La visita del Papa Francisco a Chiapas da pie a un breve recuento sobre transparencia, derecho a la información, rendición de cuentas y ejercicio del poder político en México.
El Jefe del Estado Vaticano ha pisado suelo convulso, agreste, marcado por un sin número de cuentas pendientes en materia de derechos humanos, de violencia, de uso y abuso del poder y, sobre todo, de nula rendición de cuentas y castigo de culpables.
El acumulado de esta penosa y grave agenda nacional se remonta a decenas, cientos de años de caos, contubernio y complacencia en todos los niveles del poder político dentro y fuera de Chiapas. Uno de sus momentos culminantes se da en enero de 1994, con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y toda la gama de acciones de respuesta represiva de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Pea Nieto.
Todos los mandatarios tienen responsabilidad en la aplicación y magnitud de las políticas de manejo y contención del fenómeno zapatista, de manera especial en lo concerniente a la respuesta policiaco-militar que ocasionó cientos de muertes y desapariciones de las que nunca se ha hablado y mucho menos se ha investigado a fondo.
En junio de 2003, la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) abrió vías para el inicio de una revisión de los hechos históricos en todas las áreas de la administración pública. Las agendas de la seguridad pública y defensa nacional aparecieron de inmediato como las más buscadas por periodistas y organizaciones civiles.
Chiapas y la guerrilla, Chiapas y el Ejército Mexicano, Chiapas y la respuesta federal fueron de los temas más buscados en las solicitudes de acceso a la información que buscaban conocer los detalles de un conflicto bélico interno, ahora desde la perspectiva oficial.
Pero el silencio oficial, basado en argumentaciones jurídicas, impuso la secrecía de todo tipo de datos y documentos relacionados con la Operación Arcoíris, la Fuerza de Tarea Arcoíris, el envío de miles de soldados a la zona de conflicto (cuántos y en qué sitios), la militarización de los municipios chiapanecos en donde surgió el levantamiento, la creación de nuevas zonas militares, de nuevas guarniciones y bases de operación, la relación del Ejército con el surgimiento de movimientos y grupos paramilitares antizapatistas, el involucramiento de mandos militares en la formación de grupos paramilitares, el entrenamiento de militares de élite en suelo chiapaneco para llevar a cabo misiones encubiertas contra líderes del EZLN.
La participación de asesores militares norteamericanos en el despliegue de tropas mexicanas en la zona de conflicto, el monto de los recursos aplicados en Chiapas para el despliegue de militares y marinos durante los meses y años más agudos tras el surgimiento del EZLN, las cifras reales de muertos y heridos militares y civiles durante los primeros días del conflicto y en los meses y años siguientes, así como la lista íntegra de mandos (Generales, Jefes, Oficiales y tropa) que participaron en los operativos de las distintas fuerzas que actuaron en Chiapas.
Ante estos cuestionamientos, la Sedena y el gobierno federal respondieron negando la información y reservándola durante 12 años, término que se cumplió en junio del año pasado. Hace unas semanas el Instituto Nacional de Acceso a la Información (antes IFAI) revisó y validó una solicitud en la que un ciudadano le requiere a la Sedena datos, cifras, documentos, acerca de su actuación en Chiapas antes, durante y después del levantamiento armado del EZLN.
Los plazos de reserva se cumplieron. El INAI le indicó a la Sedena que debe entregar versiones públicas de los temas y asuntos solicitados. El reto del gobierno peñista es el de actuar en consecuencia y mostrar una verdadera política de transparencia y rendición de cuentas que no deje dudas en cuanto a la tan traída y llevada evolución y modernización de las fuerzas armadas mexicanas, pregonada dentro y fuera del país por el general Salvador Cienfuegos y por el almirante Vidal Soberón.
No hay espacio ya para ocultar nada sobre Chiapas y la actuación del Ejército y la Marina en un teatro de operaciones plagado de excesos e irregularidades y en el que la rendición de cuentas ha sido inexistente. Los temas son vastos y variados y abarcan desde el despliegue militar hasta las deserciones de soldados y oficiales por motivos de conciencia tras haberse negado a cometer asesinatos, desapariciones y toda clase de excesos al amparo de la intervención militar para restablecer el orden interno.
Episodios como el del mercado y hospital de Ocosingo, en donde varios civiles e indígenas del EZLN aparecieron ejecutados, son una muestra de la deuda y del ocultamiento de datos que durante décadas ha permeado la relación entre las fuerzas armadas y los gobiernos federales en turno.
En abril de 1999 se conoció la historia del capitán Jesús Valles, quien formó parte de un batallón en la 30 Zona Militar con sede en Tabasco y que se negó a cumplir órdenes para ejecutar a civiles sospechosos de pertenecer simpatizar con el EZLN. El capitán fue enviado a varias zonas y cuarteles. Desertó a Chihuahua cuando le ordenaron integrarse de nuevo a una fuerza de choque que viajaría a Chiapas para eliminar zapatistas.
Huyó del país junto con su esposa y pidió asilo político tras relatar los procedimientos de exterminio ordenados por diversos mandos. Valles estaba bajo las órdenes del general Luis Humberto López Portillo, entonces comandante de la 30 ZM y quien, de acuerdo con el capitán, ordenaba no detener a sospechosos o zapatistas identificados, sino eliminarlos de inmediato. El caso del ex capitán Valles fue el primero de una lista no conocida de deserciones militares ocurridas en el contexto del alzamiento zapatista.
El militar desertor señalaba incluso a otros compañeros (el entonces Mayor Alberto Pérez Nava) como los responsables de la ejecución sumaria de cinco personas en el mercado de Ocosingo, tras una incursión del EZLN.
Diez años antes otro militar, el sargento Zacarías Osorio Cruz, desertaba hacia Canadá para relatar las ejecuciones que sus mandos le habían ordenado cumplir como parte de una escuadrón de la muerte, que entre los años sesenta y los años ochenta habría fusilado a entre 60 y 140 civiles en instalaciones militares.
En las próximas semanas veremos el alcance de lo indicado por el INAI a la Sedena y la capacidad de apertura y cumplimiento de ésta para abrir expedientes, partes de guerra, informes, radiogramas, fotos, planos, mapas y hojas de actuación de los mandos castrenses en Chiapas hace 16 años.
Pero, como ha ocurrido en otros casos, la Sedena podría entregar documentos censurados o mutilados e incluso alegar que ya no conserva los archivos de aquellos años porque, de acuerdo con la ley vigente, está obligada a destruirlos después de un periodo determinado.
Esto tiene que ser parte de la modernización militar. Lo otro sería un vulgar retroceso en todos sentidos, especialmente en la congruencia sobre el respeto a los derechos humanos.