La inseguridad es uno de los mayores problemas del país. De acuerdo con las cifras oficiales, junio de este año ha sido el mes con mayor número de homicidios dolosos desde 1997, año en que comienzan los registros. Asimismo, algunas organizaciones de la sociedad civil han señalado que es posible que el 2017 sea uno de los años más violentos de nuestra historia reciente. El aumento en las muertes no sólo responde al enfrentamiento de los carteles de droga con las fuerzas del Estado y a las luchas entre diferentes facciones criminales, también refleja un incremento en la pérdida de vidas entre la población en general.

Uno de los aspectos lamentables del contexto actual es que sabemos que la violencia aumenta, pero no podemos hacer un diagnóstico preciso de la situación. Las cifras oficiales no son confiables y, por lo tanto, no tenemos certeza de que el número de crímenes reportado corresponda con la realidad. Hay varios problemas con las estadísticas delictivas. Las cifras de homicidios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no coinciden, aunque deberían ser intercambiables. Además, la metodología que utiliza el primero para generar sus estadísticas no es clara. El secretariado toma sus datos de los reportes de las fiscalías estatales y, de acuerdo con México Evalúa, existe evidencia de que estas manipulan los datos. En ocasiones los delitos no son reportados y en otras son reclasificados como crímenes menores.

Es posible que esto se trate de simple error humano. Puede ser que algunas fiscalías no estén suficientemente capacitadas para reportar delitos. Sin embargo, no podemos descartar que existen incentivos para manipular cifras. Si un político corrompiera a las fiscalías, podría usar las estadísticas para su propio beneficio. Reducir el número de homicidios dolosos reportados le podría servir para mostrar que ha logrado avances en seguridad. Esta estrategia podría ser utilizada con propósitos electorales. Los políticos también podrían beneficiarse de inflar las cifras pues les permitiría solicitar mayor presupuesto a la federación.

También es posible que las fiscalías locales estén capturadas por el crimen organizado. La infiltración del crimen en la policía es un fenómeno que ocurre en todos los países del mundo. En México existen casos de complicidad con grupos criminales. En marzo de este año, Edgar Veytia, fiscal del estado de Nayarit, fue detenido en Estados Unidos por conspirar para distribuir drogas. En la Ciudad de México, el fiscal desconcentrado de Tláhuac fue destituido y se está investigando a policías por nexos con las redes locales de narcomenudeo. De la misma forma, en febrero de este año, el procurador de Michoacán declaró que había detectado 2 mil 400 criminales infiltrados en las actividades de procuración de justicia.

La manipulación de cifras delictivas, independientemente de su origen, tiene graves consecuencias. Sin datos confiables no es posible hacer un buen diagnóstico de la inseguridad en el país. Al distorsionar nuestra comprensión del problema, impide que podamos formular soluciones adecuadas. Además, las cifras manipuladas impiden la rendición de cuentas. No podemos afirmar que las medidas para combatir la inseguridad están dando resultados si el indicador que utilizamos para evaluar no es fidedigno.

El Secretariado y las fiscalías estatales deben modificar sus prácticas y generar estadísticas delictivas de la forma más transparente posible. Sin duda hoy es necesario que servidores públicos, académicos, integrantes de la sociedad civil organizada y la población en general exijamos y colaboremos para construir cifras confiables que nos permitan conocer el diagnóstico de la violencia en nuestro país. Esta colaboración será de vital importancia durante el 2018, cuando escuchemos las propuestas sobre seguridad de los candidatos a los diversos cargos de elección popular. Es necesario que hagan claro el proceso y posibilitar a la ciudadanía monitorear si las cifras están siendo manipuladas. Datos confiables también harán posible que las autoridades formulen mejores estrategias para combatir la inseguridad y rindan cuentas a la población. Hoy tenemos dos ejemplos de que es posible construir base de datos confiables de manera colaborativa: el Registro Público de Búsqueda y Localización de Personas Detenidas y el Registro Público de Personas Desaparecidas, ambas de Veracruz. Ese es el camino por el que debemos andar porque para construir comunidades seguras necesitamos cifras confiables. 

@joelsas

@INAImexico



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