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Chantaje partidista vs legislación secundaria

Las últimas semanas han servido para evidenciar la ineficiencia del poder legislativo en nuestro país. Está por concluir el sexto mes del año, casi dos meses han pasado desde que concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y la legislación en materia energética sigue sin aprobarse

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Escrito en OPINIÓN el

El segundo periodo extraordinario se supone que se llevaría a cabo a finales de esta semana para aprobar las leyes secundarias en materia energética, recordemos que el primero se convocó a principios de mayo para la legislación político electoral. Los tres principales partidos no han podido procesar de forma exitosa un cuerpo normativo que, además de beneficiar al país, se aparte de los intereses político electorales de los grupos parlamentarios. Se han instalado mesas de negociación de diversas comisiones en el Senado. En estas mesas hemos presenciado inacabables debates respecto al proceso que debe seguirse para discutir las diversas propuestas en torno a esta reforma. Debates incabados que no han producido ningún resultado. Chantajes de los grupos parlamentarios para levantarse de la mesa a la menor provocación. Así, los dos principales partidos de oposición aducen diversas razones para retirarse de esa mesa y hacer interminables los debates en torno a ésta y otras reformas necesarias para el país, se negocian los votos en una materia con la condición de aprobar primero la que conviene a sus intereses.

La guerra de chantajes con la finalidad de no asumir los costos de una reforma necesaria para el país y, al mismo tiempo, capitalizar electoralmente los beneficios que arrojará en el largo plazo, están en juego. Los legisladores en nuestro país prefieren postergar la aprobación de las leyes secundarias que pondrán en marcha las reformas constitucionales que por tanto tiempo ha necesitado México con la finalidad de que el partido en el gobierno, el actual o el anterior, no obtenga los beneficios políticos y la mayoría electoral en las siguientes elecciones.

La legislación secundaria en materia político - electoral que fue publicada en el mes de mayo requiere, para que la reforma constitucional en esta materia cumpla sus objetivos, que se reformen las leyes electorales de las entidades federativas, entre otras cosas, para regular la reelección. Las atribuciones de los institutos electorales locales y su relación con la autoridad nacional electoral no están claramente definidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no armonizan su constitución y legislación electoral con la reforma constitucional y la legislación secundaria, enfrentaremos un contexto electoral riesgoso en las próximas elecciones. Resulta importante recordar que, de conformidad con el artículo 105 de la Constitución, las reformas electorales deben estar publicadas, a más tardar, noventa días antes del inicio del proceso electoral. De acuerdo con los transitorios de la legislación electoral publicada el mes pasado, el proceso electoral 2014-2015 dará inicio en octubre de este año. Un mes es el plazo con el que cuentan los poderes legislativos en los estados para aprobar las reformas que le den plena vigencia a la reforma constitucional en esta materia. El escenario de un contexto electoral complejo de cara a las elecciones en puerta está latente de no reformarse la legislación electoral en los estados.

Uno de los principales argumentos de la reforma constitucional en materia político electoral era los grandes costos que implicaban la democracia en nuestro país y las autoridades electorales, en su conjunto. De entrada, la reducción en los gastos que para nuestro país representa la democracia y sus instituciones, no se derivan de forma directa de la reforma constitucional ni de las leyes secundarias. El Instituto Nacional Electoral conservará sus órganos a nivel estatal, tal como estaba estructurado el extinto IFE. Los Organismos Públicos Locales coexistirán con los del INE en un escenario en el que cada uno operará y funcionará a partir de sus propias unidades y direcciones. La disminución de estructura y funcionarios electorales no se vislumbra en el corto plazo.

Por otra parte, la posibilidad de neutralizar o inhibir la injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo en las elecciones de las entidades federativas, tampoco ha sido exitoso. Exgir como requisito para contender por el cargo de consejer@ electoral ser originario o residir en la entidad federativa en la que se quiere obtener el cargo hace, necesariamente, que dichos funcionarios tengan relaciones, nexos y vínculos laborales con los actores políticos en esa entidad. Un funcionario electoral que tiene una carrera profesional en alguna institución electoral cuenta, casi de forma necesaria, con alguna de las relaciones apuntadas con diversos actores políticos. Quizá el requisito más importante, si es que además se establece como otro de los requerimientos un examen de conocimientos, es que los funcionarios no deben ser residentes de esa entidad federativa con la finalidad de romper el vínculo con los actores políticos en ese estado.

Los chantajes a los que recurren los grupos parlamentarios de diferentes partidos políticos para alargar y no aprobar la legislación secundaria necesaria para poner en marcha las reformas constitucionales son, en la mayoría de los casos, cuestiones que no entran al fondo de las figuras, regulación e implementación de estas reformas. El debate superficial de ideas y las negociaciones fuera del escrutinio ciudadano, son las que guían las discusiones parlamentarias en nuestro país.

Esperemos que antes de que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones, en el mes de septiembre, México cuente con la legislación secundaria en materia energética y de telecomunicaciones necesaria para dar plena vigencia a la reforma constitucional en estas materias, sin más razones que trabajar en beneficio de nuestro país. Entre más cerca se encuentre el inicio del proceso electoral, menores serán los incentivos de los partidos de oposición para aprobar la legislación que beneficie, en número de votos, al partido en el gobierno. La recomposición de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de los poderes ejecutivos en diversos estados y de los poderes legislativos en más de la mitad del país, es un fuerte inhibidor de la cooperación y la colaboración interpartidaria en el Congreso de la Unión.

 

@C_Humphrey_J