Opinión

Cero discriminación

El Día de la Cero Discriminación busca contribuir a la creación de un movimiento global de solidaridad para acabar con cualquier forma de discriminación. | Leonardo Bastida

  • 02/03/2019
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En días pasados, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era discriminatorio que el Instituto Mexicano del Seguro Social exigiera la realización de una prueba de VIH al personal médico que se fuera a integrar a laborar a la plantilla de la institución de seguridad social.

El organismo consideró que la exigencia de dicha prueba implica la violación al derecho a la igualdad debido a que la situación podría propiciar que a una persona se le negara el empleo por su condición de salud. Sumado a que su aplicación no significa la protección al estado de salud de otras personas ni de las y los derechohabientes debido a que el o la interesada aún no son parte del personal del Instituto.

Por el contrario, la Corte cuestionó la medida y planteó que para lograr un verdadero cuidado de la salud del público usuario y personal médico, la prueba debería realizarse una vez que la persona fuera contratada, siempre y cuando, esta desempeñe su labor en algún área, cuyas actividades impliquen un riesgo de infección para otros integrantes del personal o el público usuario.

Ante estos escenarios, aún muy comunes, a pesar de que la evidencia científica ha arrojado que el VIH no se transmite si quien vive con él, lleva una correcta adherencia a sus medicamentos, pues logra reducir de manera sustancial los índices del virus en su sangre, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/sida (Onusida) ha promovido al 1 de marzo como el Día de la Cero Discriminación.

Esta efeméride busca contribuir a la creación de un movimiento global de solidaridad con el fin de acabar con cualquier forma de discriminación y recordar que todas las personas tienen el derecho a tener una vida plena y productiva y, a su vez, el derecho a vivirla con dignidad.

El lema de este año es “Movilízate para cambiar las leyes discriminatorias” y exhorta a modificar aquellas leyes que crean diferencias en el trato entre personas, lo cual genera la exclusión de servicios básicos o restricciones en la manera de vivir solamente por el hecho de ser ellas mismas. Además de negación de derechos humanos y libertades fundamentales.

En el caso de México, los pasados 21 y 22 de febrero, se reunió la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH, que agrupa a organizaciones de más de 20 estados de la República, con el objetivo de derogar aquellas legislaciones en materia civil, laboral, penal, u de otro corte, que impidan a las personas que viven con VIH gozar plenamente de sus derechos humanos.

Dicha Red, se encuentra en un proceso de revisión de las leyes mexicanas federales, estatales y municipales para identificar aquellas que perjudican y criminalizan directamente a las personas que viven con VIH.

Resultados preliminares de la investigación indican que 30 de los 32 códigos penales estatales vigentes sancionan la presunción de la transmisión del VIH a otra persona, a pesar de que no haya posibilidad científica de saberlo, pues no hay ninguna prueba que permita saber quien transmitió un virus a otro individuo.

También se observó que en varias entidades se niega la posibilidad de contraer matrimonio a este sector de la población, documentándose casos en Aguascalientes y Baja California, y que muchos bandos de policía y buen gobierno municipales siguen controlando a los trabajadores de los servicios de alimentos y bebidas con la realización de pruebas de VIH cada determinado período de tiempo.

En caso de salir positivos, se les niega la posibilidad de seguir trabajando en el rubro, a pesar de que comprueben tener un estado de salud óptimo y una carga viral indetectable, es decir, no hay posibilidad de que transmitan el virus.

Ese ha sido el caso de Javier y otros cuatro trabajadores en centros nocturnos de Coatzacoalcos, quienes son cocineros, meseros y boleteros, viven con VIH y las autoridades municipales les hostigan para que no trabajen en esos lugares bajo el pretexto de poder poner en peligro la salud de otras personas. A pesar de que están bajo tratamiento y han alcanzado la indetectabilidad, y sus actividades no implican contactos sexuales ni otras posibilidades de riesgo.

No sin la sociedad civil organizada

@leonardobastida  | @OpinionLSR | @lasillarota




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