El jueves de la semana pasada, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo por el que se instruye a sus órganos desconcentrados a reforzar la capacitación a funcionarios de mesas directivas de casilla en materia de votos válidos y votos nulos. El nombre del acuerdo no refleja en esencia el punto toral de éste y sobre el que se centró la discusión de los integrantes del Consejo General por un largo tiempo. En realidad el propósito del INE es que se vuelva a capacitar a todos los funcionarios de casilla en el país para que se tome como voto válido un nombre, un apellido, un sobrenombre o una expresión que nos lleve directamente a un candidato, con independencia de cuántas casillas de partidos aborde la misma.
La polémica tuvo que ver primero con el momento en que se toma esa decisión por el INE, es decir a escasos días de la jornada electoral; y segundo, si como lo refirió la Consejera Pamela San Martín Ríos, el INE estaba volviendo más compleja la labor de los funcionarios de casilla.
Las y los consejeros electorales que integraron la mayoría que aprobó la propuesta correspondiente defendieron su proyecto al sostener que generaba mayor certeza para los funcionarios electorales, y coincidía con diversos criterios del Tribunal Electoral en asuntos varios”.
Clasificar la votación
Según lo argumentado en el documento aprobado por el INE,[1] se justifica la emisión de los nuevos criterios y con ello la capacitación correspondiente con el objeto de dotar de elementos que brinden certidumbre en el desempeño del funcionariado de casilla, respecto a la forma de clasificar la votación emitida en casilla, en el supuesto de que el nombre, sobrenombre, apodo, siglas o abreviatura de un candidato sea escrito por el elector en cualquier espacio de la boleta, incluso ocupando gran parte de la superficie del anverso de la misma.
Independientemente de la conveniencia o no de la medida, resulta evidente que ésta ya está generando incertidumbre en el proceso electoral, ya que se anunció que se impugnaría ante el Tribunal Electoral, y por tanto podría revocarse o modificarse.
Adicionalmente a lo anterior, y de la propia discusión entre los integrantes del Consejo General del INE surgen varias dudas al respecto. En principio, ¿qué puede considerarse como una expresión que lleve directamente a un candidato? ¿Qué pasa si lo asentado en la boleta electoral se trata de expresiones despectivas o peyorativas? Luego, ¿qué pasa con el voto de los partidos que postulan una candidatura? Es decir, no solamente votamos por una persona, sino también por partidos y ello tiene consecuencias jurídicas.
¿Conocen los funcionarios de casilla todas las expresiones que lleven directamente a identificar a un candidato o candidata?, ¿no estamos modificando el contenido de dispuesto en la propia norma electoral? Muchas dudas y muy poco tiempo para la jornada electoral.
[1] Acuerdo INE/CG515/2018 considerando 24.