El 16 de septiembre de 1916 un agente especial de Los Ángeles informó que David Goldbaum, representante de un sindicato chino de traficantes de opio en Ensenada había visitado al coronel Esteban Cantú, un militar gobernador de Baja California, para negociar los términos de la concesión del negocio del opio para fumar. El trato se cerró con 45 mil dólares y luego pagos mensuales por 10 mil dólares.
Corría el mes de octubre de 1942 cuando Enrique Ruiz Uranga fue detenido en la calle de Monterrey, en la Ciudad de México. Tenía en su poder cocaína. Se dijo adicto y que los 31 gramos fueron un regalo de un amigo. Su esposa era sobrina del general Rodrigo Quevedo, exgobernador de Chihuahua y jefe de la Primera Zona Militar en el Valle de México. Agentes mexicanos tenían documentado que el general Quevedo había hablado por teléfono por esos días con un coronel de apellido Mendizabal en Ciudad Juárez para avisarle que Ruiz iría a verlo con 25 kilos de morfina y cocaína para que se la entregara a dicho coronel, y el destino era un tugurio de esa ciudad fronteriza.
La leyenda del coronel Carlos I. Serrano cuenta que en 1947 fue cateado un antro en la capital del país donde hallaron droga y a la supuesta propietaria se le fincaron cargos, también, por prostitución. Ya en los separos refirió que el dueño del lugar era el coronel Serrano, a quien el presidente Miguel Alemán describió en sus memorias como uno de sus amigos. Finalmente, la mujer fue liberada y todo acabó ahí. La importancia de Serrano fue que, siendo consejero principal del presidente, fue el orquestador de la temible Dirección Federal de Seguridad. Un reporte entregado a Estados Unidos habla de su poder y que incluso provocó roces diplomáticos.
Luis Astorga cuenta estas historias en Drogas sin fronteras. Ahí agrega que “en cuanto al vínculo de figuras políticas de primer nivel con el tráfico de drogas, el embrollo diplomático generado por el caso del coronel Carlos I. Serrano y la Dirección Federal de Seguridad, parece haber marcado una pauta que sería respetada por los estadounidenses durante décadas, hasta 1985, año del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena”.
Justo en esa época de los años 80 se volvió a ventilar que un general secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, supuestamente estaba vinculado al tráfico de drogas, algo que en los hechos nunca se probó. Aunque hay versiones que aseguean vivió resguardado por altos mandos militares.
Una década después fue detenido el general Jesús Gutiérrez Rebollo. Fue el primer zar antidrogas de México en el sexenio de Ernesto Zedillo, pero el hijo del general, César Gutiérrez, sostiene que fue una venganza política porque el militar, hoy fallecido, tenía pruebas de nexos del narco con familiares de Zedillo.
El hijo del militar, abogado y con carrera en las fuerzas armadas, ha dicho que cuenta con audios que prueban cómo los Amezcua, entonces líderes del tráfico de metanfetaminas, estaban vinculados a cercanos al entonces presidente. Y que los dará a conocer como parte de un libro.
Ya en este siglo, en el sexenio de Vicente Fox se intentó enjuiciar militarmente a dos generales acusados de servir al narco, nada menos que a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, capo cuya muerte sigue siendo un misterio.
Humberto Quiros Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro comparecían con sus uniformes en un Consejo de Guerra en el Campo Militar Número 1. Fue interesante porque también hubo acceso a periodistas. Tras varios de días de careos, uno de ellos memorable con el famoso comandante Adrián Carrera Fuentes, daba la impresión que por los testimonios y careos serían exonerados. Pero no. Fueron sentenciados, aunque años más tarde ganaron la batalla en tribunales y les devolvieron todas sus condecoraciones.
Acosta Chaparro, señalado como uno de los fríos militares que formaron parte de los míticos “vuelos de la muerte” en la guerra sucia de los 70, donde se presumía que en aviones lanzaban al mar en Guerrero a guerrilleros, sufrió un atentado a balazos del que sobrevivió. Pero un segundo ataque tiros en la colonia Anáhuac de la Ciudad de México acabó con su vida.
En mayo de 2012, el general y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare fue detenido por presuntos nexos con el narco. Al final también echó por la borda las acusaciones. Otro general, Roberto Dawe, enfrentó acusaciones semejantes y logró probar su inocencia. Cuando Dawe pasó a retiro en 2015 quien encabezó la ceremonia fue Cienfuegos.
Por cierto, Tomás Ángeles Dauahare presidió el Consejo de Guerra que en 2002 sentenció por narcotráfico a Quiros y a Acosta Chaparro... luego exonerados.
A unos minutos de que el jueves 15 de octubre la periodista estadounidense Ginger Thompson revelara la detención de Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, un general que fue subalterno de Salvador Cienfuegos Zepeda calificó como “lamentable” la acusación del gobierno de Estados Unidos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto.
Lamentable es que sea la administración de Donald Trump quien está por probar cómo el general de división, el de más alto rango en la historia del país, someta a jueces a Cienfuegos Zepeda por narcotráfico.
A lo largo de la historia son innumerables los casos de altos mandos del Ejército señalados por presuntos nexos con el narco. Como se puede ver en este breve repaso, la mayoría termina exonerado.
Tres lecciones: Andrés Manuel López Obrador queda muy mal debido a que no se enteró que un militar de alto rango era investigado por Estados Unidos y que tuvieran que ser informados por el embajador Christopher Landau ante un hecho consumado. Mala señal por donde quiera que se le vea.
La segunda lección es que siempre salen bien librados de esas acusaciones. La diferencia es que ahora es el gobierno de Estados Unidos.
La tercera es que en esta ocasión el golpe al honor y al orgullo militar es histórico.
Lamentable todo.
Punto y aparte. Más militares y generales están en la mira. Y no sólo por narcotráfico.
Punto final. Omar García Harfuch gana terreno.