1.- ¿Hará Peña Nieto cambios en su equipo? Sí. La mitología que acompaña al mandatario lo describe como un político no inclinado a realizar ajustes, especialmente en tiempos de tormenta. Pero también está documentado su olfato intuitivo. En un contexto económico complejo y de frente a un año electoral, el gabinete presidencial tendrá ajustes bajo dos vectores que se entrecruzarán: corregir parte de lo que no ha funcionado y formar una bancada sólida en Diputados para la próxima legislatura, en la que estará en juego el legado reformista del Presidente.
Los nombres para los cambios ya están a la vista en documentos del equipo en Los Pinos, más allá de los comederos políticos: La salida de Rosario Robles en Sedesol; de Enrique Martínez y Martínez en Sagarpa. La postulación para diputados federales plurinominales de, entre otros, Sebastián Lerdo de Tejada (ISSSTE), de César Camacho (PRI) y si no hay cambios de última hora, de Aurelio Nuño (oficina de la Presidencia), para dar solidez a la bancada tricolor en San Lázaro.
Hasta las primeras horas de este año seguía habiendo indicios serios de una despedida para el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, y para el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, más por un hartazgo personal con el actual orden de cosas que por una expresa voluntad presidencial. Para bien o para mal del actual gobierno, no hay señal alguna con carácter de seriedad, sobre un relevo en las secretarías de Hacienda (donde despacha el Número 2 de la administración, Luis Videgaray), o de Gobernación, donde se mantendría al frente Miguel Ángel Osorio Chong.
2.- ¿Habrá avances en los casos de Ayotzinapa, protestas sociales y la inseguridad? No. Se trata sin duda del mayor enigma del gobierno Peña Nieto, que en sus primeros 20 meses logró reformas estancadas por 20 años, lo que llevó a que el mexiquense recibiera la designación de “estadista del año” en Nueva York, a finales de septiembre pasado. Justo unos días antes de la tragedia de Iguala que desnudó a un establishment que había decido suprimir de la agenda política los asuntos de violencia. El liderazgo político y la credibilidad del Presidente entraron en una crisis que ya se asomó al atorarse en el Congreso sus propuestas “urgentes” en materia de mando único en los estados y desaparición de poderes en ayuntamientos ligado al crimen. La información disponible apunta en el sentido de que el equipo de Los Pinos decidió retomar la apuesta de impulsar “la nueva agenda” que arrancó con el sexenio, para ir diluyendo el debate sobre crimen organizado e inseguridad. Una de las señales se explica en el siguiente punto.
3.- ¿Tendremos nuevas reglas para combatir la corrupción pública de fondo? No. El Congreso vivió el fin de año un caso de esquizofrenia política luego de que el PAN presentó una propuesta de Sistema Nacional Anticorrupción que contó desde un principio con la bendición del PRI y de Los Pinos. Tras los escándalos por la “Casa Blanca”, la residencia de Luis Videgaray y las fortunas y despilfarros de gobernadores y líderes sindicales, la directriz sobre priístas y verdes fue dar marcha atrás. El gobierno no sólo cubre sus espaldas y las de sus aliados: reacciona ante lo que entiende como una conspiración con extensiones nacionales e internacionales que en el otoño pasado llegó al grado de apostar por la renuncia de Peña Nieto y la convocatoria de nuevas elecciones. La crisis cohesionó a muchos, incluso a voces dentro del Congreso de la Unión, sin duda el poder del Estado mexicano más opaco en el manejo de sus propios dineros. Al mismo carro de la cerrazón se subirán políticos con ligas con el crimen organizado que temían una cruzada para depurar al sistema. Esto impactará en el siguiente tema.
4.- ¿Supondrá avances el nuevo sistema electoral aprobado en 2014? No. La reforma que dio origen al INE atrajo ya un consenso abrumador: urge hacer una nueva reforma. Las atribuciones asignadas al organismo desbordarán sus capacidades operativas y económicas, a lo que se sumarán las presiones y sabotajes de gobernadores que ven limitado su margen de discrecionalidad para controlar elecciones. Muchas entidades, el DF incluido, tienen leyes en la materia con implicaciones diferentes y aun contrapuesta a la norma federal. La fiscalización en los gastos de campaña será imposible de cumplir tanto por parte de los candidatos, los partidos e incluso la autoridad. El “reino del spot” en los medios electrónicos no disminuirá, antes al contrario, lo que irá en demérito del debate público. Los candidatos seguirán siendo postulados a espaldas de la sociedad, lo que abre la puerta al dinero sucio. En conjunto, la previsión no puede ser hacia una mayor concurrencia ciudadana a las urnas, sino al revés.
5.- ¿Se puede depositar confianza en los partidos de oposición frente al panorama adverso? No. Resulta una paradoja, o quizá no tanto, que el periodo de mayor concertación política para impulsar reformas haya sido también el de mayor crisis interna, mediocridad y con alarmantes signos de corrupción en la cúpula de los partidos de oposición. Cada vez se acumulan más evidencias de que los políticos “opositores” que participaron en el Pacto por México surgieron de esa etapa con crecientes negocios personales, o multiplicaron los que ya tenían. PAN y PRD lidian con una pugna interna en la que todas las partes buscan el cobijo del gobierno para triunfar en la reyerta por posiciones y, otra vez, por el manejo de los dineros. La figura de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del DF y del que se esperaba un liderazgo de izquierda moderna, se sigue desdibujando. Es inevitable conceder que todo ello beneficiará a Andrés Manuel López Obrador y a Morena, que trabajan en una nueva imagen, difícil de imaginar tras 14 años de muchas protestas e imprecaciones y de muy pocas propuestas sensatas.