Basada en reportes de las organizaciones Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas, la encuestadora Enkoll dio a conocer en septiembre pasado que con 142 periodistas asesinados en los últimos 21 años, México es el tercer país más peligroso para el ejercicio del periodismo, a nivel internacional.
Más riesgosos que México para los periodistas son Irak y Siria, pero estos dos países están en situación de guerra.
Desafortunadamente para las y los mexicanos, las circunstancias de peligro para quienes se dedican a la noble tarea de informar a la población se deben sobre todo al avance sostenido de la delincuencia organizada.
Cada vez más regiones del país son controladas por bandas y sicarios que además de mantener un régimen de muertes y miedo, no dudan en ejercer la violencia en contra de quienes opinan sobre sus actividades delincuenciales. Aplican la censura con balas.
La ciudadanía se entera cada día de agresiones en contra de periodistas, de desapariciones, de asesinatos para acallar las voces que denuncian lo que sucede con la seguridad, o debiera decir inseguridad en esas zonas que poco a poco se han convertido prácticamente en narco-estados.
Lo que se esperaría entonces de las más altas autoridades es un firme respaldo a las mujeres y los hombres que se dedican al periodismo, y con ellas y ellos proteger a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a ser informada.
Sin embargo, lo que ocurre es que cada mañana, desde la tribuna presidencial, el primer mandatario mexicano se dedica a atacar, a denostar, a señalar a periodistas que critican sus decisiones con todo tipo de calificativos negativos.
A menudo estos señalamientos presidenciales son tomados por sus seguidores en las redes sociales como una señal de ataque, y llueven sobre las y los periodistas críticos insultos y amenazas que ponen en riesgo su integridad física y patrimonial.
Desde luego que esta actitud del presidente de México dista mucho de ser la adecuada, y desde luego contribuye a abanicar al fuego de la intolerancia y el encono social, pero sobre todo pone a las y los periodistas en la mira de personas que, movidas por el odio, podrían agredir.
Esta semana vimos el más reciente de los exabruptos presidenciales, al calificar de “conservadora” a la periodista Carmen Aristegui y al denostar al semanario Proceso por el simple hecho de hacer lo que saben hacer: periodismo.
En efecto, como parte de una colaboración auspiciada por la plataforma CONECTAS, fue publicado el reportaje “Sembrando Vida y la Fábrica de Chocolates”, que da cuenta de las irregularidades en ese programa estrella del gobierno federal y su vinculación en Tabasco con el negocio chocolatero de los hijos del presidente.
Asimismo, la pieza periodística desvela la relación entre el programa, la familia presidencial y el empresario exportador de cacao Hugo Chávez Ayala, quien ha asesorado a la empresa de los hermanos López Beltrán y aparece en distintos momentos en el procesos de cultivo de cacao en Tabasco.
El reportaje está documentado, las y los periodistas que trabajaron en él durante meses hicieron su tarea apegados a principios de seriedad y objetividad, incluso han salido a defender su reportaje ante los embates presidenciales.
Se entiende que una revelación como la que se muestra en el reportaje incomode y moleste a los protagonistas, pero no por ello el presidente de México tiene el derecho a descargar su ira sobre periodista alguno. Es la libertad de expresión que tanto defendió él mismo antes de llegar al poder.
El trabajo de la prensa es revisar al poder, no aplaudirle. Así es y así debe ser.