Nos encontramos ya en un momento de efervescencia política con el inicio de las precampañas federales en donde los partidos políticos, con el uso de las facultades legales que les confiere la nueva normatividad electoral, han inundado con sus promocionales la radio y la televisión, entre golpeteos políticos, entre quejas de un lado hacia el otro; entre pronunciamientos y señalamientos, e impulsando una enorme presión al árbitro electoral: El recién estrenado Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, temo decirles que aún no hemos visto nada, nos faltan ni más ni menos el arranque de las “tan esperadas” campañas electorales en donde los actores de la competencia electoral bien pueden valerse de todas las formas y expresiones posibles para alcanzar su único objetivo: El poder político. Y no quiero meterme a teorías políticas porque no terminaría.
Ante este panorama, es necesario explicar las dos visiones opuestas entre político y ciudadano; claro sólo en muy contadas excepciones algunos políticos se salvan.
Ahora que estamos inmersos en pleno proceso electoral, los ciudadanos concentramos esperanzas sobre las ofertas, las propuestas y en general, sobre los beneficios que como ciudadanos obtendríamos en servicios, obra pública y más, por votar por tal o cual partido político o candidato. Pero por el otro lado, el de los políticos, la visión parecería en muchos casos, contraria a la acepción ciudadana; es decir, buscan una continuidad a su proyecto político más que un proyecto que arrope las demandas de la mayoría de los ciudadanos de determinada demarcación o urbe.
Cuando llegan las elecciones, los ciudadanos acudimos a votar a las urnas por algún partido político o candidato que mejor nos haya convencido de satisfacer, al menos, nuestras necesidades primarias y que se vuelven obligación para los políticos que ostentan un cargo público o como legisladores, deben procurar sentar las leyes y normas que hagan la convivencia social más armónica entre los habitantes de una ciudad, municipio, colonia o pueblo.
Pero cuando vamos a votar difícilmente pensamos en ese momento que probablemente votaremos por alguien que dejará el cargo prontamente, para aspirar a algún otro puesto. De entrada no hay nada de ilegal, lo malo es cuando se dejan cosas inconclusas; obras a medio terminar, malos servicios o nos encontramos en algunos casos con legisladores improductivos que no asistieron a determinadas sesiones, que no participaron activamente en comisiones o incluso, que no promovieron alguna iniciativa en beneficio de los ciudadanos.
Este factor que vemos elección tras elección merma la voluntad del elector de acudir a las urnas, ya sea porque se siente engañado, porque no haya visto tangencialmente obras o servicios, o inclusive, porque fue testigo de escándalos de algún político por el que votó.
La conclusión es que al final, vemos a muchos políticos que renuncian por varios factores; desde aquellos que legítimamente tienen aspiraciones para darle continuidad a un proyecto político en beneficio de una comunidad, hasta aquellos que pareciera que lo que menos les interesa es cumplirle a sus ciudadanos; hasta aquellos que perecería, según dicen algunos medios de comunicación, buscan tal cual chapulines (lamento el apodo de tan nobles animales), aspirar a algún cargo de elección popular, buscando la vía plurinominal (para no necesariamente hacer campaña) para ostentar un fuero ante posibles embates políticos o bien, hasta “complicaciones” jurídicas. Y con este escenario ni que decir de la tan aclamada reelección. Mejor ni hablemos de ella en esta ocasión.
Pero se me ocurre una propuesta en el imaginario ya que no puede ser de otra manera. Qué tal si se genera por instituciones de prestigio, universidades e institutos de Educación Superior y hasta con el apoyo de algunos organismos ciudadanos, establecer una especie de Indicadores Sociales de Gestión; que son una especie de medición cualitativa y cuantitativa, de los resultados de determinado servidor público o legislador, para medir su productividad.
Con ello y dependiendo de los resultados de instancias ajenas a la arena política, podrían dar el aval para que aspiren o no por algún otro cargo. El aval se daría, por supuesto, en correspondencia con el cumplimiento de metas y proyectos en torno al beneficio ciudadano. Pero lamentablemente esto no va a pasar, los cambios que de entrada tendrían que hacerse en la ley son muchos, pero además no creo que exista la voluntad política.
Así, que lo que estaremos viendo con el transcurrir de los días es ver como brincan de rama en rama, de arbusto a arbusto, cualquier cantidad de chapulines en busca de algún cargo sin importar incluso, si es por el mismo partido político al que militan actualmente o no.
Sin embargo, a los ciudadanos nos queda la decisión que hace temblar a los políticos; me refiero a la decisión de nuestro voto; por ello, es importante acudir y manifestarnos en las urnas por el partido o candidato de nuestra preferencia, pero asistir insisto, y no dejar que unos cuantos decidan por nosotros.
¡Ya veremos!