Los catalanes con derecho a voto, fueron convocados a celebrar este 1 de octubre un referéndum para decidir si Cataluña deja de ser una Comunidad Autónoma para convertirse en República, dando pasos concretos y determinantes para su separación de España.
Para estos efectos, los independentistas catalanes promulgaron las leyes de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y la de Referéndum, instrumentos legales que sientan las bases constituyentes de la nueva República de Cataluña.
Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy, quien ha dado muestras de su falta de capacidad negociadora y destreza política, (sólo basta recordar las enormes dificultades que enfrentó para lograr los escaños suficientes para que lo ungieran presidente en las elecciones generales pasada) optó por atacar jurídicamente la legitimidad de las leyes de consulta y fundación a través de un recurso jurídico contemplado en el artículo 161.2 de la Constitución de España, que prevé lo siguiente:
El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida…
Todo ello al encontrarse ante la disyuntiva de permitir o no la consulta popular de Cataluña, comprendiendo cabalmente que con o sin España, los catalanes van en serio.
La estrategia legal, preliminarmente, le dio resultado al gobierno central español cuando el Tribunal Constitucional resolvió el recurso interpuesto a favor de este, decretando la ilegalidad de la convocatoria realizada por la Generalitat (gobierno catalán) para votar vía referéndum la consulta independentista. Esta resolución, además, estuvo ampliamente apoyada por Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, quien afirmó que romper con España es romper con la Unión Europa, en tanto la medida atenta contra los principios rectores del tratado europeo.
Mientras tanto, el gobierno catalán anunció pese a las presiones políticas y los fallos judiciales en contra del referéndum, que la consulta se llevará a cabo este domingo, a la espera de que en la sesión parlamentaria del próximo miércoles, los independentistas anuncien el nacimiento de un nuevo Estado.
Ahora bien, en lo que respecta al derecho internacional en materia de la libre determinación de los pueblos, existe un cúmulo de premisas que no siempre son comprendidas e interpretadas adecuadamente, por ello también son campo propicio para generar disonancias y connivencias, la mayoría de las veces para cuartar sin contemplación la aspiración de libre determinación de un pueblo.
En el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, con claridad se establece que:
Todos los pueblos tienen el derecho de autodeterminación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural
No obstante, la Resolución 2625 de la Carta de las Naciones Unidas, es el mayor sustento de los que pugnan por establecer canales más estrechos y prácticamente inasequibles para que un pueblo pueda constituirse en un Estado soberano. Con base al respeto de la integridad territorial de un Estado, intentan desarticular, a toda costa (bajo una lógica proteccionista) la fragmentación, a su juicio sin control de entes nacionales y autónomos.
El intento de secesión de Quebec en 1998, es el más claro ejemplo de conservadurismo estatal. La Corte Suprema de Canadá, resolvió en contra de la independencia de la provincia de Quebec, señalando que el derecho de autodeterminación es adecuado, únicamente, en el caso de antiguas colonias, de pueblos oprimidos o de grupos rechazados. De tal manera, sostiene la Corte, que para lograr su independencia era necesario que votaran, no sólo los ciudadanos de Quebec, sino que debería consultarse a todos ciudadanos canadienses con derecho a voto.
Es en este punto, que más allá de reprimir lisa y llanamente el derecho de los catalanes a decidir democráticamente sobre su permanencia o salida de España, sería, en verdad interesante, que dicha consulta se abriera a todo el pueblo español.
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