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Cinco desafíos para los abogados del siglo XXI

Por: Miguel Carbonell.

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Escrito en OPINIÓN el

Es probable que nunca antes en la historia de México haya sido tan interesante ejercer la profesión de abogado. Estamos ante un momento de grandes transformaciones jurídicas que exigen a los juristas profundos cambios en la manera de estudiar, interpretar, argumentar y resolver problemas legales.

 

Veo al menos cinco áreas de oportunidad que suponen retos relevantes para los profesionales del derecho y que se tienen que encarar en el corto plazo:

 

1. El desafío de la actualización.

 

Por un lado, el ordenamiento jurídico mexicano ha cambiado a gran velocidad y de manera muy profunda en los últimos años. Recordemos las grandes reformas en materia de derechos humanos, amparo, juicios orales en materia penal, energética, telecomunicaciones, competencia económica, financiera, laboral, etcétera que han venido a transformar el conjunto del sistema jurídico mexicano. Por otra parte, también los sectores más tradicionales del ordenamiento jurídico siguen teniendo reformas.

 

La Constitución es el mejor ejemplo; incluso para quienes son especialistas en derecho constitucional, es difícil seguir el paso de tantas modificaciones a nuestra Carta Magna, muchas de ellas de gran complejidad (complejidad que, por cierto, abarca también a los cada vez más prolijos artículos transitorios, como fue el caso de la reforma en materia energética).

 

Los abogados deben estar al día no solamente por lo que respecta a la Constitución y las normas de rango legal, sino también en materia jurisprudencial. Cada viernes la Suprema Corte de Justicia de la Nación añade al sistema IUS decenas de tesis jurisprudenciales dictadas por el Poder Judicial de la Federación que tocan un amplio abanico de temas que deben ser del conocimiento de los juristas. Por si eso fuera poco, junto a nuestra jurisprudencia interna hay que estar al tanto de lo que periódicamente va resolviendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos criterios jurisprudenciales –todos ellos- son obligatorios para las autoridades mexicanas en los distintos niveles de gobierno, de acuerdo a lo resuelto por nuestra Suprema Corte en el expediente de Contradicción de Tesis 293/2011.

 

2. La nueva influencia del derecho internacional.

 

En consonancia con lo que se acaba de decir, hay que recordar que hoy en día ya no basta con conocer nuestro ordenamiento jurídico interno, sino que debemos asomarnos también a lo que va sucediendo más allá de nuestras fronteras. Cada vez se citan con mayor frecuencia las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cada vez resulta más determinante conocer la forma en que se debe llevar a cabo el control de convencionalidad en muchas materias del derecho mexicano.

 

Los abogados que solamente conozcan sus normas jurídicas de origen nacional van a estar en franca desventaja respecto a aquellos que ejercen la profesión con el apoyo de la normativa internacional. Casos resueltos por la Corte Interamericana como el de “Rosendo Radilla” o el del “Campo Algodonero” ya forman parte de la cultura jurídica de miles de estudiantes de derecho de nuestro país.

 

En realidad lo que estamos observando es una difuminación de las fronteras entre derecho interno y derecho internacional. Cuando el artículo 1 de la Constitución señala, a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, que las personas que estén en el territorio nacional tienen todos los derechos humanos establecidos en la propia Carta Magna… y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, en realidad está “constitucionalizando” el derecho internacional (al menos en materia de derechos humanos) y conformando de esa manera una suerte de “bloque de constitucionalidad” en el que confluyen tanto normas de origen nacional como normas de origen internacional, sin que entre ellas pueda determinarse una relación de jerarquía (como acertadamente lo corrobora la ya citada CT 293/2011).

 

3. La irrupción de los métodos alternativos de solución de controversias.

 

Hasta hace muy poco los abogados entendían que la forma de resolver un problema era llevándolo ante un tribunal y litigándolo con todas las herramientas que permite la ley, sin importar que la solución se hallara a varios años de distancia. Hoy en día se imponen cada vez con mayor fuerza los modelos de gestión de problemas jurídicos orientados a encontrar soluciones rápidas y de bajo costo, en beneficio de los clientes.

