La semana pasada se cumplieron cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos ubicada en Ayotzinapa, Guerrero; sin que aún se conozca su paradero y se tenga certeza sobre quiénes son los responsables intelectuales y materiales de los hechos, a pesar de que han sido detenidas alrededor de cien personas por su presunta participación, además de que no se ha reparado el daño a las víctimas. Frente a tan adversa situación comienza a abrirse la posibilidad de que las investigaciones en torno al caso Iguala tomen un nuevo cauce y se siente un precedente en la historia contemporánea de nuestro país, dada la reciente resolución del Poder Judicial de la Federación y los compromisos asumidos por quien encabezará el próximo gobierno federal.
Caso Ayotzinapa
Hace tres meses, un Tribunal Colegiado de Tamaulipas concluyó que la Procuraduría General de la República no actuó de manera pronta, efectiva, independiente ni imparcial en el esclarecimiento de los acontecimientos. A su vez, ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia a fin de indagar las violaciones graves a los derechos humanos registradas en torno al caso Iguala, como la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, al igual que la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno. La determinación de crear este tipo de instancia, a falta de una fiscalía independiente, se hizo tomando en cuenta diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estándares internacionales.
Asimismo, el órgano jurisdiccional estipuló que dicha Comisión deberá estar conformada por el Ministerio Público de la Federación, un grupo de representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siendo estos últimos dos quienes establecerán las líneas de investigación a seguir y las pruebas a desahogar, y también decidirán la incorporación de otros organismos especializados, tanto nacionales como internacionales. De esta forma, con la participación de las víctimas se busca que tengan acceso a la justicia, además de conocerse la verdad sobre los hechos y garantizarse la no repetición de este tipo de graves violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, el presidente electo sostuvo el miércoles pasado una reunión con padres y madres de los estudiantes desaparecidos, en donde se comprometió con ellos a que, una vez que asuma la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, instaurará una Comisión de la Verdad en los términos instruidos por la autoridad judicial, solicitará la asistencia de organismos internacionales de derechos humanos, y emitirá un decreto con el objeto de que todas las instancias gubernamentales colaboren en las indagatorias. Cabe mencionar que desde la campaña electoral el hoy presidente electo había formulado similares propuestas a fin de esclarecer lo acontecido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y municipios aledaños.
Nuevas perspectivas
La coincidencia de dos actores relevantes de la vida nacional, en este caso, el Poder Judicial y el próximo presidente de la República, en la necesidad de crear una comisión investigadora del Caso Iguala, representa una esperanza no sólo para las víctimas y sus familiares, sino para el conjunto de los mexicanos que hoy en día desconoce el paradero de los estudiantes y lo que en realidad pasó en aquellas horas en que fueron detenidos y desaparecidos.
El caso Ayotzinapa ha merecido la intervención de instancias nacionales e internacionales, como la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Incluso, debe tenerse en cuenta la actuación del INAI, cuyo pleno de comisionados respaldó la apertura al escrutinio público del expediente del caso. Ahora, es de esperarse que, con la instalación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, los padres y las madres de familia de los estudiantes desaparecidos sientan que son escuchados y respaldados por el Estado mexicano en su búsqueda por saber en dónde están sus hijos. Entre más voces se sumen a desentrañar lo sucedido en aquella noche en Iguala, será posible profundizar en torno a las causas de un hecho de tal magnitud, y se podrán obtener elementos para prevenir que ocurran atrocidades similares.
Verdad histórica
Para que la Comisión que está por crearse cumpla con su objetivo de dar con el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa, se requiere que sus integrantes cuenten con la autoridad moral y el expertise necesarios para emprender tan ardua y demandante labor. Es de considerarse también la necesidad de que se desarrollen estrategias de trabajo y de comunicación que permitan transmitir a la sociedad los avances que se vayan registrando y modular las perspectivas que se tengan sobre los mismos.
Resulta alentador que el Estado mexicano reconozca sus limitaciones en la procuración de justicia y dé un gran paso hacia nuevos arreglos institucionales, con una conformación plural, incluyendo en ella a los afectados. De llegar a buen puerto, la creación de este tipo de comisión podrá ser un referente para indagar otros sucesos donde se presuman violaciones graves a los derechos.