Chiapas en situación de desastre

El próximo ocho de diciembre, Manuel Velasco Coello concluirá su ilegal estancia como gobernador provisional del estado de Chiapas, luego de que la anterior legislatura local aceptara modificar la constitución del estado para permitir su regreso.

Asimismo, gracias a la inconstitucional licencia concedida por la LXIV Legislatura, Manuel Velasco Coello regresará a ocupar su curul en el Senado de la República, con los privilegios que ello conlleva, incluyendo el fuero constitucional, que impide que sea juzgado, a menos que el Congreso federal diera entrada a un juicio político en su contra, hecho que resulta improbable, dada la cercanía del chiapaneco con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Chiapas

Velasco Coello deja a Chiapas en un verdadero desastre. Cifras de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) refieren que ese estado ha ocupado el último lugar de las 32 entidades federativas en cuanto a la esperanza de vida desde el año 2015, lo que implica que regresó al sitio que tenía en 1950. Chiapas también se encuentra en el primer lugar en mortalidad materna; en 2017 registró 68 casos.

La deuda pública del estado de Chiapas asciende a más de 20 mil millones de pesos (983 millones de dólares), mientras que, según el Coneval, el 77.1 por ciento de los habitantes del estado se encuentran en situación de pobreza, de los cuales, 28.1 por ciento está en situación de pobreza extrema.

Por si fuera poco, el gobierno de Manuel Velasco dejó de pagar a las empresas inmobiliarias con las que los trabajadores de la Secretaría de Salud adquirieron vivienda de interés social, por lo que podrían perder su patrimonio. Casi un centenar de trabajadores han recibido notificaciones de embargo.

En 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó de gastos no comprobados en las secretarías de Salud y Educación estatales del orden de los 2 mil 934.6 millones de pesos, mientras que prevalece el desabasto de medicamentos en clínicas y hospitales del estado.

El enojo de los chiapanecos ha comenzado a expresarse de manera consistente. Durante el sexto informe de gobierno de Velasco Coello, normalistas, trabajadores de la salud e indígenas desplazados se manifestaron afuera del Congreso estatal y fueron reprimidos con gases lacrimógenos, a pesar de la presencia de niños.

Situación de desastre

La nueva administración estatal, que será presidida por Rutilio Escandón Cadenas, va a enfrentar el desafío de investigar la corrupción que aquél le hereda. Como ex integrante del Poder Judicial, Rutilio Escandón sabe que podría caer en conflicto de interés, si desde su posición como gobernador utiliza su influencia en el Poder Judicial para incidir en las resoluciones de los jueces que eventualmente conocerán de los casos de corrupción del gobierno de Velasco Coello.

El escenario no es halagüeño en razón de la cercanía entre ambos, además de que en el Senado lograron colocar —con el visto bueno de López Obrador— a Eduardo Ramírez Aguilar, quien hizo su carrera política y su riqueza a la sombra de Velasco Coello, a partir de los contratos que su empresa recibió por parte del gobierno del estado y de varios ayuntamientos.

Aunque se desconocen los montos de los recursos erogados en materia de comunicación social, el tendencioso tratamiento informativo de los medios de comunicación locales, así como las estrategias de manejo de imagen de Velasco Coello en redes sociales suponen el uso de importantes cantidades de dinero en el mantenimiento de una imagen que ha comenzado a desmoronarse ante las evidencias del tamaño de la rampante corrupción en que dejará al estado de Chiapas.

Deuda pública

El combate a la corrupción que tanto ha anunciado el ahora presidente de la República, debe comenzar por atender los reclamos de justicia de los chiapanecos, lo que implica la investigación y eventual sanción contra diversos servidores públicos del estado de Chiapas, entre quienes se encuentra, desde luego, Manuel Velasco Coello. El gobernador entrante debe también avocarse a la investigación de los hechos de corrupción de la administración que concluye.

La legitimidad de su gobierno depende, en buena medida, de la distancia que se atreva a poner respecto de su antecesor y de la atención que dé a los reclamos de los chiapanecos ofendidos por el dispendio y la corrupción de la administración de Manuel Velasco Coello.

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