Los recientes problemas al interior de Concamin y Concanaco pusieron en la mira a los organismos cúpula del sector privado. La crisis institucional que enfrentan llevó a varios legisladores a frotarse las manos y no descartar la posibilidad de promover una nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones que incluya un mayor control gubernamental.
La grave fractura en Concanaco llevó a la salida de por lo menos 40 Cámaras de comercio locales y la creación del Consejo Empresarial de México (CEM) que encabezaría el regiomontano Juan Carlos Pérez Góngora, quien es presidente de la Canaco Monterrey.
De entrada, se acusa a la dirigencia de la Concanaco de diversas irregularidades en el manejo de poco más de 200 millones de pesos procedentes del Instituto Nacional del Emprendedor y cuyo objetivo era apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio. Nos cuentan que las pruebas de los presuntos malos manejos ya se presentaron ante la Fiscalía General de la República.
Pero la Concanaco no es el único organismo con problemas. La Concamin enfrenta una división y cuestionamientos a sus representantes sobre la forma de defender los intereses del gremio, así como una intromisión indebida que se tomó en marzo para ampliar el plazo del presidente del organismo Francisco Cervantes por seis meses más.
También se le imputan irregularidades en el manejo de contratos para su beneficio personal. Según documentos que se enviarán a la Secretaría de Economía y al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se tiene registro de que el presidente del organismo que agrupa a los industriales favoreció a familiares a través de un convenio de apoyo administrativo entre el IMSS y la Concamin. Según consta en documentos, entre 2019 y 2020 se registró a Francisco Cervantes Palacios con un salario que asciende a 90 mil pesos brutos.
Lo cierto es que la efervescencia en el interior de estos organismos, así como el fuego cruzado entre sus integrantes dará mucho de qué hablar en las siguientes semanas.
Alarma propuesta eléctrica
La reforma eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador alarmó a especialistas y a inversionistas nacionales y extranjeros.
Nos detallan que los recursos comprometidos en manos de privados que estarían en juego ascienden a por lo menos 40 mil millones de dólares, por lo que en caso de que se concrete la propuesta presidencial, el gobierno federal tendría que pagar ese monto por concepto de indemnizaciones a las empresas nacionales y extranjeras afectadas.
Y la pregunta que todos se hacen es ¿para qué se firmó el T-MEC si se pretendía aplicar una política retroactiva y hasta expropiatoria de la industria eléctrica?
Por lo pronto, la aprobación de la propuesta de reforma requiere que dos terceras partes de ambas Cámaras voten a favor y la conformación actual posiciona a la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México con 55.4% de los diputados y 57.8% de los senadores.
De manera casi inmediata legisladores del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra de la propuesta, sin embargo, y para la sorpresa de muchos, el PRI anunció que revisaría los alcances. Esta posición generó suspicacias sobre un posible pacto previo para avalar la iniciativa entre el PRI y Morena.
Uno de los puntos que más preocupan es que la contrarreforma favorece el marco normativo de la CFE, en perjuicio del resto de los competidores, muchos formados a partir de inversión extranjera provenientes de contrapartes comerciales dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de otros acuerdos comerciales.
Sólo en lo que compete al T-MEC la iniciativa se contrapone a los capítulos 14 que se refiere a Inversión y al 21 que tiene que ver con políticas de Competencia.
Nos adelantan que los inversionistas nacionales y extranjeros no se quedarán con los brazos cruzados por lo que se espera un enérgico llamado de los altos círculos del poder de Estados Unidos, no sólo para defender los intereses de sus empresas sino por aspectos ambientales.
Así las cosas...