Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en los dos sexenios anteriores a noviembre de 2018, el gobierno mexicano, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) condonó a grandes empresas-empresarios más de 400 mil millones de pesos. Cifra estratosférica que dejó de ingresar a las arcas nacionales y que, en parte, generó ese desajuste social que significa opulencia de unos cuantos, pobreza de muchos y la consecuente limitada política social-pública.
Por tanto, dice que aquello fue un abuso que tiene que terminar. Y manos a la obra, el 20 de mayo firmó un decreto por el que deja sin efecto las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. El mismo presidente calificó a estas condonaciones fiscales como un “huachicol de cuello blanco” para las finanzas:
“Se ha abusado y se va a eliminar (…) se trata de acabar con privilegios fiscales y hacer valer la Constitución en letra y espíritu porque todos tenemos que contribuir con el principio de progresividad. Tienen que contribuir más los que obtienen más ingresos, en este caso, muy al contrario, los de mero arriba en algunos casos, no pagaban impuestos o cuando pagaba se les devolvían, eso se terminó a partir del día de hoy”, concluyó.
Ningún mexicano con dos dedos de frente podría estar en desacuerdo con esta medida que era injusta a todas luces y que podría tener que ver con componendas entre gobierno-empresa, como también un motivo más de desajuste social en un país en el que más de sesenta millones de mexicanos son pobres y quince millones de los cuales están en plena miseria económica y de servicios públicos.
Apenas unos días antes se presume que el SAT ‘perdonó’ algo así como 5,730 millones de pesos a la constructora ICA del empresario Bernardo Quintana, aunque el compromiso de esta condonación la obtuvo el 16 de septiembre de 2018 luego de un litigio iniciado por la empresa…
Se presume también que el SAT perdonó impuestos a Corporación GEO que “el 18 de noviembre de 2018 se declaró insolvente y sin capacidad de generar o captar recursos suficientes para la construcción, desarrollo y operación comercial de bienes inmuebles.” El ‘indulto fiscal fue de 3,084 millones de pesos’…
Y así. Muchos casos en los que grandes empresas adquirían grandes condonaciones de impuestos generando así un desajuste fiscal y hacendario injusto. Así que lo decidido por el presidente está bien hasta la firma de ese decreto…
Pero sigue que se informe a la Nación si dejar sin efecto este tipo de condonaciones aplica para compromisos surgidos en sexenios anteriores, como podría ser el caso de ICA y GEO, o si a partir de ya se dejarán de incumplir dichos acuerdos previos a otras empresas y empresarios, o será que a partir de ahora se iniciará el “no” a las condonaciones…
Y sigue que, por ejemplo, saber qué se hará en el caso de los partidos políticos que reciben prerrogativas -que son recursos públicos- y que, aun así, adeudan al fisco cantidades exorbitantes.
Según un reporte del Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos tienen deudas de 406 millones 551 mil pesos que arrastran desde 2014, según revisión hecha durante 2017.
Según esto, al 31 de diciembre de ese año los nueve partidos nacionales que existían en ese momento adeudaban al SAT, IMSS e Infonavit por retención de ISR, cuotas de seguridad social y de vivienda de sus trabajadores de los consejos ejecutivos nacionales y de los consejos ejecutivos estatales. Si esto es así, ponen en riesgo los beneficios laborales de sus trabajadores. ¿Qué va a pasar con esta recaudación? ¿Por qué luego de estos años no se ha recuperado?
Pero en eso de las condonaciones hay sus queveres. Porque apenas hace unas semanas el presidente López Obrador supo del no pago autorizado para que habitantes de Tabasco dejaran de pagar adeudos por el servicio de luz de hasta por veinte años. Así que no pagarán, pero aun así, han declarado estas personas que no pagarán tampoco en adelante…
El tema es “cero condonaciones” de impuestos, pero también será conveniente que se recuperen los ingresos por servicios prestados en cualquier espacio social o individual de tal forma que las contribuciones a la hacienda nacional permitan contar con recursos indispensables para generar beneficios para todos en México: los de la seguridad pública y la salud, primero; la educación, la generación de empleos productivos y más, que podrían equilibrar la balanza social.
Está pendiente por conocerse hacia dónde se dirigirán estos ingresos con los que, a partir de ahora, se podrá contar en la Hacienda nacional, de tal forma que éstos se expresen en hechos concretos para el beneficio social.
Porque, por ejemplo, se sabe que los países altamente desarrollados en infraestructura social lo han conseguido porque el resultado de las contribuciones de sus ciudadanos y empresas se orienta a mejorar la vida de sus habitantes: todo está ahí, a la vista: garantías de salud de calidad, buena educación, transporte público impecable y todo lo que hace que el contribuyente lo sea con todas las obligaciones pero también con todos los derechos.
Durante su campaña y ya como presidente, López Obrador dijo que durante su gestión no haría “ninguna reforma fiscal”. Esta lo es. Y está bien. Si el presidente tiene que corregir errores, este es un buen principio.