Miles de personas serán liberadas de las cárceles del país. Se calcula que no serán menos de 50 mil en un lapso de 18 meses. En el caso de la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera asentó que serán 11 mil personas las que serán puestas en libertad en solo un año.

Las razones de la salida de las personas que llevan su proceso penal en prisión obedecen, entre otros factores, a los beneficios que otorga el nuevo sistema de justicia penal acusatorio; enfrentan juicios por delitos no graves y en otros casos fueron sentenciadas a penas menores. La cuestión es que en el nuevo sistema, el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa es menor y por tanto no considera graves algunos de los delitos por los cuales están en prisión estas personas; por ello, podrán llevar su proceso penal en libertad o simplemente saldrán en libertad al darse por cumplidas sentencias menores.

En otras palabras, con base en lo que establece el sistema de justicia penal acusatorio, no habría una razón suficiente en términos jurídicos para que decenas de miles de personas continuaran en prisión preventiva oficiosa, porque los delitos que ayer cometieron, hoy no son graves y por tanto pueden atenerse a este sistema; lo mismo está ocurriendo en todas las entidades de nuestro país, lo cual genera diferentes líneas de tensión en los gobernantes, la opinión pública y los analistas del Derecho y del sistema de justicia.

Lo primero que habría de asentarse es que salvo excepciones, los gobernadores, los poderes judiciales y los poderes legislativos de las 32 entidades no han establecido o señalado un rechazo al sistema de justicia acusatorio, tampoco han señalado que debiera sustituirse por otro o realizar grandes cambios; en cambio, de manera generalizada, sí solicitan realizar ajustes al sistema para que sirva mejor al interés público de combatir la impunidad, reparar el daño y proteger al inocente. Al mismo tiempo, han solicitado disponer de márgenes de control y seguimiento de las personas liberadas, lo cual amerita reglas claras y recursos, por lo menos básicos, para realizar las tareas de prevención, disuasión y seguimiento.

En evidencia, una primera salida es exponer a los jueces que algunas de las personas que están en prisión no habrían de ser liberadas en función de que representen un peligro para las víctimas, para la sociedad o en su caso puedan evadirse de la acción de la justicia, sin embargo, el sistema es nuevo y solicitaría factores no previstos para presentarlos como argumentos que impidan esta liberación; asimismo, es claro que en otros casos, al no estar consideradas hoy las acciones que cometieron ayer como delitos graves, los jueces disponen de márgenes estrechos para extender el periodo de permanencia en las cárceles; debe decirse que existen casos donde definitivamente no se sostiene la prisión preventiva, estos son los de robo simple, de bajos montos y sin violencia.

Por ello, el jefe de gobierno señaló dos factores a ponderar en este proceso de liberaciones, uno es que de los once mil que serán liberados, aproximadamente 3 mil 500 cometieron el delito de robo con violencia y es que en efecto, el actual catálogo de delitos graves no considera el delito con violencia equiparada como causa de prisión preventiva oficiosa, por tanto, es central establecer un diálogo a fondo entre los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo para considerar vías transitables para que sean menores las externalidades negativas al todo colectivo; en esta tarea tienen un papel central las Unidades de Medidas Cautelares que desde su debido fortalecimiento son el medio para evitar que los más peligrosos y violentos salgan de prisión y a su vez esto demanda una masa de trabajo extraordinario para las fiscalías que habrían de aportar esos elementos para miles de casos en un lapso por demás breve, al seno de un sistema garantista donde la prisión es la excepción; así las cosas, el escenario se hace complejo para todos.

La complejidad del escenario no obedece solo a que estas personas salgan de las cárceles, pues sería prejuzgar que todas, o la mayoría, al salir, van a dedicarse a delinquir de nuevo, aunque por lo menos existe la probabilidad de que un porcentaje sí lo hará, el problema está en que: a) los niveles de homicidio doloso, robo a casa habitación, robo a transeúnte y robo a negocio con y sin violencia, así como el delito de lesiones dolosas, se incrementaron en más de la mitad de los estados del país en 2016; b) la portación de armas no es delito grave; c) las personas que cometen estos delitos hacen todo lo posible por no identificarse de manera fidedigna y no hay ley que los obligue; y d) los delitos que se cometen con uso de armas de fuego, sin utilizar las armas, no son graves; así las cosas, se registra lo que podría llamarse un estrés sistémico en el sistema de justicia.

A los factores antes señalados habría de agregarse que la ciudadanía aún no internaliza los valores, principios y métodos de trabajo del sistema de justicia penal y considera una evidencia de impunidad que quienes cometen un delito puedan llevar su proceso en libertad, son cien años de una cultura jurídica nacional asentada en las coordenadas de la cárcel como la penalidad por excelencia. Por otra parte, la frase "pagas y te vas" se está haciendo común entre quienes se dedican a delitos como robo sin violencia, robo a casa habitación sin violencia y hasta para quienes portan armas para robar en la vía pública, pues saben que si reconocen su responsabilidad y aceptan la reparación del daño en cuestión de horas estarán en libertad.

Mientras todo esto sucede, no existe a nivel nacional un programa de liberaciones específico para prevenir y disuadir la comisión de delitos, por tanto, la respuesta a esta problemática habría de ser integral, porque a todos alcanzan los problemas que registra el sistema de justicia; resulta estratégico que  las Unidades de Medidas Cautelares realicen un control sistematizado, así como una evaluación permanente y hacer eso reclama personal, equipamiento tecnológico, infraestructura y recursos operativos.

En esos términos lo importante radica en establecer cuántos de los que serán liberados en los próximos meses en todo el país son peligrosos, establecer una estrategia clara para concentrar esfuerzos en esos casos para evitar que puedan salir en libertad hasta donde la ley lo permita, dar puntual seguimiento a estas personas a través de otras medidas cautelares, trabajar bajo acciones puntuales de reinserción social y prever que todo esto implica recursos.

Tenemos un sistema de justicia de avanzada que ofrece una justicia más eficaz, predecible y pronta a la ciudadanía, ese sistema necesita ajustes para servir mejor al bien público que busca generar que es la justicia y es preciso evitar que el síndrome que acompañó al sistema anterior, que es el dogmatismo, se incruste en el nuevo, porque eso solo va a minar la confianza pública y la credibilidad en el sistema de justicia en su conjunto.

 

Jorge Alejandro Lumbreras Castro es Académico de la FCPyS - UNAM

jorgealumbrerascastro@gmail.com





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