Opinión

¿Censurar al presidente?

La libertad de informar debería establecer para los servidores públicos los mismos derechos y restricciones que tiene cualquier persona. | José Antonio Sosa Plata

  • 21/01/2021
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La difusión de propaganda gubernamental durante los procesos electorales sigue siendo motivo de debate y confrontación. El choque de opiniones se mantendrá hasta en tanto no se modifiquen las restricciones que establece la legislación vigente. Mientras esto no suceda, lo único cierto es que las conferencias de prensa se mantendrán como el eje principal de la estrategia de comunicación política del Gobierno de la República.

La diferencia de criterios que hay entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador va más allá del ámbito jurídico. Por un lado, porque el conflicto se está capitalizando políticamente. Por el otro, porque el tema contribuye a desviar la atención sobre la grave problemática que se enfrenta en este momento con la pandemia. En consecuencia, con las resoluciones que tomó la autoridad electoral la semana pasada no veremos cambios significativos en el modelo de comunicación vigente. 

En efecto. Seguirá la saturación de spots gubernamentales y de los partidos políticos en todos los medios. El bombardeo informativo que provocarán los miles de candidatos y candidatas durante el proceso no tendrá precedente. Y si a esta situación le sumamos los escándalos y guerras sucias que desde hace algunos meses se están gestando, es posible asegurar que en los tiempos de la llamada #4T tampoco seremos testigos de un cambio trascendente en las campañas electorales

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La historia de las restricciones de comunicación para los servidores públicos inició en 2007, luego de la controversia que se generó con el triunfo cerrado que obtuvo el presidente Felipe Calderón. Pero como el clima de desconfianza siguió, las reformas electorales de 2014 y 2015 conformaron un modelo que hoy es más cercano a la censura que a la búsqueda de la neutralidad o equidad

Como si en verdad hiciera falta, el Acuerdo aprobado por el INE el viernes pasado establece que el presidente de la República —y todas y todos los servidores públicos— no deben incidir en el voto ciudadano, por lo que no podrán hablar en sus intervenciones públicas en favor o en contra de las y los contendientes ni referirse a los temas electorales que puedan afectar la equidad, neutralidad y libertad con que deben conducirse las elecciones federales o locales.

Consulta: Define INE parámetros para resguardar la equidad de la contienda en los procesos electorales en curso. Central Electoral INE, 16 Enero 2021.

¿Acaso no estaba claro? Independientemente de lo que haya llevado a las y los consejeros a tomar esta decisión, el hecho de haber colocado el concepto de censura en el centro del debate será poco útil para fortalecer nuestra democracia. Y sí, por el contrario, podría resultar altamente rentable para quien o quienes puedan ser considerados como víctimas de dicha resolución. 

Si lo analizamos a fondo, las conferencias de prensa no representan hasta ahora ningún riesgo para el proceso electoral. Cierto es que la función que cumplen no solo es informativa. También es propagandística. Pero al margen de si el formato es el más conveniente o eficaz para la estrategia del presidente, también es verdad que —en democracia— la libertad de expresión debe ser un derecho universal, por lo que los límites aprobados internacionalmente tendrían que ser iguales para todas y todos.

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El simple hecho de que las conferencias no se están cuestionando —y pueden mantenerse todo el tiempo que se quiera— es suficiente para que el primer mandatario cumpla en forma más efectiva con los objetivos políticos y de comunicación que se propuso. Llegó la hora de que fortalezca aún más su imagen de estadista. Está demostrado que esta es la mejor manera de apoyar a un partido o a un movimiento político.  

Para lograr lo anterior, el presidente tendría que superar dos retos. Primero, corregir el desgaste que tiene el formato desde hace varios meses. Segundo, dejar la propaganda en manos de su partido y darle la mayor prioridad a reducir los impactos sociales de las diversas crisis que enfrenta el país. La información real y verificable de los resultados positivos que obtenga será su mejor carta de presentación.

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En cuanto a la controversia, todavía falta el pronunciamiento final de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Pero con su resolución tampoco se resolverá el problema de fondo que generó esta situación. A como están las cosas, cualesquiera que sea la decisión que tome el máximo tribunal, tendrá la doble interpretación de si es en favor o en contra del presidente de la República.

Aún más. El dilema que enfrenta nuestro país no está resuelto porque las limitaciones adicionales que tienen los servidores públicos están plasmadas en la ley. Por eso, hasta cierto punto, el debate resultará estéril. La razón es obvia porque la ley debe cumplirse. Y si las mañaneras tienen cualidades o características de propaganda gubernamental, pues el presidente no tendrá más opción que respetar los límites que marca el Acuerdo. 

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Para estar a la altura de otras democracias más avanzadas que la nuestra, se tendrá que promover una nueva reforma electoral. La experiencia de los últimos procesos obliga a corregir, antes de 2024, los problemas que están generando, entre otros, la sobrerregulación, la saturación propagandística y las limitaciones absurdas que se siguen imponiendo a la libertad de expresión.

Aunque lo más probable es que las elecciones 2021 no tendrán mayores cuestionamientos, pues el sistema electoral ha probado ser legítimo, confiable y certero, no debemos olvidar que hay varios temas que se deben corregir. Los cambios que se hicieron a la legislación electoral en años pasados ya cumplieron su función. Para seguir avanzando, hay que adaptarse. Nuestro país está preparado para tener un marco jurídico moderno, ligero, más equitativo y con mayores libertades. 

Recomendación editorial: Karolina M. Gilas. Sistema de comunicación política a partir de la reforma de 2014. México, TEPJF, 2016.

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