En septiembre de 2014 publiqué un texto titulado “Un diálogo por la apertura”, en el que hice referencia a una mesa de trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde se presentó por primera vez una propuesta de Ley de Gobierno Abierto para la Ciudad de México.
El objetivo de la iniciativa era –fundamentalmente– avanzar hacia relación más horizontal entre sociedad y gobierno, mejorando la comunicación entre ambos y generando nuevas vías de colaboración. En la reunión surgieron importantes cuestionamientos sobre el concepto del Gobierno Abierto, reflexiones de fondo sobre el papel de la transparencia frente a la corrupción, e incluso la interrogante de si para construir una ciudad abierta es realmente necesaria una ley en la materia.
Quienes participamos tomamos nota de un gran cúmulo de sugerencias, observaciones e ideas. Sin embargo, el logro principal del evento fue que permitió que se iniciara una conversación que ha dado pie a un exitoso proceso de creación colaborativa entre actores de la sociedad civil, el Legislativo, el Ejecutivo y los órganos autónomos.
Por convocatoria de la Administración del Dr. Miguel Ángel Mancera, a través del Consejero Jurídico del Gobierno del Distrito Federal, Mtro. José Ramón Amieva, un equipo multidisciplinario, encabezado por la directora del Laboratorio para la Ciudad, Gabriella Gómez Mont, y el diputado local Cuauhtémoc Velasco, ha continuado con la elaboración de un documento que conjunte las visiones de la sociedad civil y de las distintas esferas gubernamentales.
El proyecto cuenta con las aportaciones de organizaciones y especialistas que han participado continuamente en su elaboración, así como con la visión y experiencia de instancias del Gobierno del Distrito Federal que han trabajado en la construcción de la Plataforma de Gobierno Abierto CDMX. Tal es el caso de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Contraloría General, y de la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor.
Además, el proceso se ha enriquecido con las perspectivas surgidas del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF). De la misma manera, el equipo del Mtro. José Ramón Amieva, con un profundo conocimiento de técnica legislativa, ha trabajado intensamente para que el documento sea consistente y sólido en su aspecto jurídico.
Naturalmente, como parte del proceso abierto y colaborativo que se ha logrado seguir, falta aún continuar recolectando tantos puntos de vista como sea posible, buscando que se construya una legislación que surja de la más amplia participación ciudadana. No obstante, el proceso ha sido ejemplar y probablemente el resultado sea uno de los documentos legislativos más innovadores que se hayan elaborado en la ciudad.
Para el Dr. Miguel Ángel Mancera, podría tratarse de un gran acierto que lo coloque como un gobernante a la vanguardia nacional e internacional en materia de apertura gubernamental, rebasando incluso al Gobierno Federal, que con grandes dificultades preside la “Alianza por el Gobierno Abierto”. En un momento histórico, donde la sociedad demanda una mayor incidencia en las actividades públicas, una Ley de Gobierno de la Ciudad de México puede establecer las bases para generar nuevos espacios de participación ciudadana, que amplíen efectivamente los Derechos Humanos de la población.
Más aún, este marco jurídico le podría permitir a la generación más joven y preparada que ha tenido la ciudad utilizar a su gobierno como una plataforma para la innovación, como sucede en otras grandes ciudades del mundo, como Londres y Nueva York, e intenta replicarse aquí a través de espacios como HackCDMX. Sin duda, las condiciones están dadas para dar este salto cuántico.