Mediante la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en el amparo en revisión 2003/201, el Poder Judicial de la Federación, termina por derribar la farsa mediante la cual, la Procuraduría General de Justicia, pretendía dar carpetazo al “Caso Ayotzinapa”.
La sentencia precisa que la investigación, no fue ni pronta, ni imparcial, ni independiente, ni mucho menos efectiva, haciendo evidente las graves irregularidades en que incurrió la PGR desde la época del Procurador Jesús Murillo Karam y que continuó con diferentes titulares del Ministerio Público, tal y como lo había denunciado el Grupo Interdisciplinario De Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, al igual que otros organismos internacionales.
Dentro de la resolución, se pone especial énfasis sobre los actos de tortura que se perpetraron desde el Estado dentro de la investigación, confirmando así que la obtención de declaraciones se dio mediante coacción y que estas alegaciones no han sido investigadas adecuadamente.
Debido a ello, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, ordenaron la reposición del procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.
Comisión de la verdad
La resolución señala además que ante el actual contexto en el que se han registrado graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, los magistrados determinaron crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).
Sobre el particular cabe señalar que la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, se establece como un “procedimiento alternativo” para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR. Para su conformación, la resolución pone especial énfasis en la necesidad de que participen las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales.
En ese sentido cabe señalar que, en el Congreso del Estado de Guerrero, los Diputados de Movimiento Ciudadano por mi conducto, desde el 22 de septiembre de 2015, planteamos la necesidad de conformar una comisión de la verdad para la investigación del caso, por lo que propusimos la iniciativa de Ley por la que se crea la comisión para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y la desaparición de 43 normalistas durante los sucesos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en iguala de la independencia y sus repercusiones posteriores; sin embargo, la misma, fue rechazada por el PRI y sus aliados.
Por ello, saludamos con beneplácito la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, ya que en ella se precisa que “es necesario que el asunto sea conducido bajo una nueva óptica y etapa”, en donde los derechos de las víctimas sean el centro de la investigación y la investigación continúe hasta encontrarlos. La sentencia confirma que la “verdad histórica” de la supuesta incineración de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula fue una mentira monumental.