La obsesiva beligerancia de Donald Trump contra México va más allá de lo que se está haciendo para contener a los migrantes que buscan llegar a territorio estadounidense. El problema para Trump es que dos de las mayores promesas de campaña que lo llevaron a ser el 45º presidente de Estados Unidos están ahora en manos de los demócratas en el Congreso: la aprobación del renovado NAFTA y el financiamiento para la construcción del muro. En el contexto electoral estadounidense, esta falta de resultados afecta su candidatura para la presidencia en 2020.
Pero mientras Trump envía un calculado mensaje de estar dispuesto a destruir su propio mini auge económico al imponerle aranceles a México, López Obrador confía en el diálogo muy a pesar de que su homólogo estadounidense utiliza su agresividad contra México para anotarse puntos con su electorado.
Aunque se insista que las medidas de presión en el terreno comercial perjudican tanto a México como a Estados Unidos, es inútil negar que el comercio con Estados Unidos es el “talón de Aquiles” de la economía mexicana, pues tras el anuncio de Trump sobre la imposición de aranceles la bolsa mexicana de valores cayó más del 2% y el tipo de cambio peso-dólar cayó 56.30 centavos, lo que significa que en un día el peso perdió todo lo que había ganado en 2019.
Si bien México debe trabajar en la forma de reducir su dependencia del comercio con Estados Unidos, en estos momentos la administración de López Obrador tiene sólo seis días para persuadir a Trump de retirar su amenaza de imponer aranceles del 5% a las importaciones de productos mexicanos. Ante el escenario de una guerra comercial que nadie desea, lo más probable es que México deba ser más estricto para controlar el flujo de indocumentados que ingresan por la frontera con Guatemala.
Aunque las delegaciones de ambos países se reunirán mañana miércoles en Washington con el objetivo de desactivar la bomba de tiempo lanzada por Trump el jueves pasado, los detalles finos para echar a andar un acuerdo entre México y Estados Unidos seguramente girarán en torno a cómo México deberá hacer las cosas en materia de migratoria y qué plazos tendrá para satisfacer al inquilino de la Casa Blanca. Desafortunadamente, esto nos recuerda cuando los estadounidenses “certificaban” los resultados de algunos países en su lucha contra el narcotráfico, para determinar si les retiraban la asistencia bilateral y/o se les imponían sanciones comerciales.
En este contexto, no es extraño que Donald Trump evocara la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles a México por su falta de colaboración para detener a la migración indocumentada. No obstante, a diferencia del proceso de certificación de drogas, cuyas recomendaciones se enviaban al Congreso, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional permite al presidente declarar una emergencia nacional por cualquier amenaza desde el extranjero que él considere atenta contra la seguridad de Estados Unidos, y también le otorga la autoridad para imponer sanciones económicas a personas, entidades o países. En este caso, lo único que el presidente Donald Trump tendría que hacer es emitir una orden ejecutiva diciendo que la inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional y, de hacerlo, prácticamente no hay oportunidad para una valoración por parte del Congreso, en donde seguramente algunos representantes de los estados afectados por esta medida tendrían algo que decir.
Si bien la situación se vislumbra poco alentadora, es difícil imaginar la forma en la que el gobierno de López Obrador evadirá las exigencias de acción que reiteradamente ha demandado la administración Trump en materia migratoria. Probablemente esta presión se materializará en una hoja de ruta que implique un compromiso con plazos, acciones y resultados, que permitirá postergar la aplicación de los aranceles a nuestros productos.
Sin duda, en un esquema de certificación migratoria como el que podría perfilarse durante la negociación, los tiempos apremiarán a México para implementar medidas de seguridad más eficaces en su frontera sur. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin bien ahora parece estar acorralado, aún tiene la autoridad moral para insistir en que la única forma de contener la migración es invirtiendo en el desarrollo del sur de México y Centroamérica, así como en la aplicación de los marcos regulatorios nacionales y/o incluso bilaterales existentes, con la finalidad de evitar caer en la adopción de medidas que nuestro país critica abiertamente, como la militarización de la frontera.