Opinión

Civilidad democrática

El panorama electoral no puede ser más que de preocupación | Marco Adame

  • 08/02/2018
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En 2018 habrá 18 procesos electorales en 11 países de América Latina, tal cantidad de elecciones marcará el presente y el futuro democrático de la región, en especial por lo que suceda en países emblemáticos por su dimensión o implicaciones geopolíticas como Brasil, Colombia y México. El desempeño de los procesos y la legitimidad de los resultados electorales tendrán implicaciones directas para el desarrollo social, la gobernabilidad y el crecimiento económico de cada país.

Por lo mismo, es indispensable garantizar la calidad democrática de las elecciones y el predominio de las buenas prácticas, no solo para asegurar la legitimidad de origen de cada uno de los gobiernos sino también para ampliar el margen de maniobra y la legitimidad de las autoridades al momento de impulsar políticas y cambios que contribuyan a fortalecer el sistema democrático y los bienes públicos en beneficio de la población.

Lo anterior no sería necesario enfatizarlo, a no ser por el clima de malestar social y el deterioro democrático ante la prevalencia de malas prácticas electorales y el crecimiento exponencial de la corrupción, la impunidad y la creciente desigualdad que lastiman a la sociedad a lo largo y ancho del sub-continente.

Ante tales males y la innegable oportunidad de cambios que representan las elecciones, es importante que salgan adelante las posiciones que demuestren la visión más clara, el mayor compromiso y la capacidad para transformar estas realidades indignantes.

Esto no es solo un buen deseo sino una necesidad que alcanza rango de sobrevivencia, sobre todo en la medida en que proliferen prácticas antidemocráticas y posiciones populistas –verdaderas aventuras políticas y puertas falsas de solución– que agravarían la situación, lo que llevaría al límite la capacidad de resistencia social, el riesgo de violencia y la ruptura del orden institucional.

Violencia y desigualdad

En el caso de México, los principales indicadores confirman la crisis que padecemos: en homicidios dolosos hemos alcanzado las cifras más altas de la historia y el asesinato de periodistas, sacerdotes y líderes políticos enrarece el clima antes de las elecciones. Las denuncias de corrupción, los delitos de alto impacto así como los del fuero común, con los males sociales que traen aparejados, se multiplican y la impunidad campea a todos los niveles. Así lo refleja el Índice Global de Impunidad 2017 de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que ubica a México como el cuarto país del mundo con mayor impunidad (lugar 66 de 193 estados miembros de Naciones Unidas), por debajo de países como Filipinas, India y Camerún y ocupa el primer lugar en América. En cuanto a desigualdad social, entre los países de la OCDE México alcanzó el nada honroso segundo lugar con mayor desigualdad de ingresos entre sus habitantes más ricos y más pobres en 2016.

Si a esto agregamos la multiplicación de las prácticas antidemocráticas, advertidas en las últimas elecciones estatales y denunciadas ante los organismos nacionales e internacionales por las fuerzas políticas de la oposición, el panorama no puede ser más que de preocupación por la calidad democrática de las elecciones de julio de 2018.

Corrupción, impunidad, desigualdad social y prácticas antidemocráticas representan una combinación de factores explosiva que ponen en riesgo a nuestro sistema democrático, lo que debe alertar a todos y ser advertido en el país y ante la comunidad internacional a fin de acotar el riesgo de inestabilidad y desbordamiento social.

En bien del país y en prevención de grandes males, es indispensable que durante el periodo de intercampañas –antes del inicio formal de las campañas– se instalen y multipliquen instancias de diálogo y se impulsen los acuerdos necesarios entre las autoridades, las fuerzas políticas y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la buena marcha del proceso electoral y el respeto a la voluntad ciudadana. Un acuerdo de civilidad que comprometa la voluntad de todos los actores a favor de la paz y la justicia y que garantice el libre ejercicio de las libertades sociales y políticas en las próximas elecciones.

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@MarcoAdame | @OpinionLSR | @lasillarota

 

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