transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, lo removió de su cargo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de esa dependencia, sin especificar en qué consiste la transgresión referida.
Elías Beltrán notificó la remoción personalmente a Nieto, aparentemente sin hacerle saber cuáles disposiciones del citado y tan deshonrado Código de Conducta de la Procuraduría fueron violados.
Diversos actores políticos, económicos, académicos y sociales censuraron la separación de Nieto, bajo la sospecha que su despido es debido a su acercamiento a fuertes indicios de corrupción del exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya y la empresa brasileña Odebrecht, cuyos directivos lo acusaron de recibir un soborno de 10 millones de dólares (mdd).
No solo eso, sino que de manera sospechosa y a un par de semanas de que Raúl Cervantes Andrade renunciara a la titularidad de la PGR, resulta sorprendente que Elías Beltrán haya integrado un expediente en tiempo record con testimoniales o documentales que hayan demostrado conductas inmorales en Nieto Castillo, cuando la PGR no ha podido, -o no ha querido-, demostrar actos de corrupción o delincuencia organizada a los exgobernadores que están bajo proceso, como Javier Duarte, Guillermo Padrés, Luis Antonio Reynoso o Tomás Yarrington, o mucho menos que haya tramitado la devolución al erario público, de los bienes producto de algunas de estas conductas.
La sospecha de los actores que han censurado esta decisión radica en que, se ciñe a un acto materia de corrupción como lo es, las líneas de investigación que seguía Nieto sobre el escándalo Odebrecht pero, además, en el contexto en que no hay titular de la PGR, ni Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ni Fiscal Anticorrupción, ni Magistrados Administrativos especializados en Anticorrupción y ahora, ni Fiscal de Delitos Electorales.
Como dice José Roldán Xopa, el quid, o razón esencial se encuentra entonces, en la determinación de un comportamiento que transgrede deberes, fundamentalmente éticos, y si la transgresión es de tal entidad que merezca la separación del cargo. De lo contrario se estaría ante un acto arbitrario. (La remoción del Fiscal Nieto. ¿Se toma en serio la ética pública, blog de José Roldán Xopa, octubre 21, 2017, en https://goo.gl/poiXqB)
El comunicado arriba citado no enuncia los comportamientos en que podría haber incurrido Nieto Castillo y, en contraste, si se tratara del acto arbitrario al que se refiere Roldán Xopa, fortalecería las sospechas que su despido es debido a causas políticas, con el objeto de proteger el secreto que guardan las investigaciones por corrupción de Odebrecht.
Un nuevo comunicado suscrito por Nieto Castillo da cuenta de su desestimiento para que el Senado lo reinstale en su posición en el que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara Alta, sería el principal interesado para ser separado de su encargo. Pende la sospecha en la opinión pública que podría haber sido presionado, de alguna forma u otra, para desistir su intención.
Más allá de que el código de conducta citado fue utilizado para despedir al extitular de la FEPADE, es solo un pretexto para sincronizar los mecanismos políticos que inhiben la voluntad política y, con ello, que la justicia anticorrupción siga permaneciendo impune.