En México no se respeta el ejercicio de las libertades civiles y políticas. Por el contrario, se violan los derechos humanos de manera sistemática y abierta. En efecto, bajo el amparo de la impunidad y con base en pretextos inmorales y pueriles, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha ordenado con calculada perversidad el asesinato de civiles.
Tal es el caso de la matanza ocurrida el 19 de junio en los municipios oaxaqueños de Nochixtlán y Hacienda Blanca, en los cuales fallecieron once personas y fueron heridas más de un centenar.
En referencia a tan oprobioso suceso, el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sendas peticiones encaminadas a que dicten las medidas pertinentes para vigilar la evolución del conflicto y exhortar a Peña Nieto a respetar y cumplir con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales suscritos y reconocidos por el país.
También afirmamos:
“El Estado mexicano viola los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado (…) a través del Poder Ejecutivo Federal, responde con represión a la petición de diálogo que le han formulado las y los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte). Todos los discursos que refieren la democracia y la ley como base del sistema republicano en México, no obedecen a la realidad. En México se reprime, desaparece, asesina y silencia a cualquier voz disidente”.
Tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como a la Corte Interamericana, les indicamos que profesoras y profesores agrupados en la cnte “han manifestado su oposición a una reforma que, aunque se llama educativa, no lo es, porque no atiende los rezagos que enfrenta México en esta materia”.
Indicamos asimismo que los mencionados maestros, en pleno ejercicio de las libertades y derechos políticos y civiles previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han convocado y realizado concentraciones y marchas en la Ciudad de México y en diversas entidades federativas del país.
Por estas acciones, las cuales se ciñen al marco legal presumiblemente vigente en nuestro país, los maestros de la Coordinadora no sólo han sido reprimidos, también han sido difamados y amenazados.
En la petición que les hicimos a los organismos nacional e internacional, subrayamos:
El artículo 9 de la Constitución Política de México garantiza el derecho humano a la libertad de reunión y expresión de las ideas dentro de los cauces legales. Así han sido los métodos de protesta del magisterio agrupado en la cnte, a pesar de las sistemáticas provocaciones y agresiones de las fuerzas armadas federales y locales.
También les recordamos que los artículos 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos suscritos por el Estado mexicano, garantizan y obligan a los estados firmantes a respetar al ejercicio del derecho político a la libertad de reunión.
Al licenciado Raúl González Pérez, titular de la cndh, le pedimos una pronta investigación de los hechos. Y le manifestamos nuestra disponibilidad de coadyuvar en la investigación. También le advertimos que depende de la cndh, y en especial del informe que presente sobre Nochixtlán, que los ciudadanos mejoren su percepción sobre las instituciones, porque desconfían cada vez más del gobierno y de los funcionarios.
Por eso le demandamos a la cndhno postergar la investigación, para que el gobierno reconozca su responsabilidad y se castigue a los asesinos y a quienes ordenaron disparar en contra de una población inerme. Porque la sociedad exige conocer quien ordenó llevar a cabo la matanza.
Nosotros, como representantes populares, vigilaremos el desarrollo de las indagaciones con la intención de que se procure justicia, única manera de evitar la repetición de hechos represivos, que conducirían a México al callejón sin salida de una autocracia.