La detención del General Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, obliga a diversas revisiones. Una de éstas tiene que ser desde los derechos humanos.
Repasar lo que ha sido el papel y la responsabilidad del Ejército en materia de derechos humanos, tiene que ver con su involucración en labores de seguridad pública. Proceso que inició en 1996 y actualmente se profundiza.
El Ejército ha sido instrumento de represión y de violaciones a derechos humanos de larga data. Destacan hechos como el 2 de octubre del 68, el 10 de junio del 71, la llamada “guerra sucia”, el enfrentamiento el EZLN y la represión a los grupos armados como el EPR y el ERPI en la segunda mitad de los noventas.
Sin embargo a partir de 1996, cuando se aprobó que las Fuerzas Armadas coadyuvaran en labores de seguridad pública, se multiplicaron las violaciones a derechos humanos. De acuerdo con el Informe especial de seguimiento de recomendaciones de la CNDH (https://bit.ly/2Ti2TOB), entre 1990 y junio de 2019 la SEDENA recibió 140 recomendaciones, 135 ordinarias y 5 por violaciones graves de derechos humanos.
Durante el tiempo que el General Cienfuegos estuvo al frente de la SEDENA, la CNDH le hizo 21 recomendaciones, entre las que destacan la que se refiere a la masacre de Tlatlaya y lo que se refiere a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En el primer caso la SEDENA trató de justificar la masacre de 22 personas afirmando que había sido un enfrentamiento (https://bit.ly/31rTKaL) y en el segundo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) planteó la necesidad de interrogar a los militares del 27 batallón ubicado en Iguala (http://bit.ly/2o4RVOW). A lo que el General Cienfuegos se opuso por completo.
El mismo general fue el gran promotor del reclamo de un marco jurídico que le diera sustento y respaldo a las Fuerzas Armadas en sus tareas de seguridad pública, lo que se concretó en la Ley de Seguridad Interior, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte el 13 de noviembre de 2018 (https://bit.ly/3oaICJ9).
Finalmente el gobierno actual creó la Guardia Nacional, institución que se dice civil pero es militar por completo. Además que al Ejército y la Marina se les ha encomendado toda suerte de actividades, desde construir aeropuertos hasta detener migrantes.
A lo largo de todos estos años las organizaciones civiles exigieron que el Ejército regrese a sus cuarteles, que efectivamente se profesionalice a las policías civiles y se investiguen las violaciones a derechos humanos para poner un alto a la impunidad de la que ha gozado el Ejército.
La decisión del presidente de López Obrador de encumbrar a los militares, no sólo mantiene abierta la posibilidad de que las violaciones y la corrupción continúen, sino que muy probablemente se incrementen.
Con lo sucedido parece cancelarse la vía civil de la seguridad para dar paso a una militarización de buena parte de nuestras instituciones y de nuestros ámbitos civiles. Lo sucedido con el general Cienfuegos debe abrir el debate al respecto.