El 12 de febrero de hace un año, los empresarios más importantes del país aceptaron cenar con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Les ofrecieron tamales de chipilín y chocolate tabasqueño que pagaron a un precio muy alto.
Además de pedirles su apoyo con millones de pesos para la compra de boletos para la rifa del avión presidencial, esa reunión marcó un parteaguas en la relación con los empresarios: el gobierno se encargó de enviar las suficientes señales de su poder absoluto y medir el nivel de subordinación del sector privado.
Hay quienes aseguran que en ese encuentro, los empresarios perdieron mucho más que dinero.
Un año después, el sector privado está sumido en una grave crisis económica, sin apoyos del gobierno federal, con posibles reformas laborales que nos les favorecerán y ante la amenaza de revertir contratos con inversionistas nacionales y extranjeros en el sector eléctrico.
Pero eso no es todo: como en gobiernos anteriores, el presidente López Obrador busca tener una participación en la elección para la nueva dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en junio próximo.
Todo apunta a que el mandatario apostará por Fracisco Cervantes, actual presidente de la Concamin, sin embargo, también podrían dar la pelea Manuel López Campos, presidente de la Concanaco y Bosco de la Vega, ex presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y quien se perfila como el favorito.
Ante el escenario actual, no se descarta un cisma al interior de la cúpula del sector privado, ya que algunos no estarían de acuerdo en que desde palacio Nacional se decida la elección.
Pero en tanto se define ese proceso, la iniciativa privada insistirá en una propuesta para comercializar las vacunas contra el covid-19. La buena noticia es que no quitarán el dedo del renglón y ya iniciaron pláticas con las distintas farmacéuticas; la mala noticia es que el gobierno no ve con buenos ojos esa posibilidad y hasta el momento, los suministros estarán sólo en manos del sector público.
Pemex en la lona
La grave situación de Pemex mantiene en alerta roja a los analistas, quienes anticipan que el rescate de la paraestatal implicaría un costo de entre 10 y 12 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Para sanearla, nos cuentan, será necesario separar el segmento de exploraciòn -que es lo único que se podría salvar- y vender lo que ya está obsoleto.
Nos cuentan que hasta el momento, el gobierno federal no tiene un plan congruente para salvar a Pemex, por lo que retrasar su saneamiento podría generar, además de la degradación del grado de inversión, una grave crisis de fin de sexenio.
Así las cosas…