Opinión

Cárceles: un pendiente impostergable de atender

No es pertinente que se continúe con un modelo de gestión penitenciaria que se muestra rebasado por la dinámica delictiva. | Areli Cano Guadiana

  • 09/01/2020
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En el último día del 2019, se reportó una riña en el penal de Cieneguillas, Zacatecas, que tuvo como resultado el fallecimiento de algunos internos, así como varios lesionados. Posteriormente, el segundo día del año nuevo 2020, aconteció otra pelea con el saldo de un reo muerto y otros heridos. Cabe señalar que el mencionado establecimiento penal ya había sido noticia por la fuga de 53 reclusos en mayo de 2009.

El anterior es un ejemplo desafortunado que muestra el escenario inestable y riesgoso del sistema penitenciario mexicano. Las cárceles en nuestro país llevan décadas en una situación crítica, con problemas sumamente graves que no han podido ser resueltos por los distintos gobiernos federales y estatales. Es cierto que en los últimos años se han realizado esfuerzos por mejorar y ampliar los espacios penitenciarios, sin embargo, pareciera que no existe una conciencia del papel que deben tener esos establecimientos, particularmente desde una óptica que considere su vinculación con la seguridad pública.

En las prisiones continúan dándose situaciones irregulares que constituyen un foco rojo, pues son potencialmente generadoras de violencia. Al respecto, el trabajo de análisis que en el tema ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aporta datos reveladores que tendrían que servir de base para la acción contundente de las instituciones del Estado mexicano, en aras de resolver la compleja trama de irregularidades y disfunciones de las cárceles.

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, presentado por la CNDH en noviembre del año pasado, se anota que, en el nivel estatal, las deficiencias carcelarias más importantes son la insuficiencia de personal; la falta de actividades laborales y de capacitación; una inadecuada separación entre procesados y sentenciados; y malas condiciones materiales, de equipamiento e higiene de los dormitorios, a lo que se suma el hacinamiento. También se detectó que en buena parte de las instituciones correccionales en las entidades federativas se actualizan condiciones de autogobierno y no existen programas de prevención y de atención de incidentes violentos.

En el nivel federal, coinciden las irregularidades más relevantes con las detectadas en los estados, pues se señala también la carencia de personal y la insuficiencia de actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas. Además, se añade la deficiente atención al derecho a la protección a la salud de los internos en casi la totalidad de los centros sujetos a revisión.

La privación de la libertad de los individuos, como consecuencia jurídica, en los hechos se materializa en un sentido francamente contrario a lo establecido en la Constitución que, a partir de su reforma en materia penal de 2008, prescribe la organización del sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios orientados a lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y a procurar que no vuelva a delinquir.

La operación de las prisiones en México, de manera general, está marcada por la vulneración de los derechos de las personas recluidas y sus familias. Esto constituye un entorno violento, que de ninguna manera puede dar resultados positivos en la reducción de la delincuencia, ni en el reencauzamiento de la conducta de los criminales.

Es necesario que la sociedad civil tome conciencia colectiva que lo que sucede en el sistema penitenciario afecta directamente a la comunidad. Las múltiples irregularidades que acontecen en los espacios carcelarios se relacionan de forma estrecha con los altos niveles de criminalidad y violencia que se viven en nuestro país. Algunos ejemplos son las extorsiones telefónicas y la planificación de secuestros que tienen lugar desde los centros de reclusión; los efectos nocivos en las familias que conlleva la prisión de uno de sus miembros, cuestión que incide en la erosión del tejido social; y la nula generación de capacidades de quienes son excarcelados, para reinsertarse efectivamente a la vida en común, asunto que genera una alta probabilidad de reincidencia.

Al incidir positivamente en la materia penitenciaria se atenderá un segmento del círculo vicioso de la violencia e inseguridad que parece haberse perpetuado en México. Esto tendría que ser parte de una estrategia integral que, antes de la privación de la libertad, considere otra clase de recursos, como son los preventivos del fenómeno delictivo; la reparación a las víctimas; las soluciones alternativas a los conflictos, como la mediación; y las penas alternativas; pues en sus circunstancias actuales, el encarcelamiento lo que produce es una expansión del fenómeno criminógeno y una ausencia de rehabilitación de quienes cometieron una conducta ilícita.

Vivimos tiempos de cambio, lo que hace que sea un momento oportuno para reflexionar, debatir y construir soluciones a la crisis carcelaria actual. El espacio en que se materializa la sanción más relevante del Estado mexicano, que es quitarle la libertad a alguien, debe tener claridad y certeza en sus fines. No es pertinente que se continúe con un modelo de gestión penitenciaria que se muestra rebasado por la dinámica delictiva.

areli.cano09@gmail.com