 

En este contexto, el buen profesional del derecho no es el que todo lo quiere “judicializar”, sino el que sabe que siempre es mejor evitar un pleito y que se debe intentar una solución en un corto plazo de tiempo. Para lograrlo, los abogados deben desarrollar competencias de negociación a fin de llegar a acuerdos con sus contrapartes. No es algo que esté presente en muchas escuelas y facultades de derecho, pero hace mucha falta en la práctica profesional. Los planes de estudio deben contemplarlo.

 

En este punto resulta indispensable revisar el contenido de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014. Se trata de una legislación que viene a suministrarnos una visión completamente nueva en el tema de las salidas alternativas existentes dentro del procedimiento penal mexicano (las cuales por cierto ya estaban contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero de forma mucho más escueta). Vale la pena que los profesionales del derecho la conozcan y que, entre todos, ayudemos a difundirla.

 

Ahora bien, lo que resulta urgente es cambiar la mentalidad de muchos abogados, para que privilegien las vías alternativas al juicio y contribuyan a resolver de manera efectiva los problemas de sus clientes, en vez de complicarlos y alargarlos a través de estrategias procesales que no siempre son las mejores o las más adecuadas.

 

4. El impacto de la oralidad.

 

Los juicios orales también han venido a cambiar el rol de los abogados. Actualmente se requieren habilidades expresivas muy distintas a las que se exigían a los abogados en el pasado. La capacidad de expresión verbal y de una construcción argumentativa muy sólida es más relevante que nunca. El principio de oralidad se va abriendo paso cada vez en más ámbito del mundo jurídico; ya existe en materia penal, pero también en asuntos mercantiles en todo el país, y en temas familiares en varias entidades federativas.

 

Los abogados, en las audiencias orales, deben aprender a formular la llamada “teoría del caso”, a introducir las pruebas, a interrogar y contrainterrogar a testigos y peritos, a formular alegatos de apertura y de cierre, etcétera. No es una tarea sencilla pero se ha vuelto indispensable para la práctica jurídica.

 

Ayudaría mucho al buen desarrollo de los juicios orales que en la formación jurídica de los futuros abogados se contemplara algún curso de oratoria, combinada con técnicas de destrezas de litigación y (obviamente) con cursos muy prácticos de argumentación jurídica.

 

Las técnicas o destrezas de litigación buscan crear competencias y habilidades en los abogados para transmitir de forma eficiente y eficaz su mensaje al juzgador, a efecto de que pueda formarse una convicción favorable a los intereses de su representado. Una buena preparación en estas técnicas eleva considerablemente las posibilidades de tener un desempeño exitoso en un juicio.

 

Las escuelas y facultades de derecho deben hacerse cargo de su responsabilidad en este terreno, respecto a quienes todavía están en la carrera. Los que ya egresaron, deben buscar opciones de formación continua que les permitan adquirir tales capacidades y competencias.

 

5. Nuevas áreas de la práctica jurídica.

 

Un reto adicional para los profesionales del derecho consiste en saber desempeñarse correctamente en las nuevas áreas del derecho, que suelen estar reguladas por una normatividad extremadamente compleja. Hace unos años los abogados podían dedicarse en exclusiva a la asesoría y los litigios en materias muy tradicionales, como derecho penal, civil, laboral o administrativo. En la actualidad, los asuntos más interesantes se encuentran en áreas como competencia económica, telecomunicaciones, medio ambiente, derecho de la energía, prácticas comerciales internacionales, etcétera. Los abogados que no conozcan y dominen estas nuevas materias se verán muy relegados en la práctica.

 

A modo de conclusión.

 

Todo lo que acabo de decir supone un enorme conjunto de desafío para las nuevas generaciones de abogados. Ojalá que en su formación encuentren profesores que les expliquen con claridad los retos que deberán enfrentar en su práctica profesional y que los preparen para ser cada día mejores. Y ojalá que los abogados que ya están en la práctica profesional lo tomen en cuenta, a efecto de elevar la calidad de los servicios jurídicos que prestan. Un mejoramiento del trabajo de los abogados sería una excelente noticia para el país en su conjunto, pues abonaría de manera decisiva al esfuerzo de construcción del Estado de derecho que con tanta urgencia requiere México.

 

@MiguelCarbonell