Cada día que pasa nos acercamos más a la inevitable saturación de mensajes tanto en radio como en televisión, así como a la puesta en la escena pública de las campañas electorales y, con ello, la colocación de propaganda en postes, espectaculares, bardas, puentes, en camiones, entre tantos más. Y ni qué decir de las redes sociales que, como ya hemos visto en algunos procesos electorales locales, han sido utilizadas no solo como herramientas para la difusión de propuestas, programas legislativos o de gobierno, sino también para difamar y denigrar a través de lo que se conoce como campañas negras.
No obstante, el objetivo de las campañas electorales, de acuerdo con la legislación electoral, es la de difundir entre el electorado las propuestas que motiven a los ciudadanos a votar por el partido político o candidato que le haya ganado su simpatía. Pero la realidad da muestra que los objetivos que persiguen quienes compiten en una contienda electoral es, en ocasiones, otra.
Por un lado, hay partidos que tienen el objetivo de ganar una campaña electoral, máxime si se trata de la Presidencia de la República como sucederá en 2018. Pero para otros partidos, su objetivo es conservar su registro para que, con ello, puedan seguir viviendo de las prerrogativas que el Estado les proporciona.
Por otro lado, vemos que las alianzas electorales establecidas en la legislación como coaliciones, se integran sin importar la ideología, doctrina, principios o fundamentos estatutarios, sino con el objetivo superior de lograr un triunfo electoral sobre cualquier otra consideración.
Por ello vemos que, el desarrollo de las campañas electorales toma muchas formas de comunicación, cuyo objetivo se traduce en buscar ofertar y posicionar las demandas que la población ha planteado, que plantea o que exige de partidos y candidatos.
Pero las campañas se han convertido en un terreno fértil de una guerra de declaraciones, de dimes y diretes de propuestas difíciles de alcanzar o que no se cumplen o de acciones que solo parecen ser mediáticas y que, de ganar la elección, seguramente no se cumplirán. Este ha sido parte de la historia de los procesos electivos en nuestro país, trayendo consigo un descrédito tanto por la política, como de los actores que la promueven: partidos y candidatos. De ahí que entendamos plenamente la desilusión de la población.
Esta desilusión se vuelve importante cuando el resultado de las campañas electorales genera descontento social y, consecuentemente, apatía para participar en las elecciones, manifestándose a través de la abstención de electores en las urnas, lo que se traduce en que los que sí asisten a votar decidan por nosotros; esto parecería ser suficiente para partidos y candidatos. Pero merma nuestra democracia, la hiere y la condena inevitablemente a que el sistema político electoral tienda a fracturarse en algún momento dado.
Las cosas no pueden seguir así. Las campañas deben servir para o que fueron creadas: mostrar al elector una serie de ideas bien fundamentadas que, de concretarse con el voto ciudadano, generarán bienestar a la población. Las campañas deben de convertirse en un espacio de rendición de cuentas para quienes buscar algún nuevo cargo público.
Los partidos y candidatos se equivocan en saturar ciudades con propaganda electoral. Además de generar cualquier cantidad de basura, solo provocan malestar en la población y difícilmente tienen algún impacto en ella. La comunicación política de las campañas políticas deberá revisarse y valorar, aunque esto tendrá que suceder pasando la elección de 2018.
Habría que tipificar una serie de sanciones bien delimitadas para candidatos que propongan o expongan ante el electorado acciones que ni siquiera son de su ámbito de competencia. Habría que revisar la uniformidad de los tiempos de las campañas electorales tanto federales como locales ya que lo único que provocan es confundir al elector
Sería necesario que la forma en que los debates se han puesto en operación, pueda cambiarse a formatos más ágiles y atractivos para la población. En esto vale la pena reconocer los esfuerzos que el Instituto Nacional Electoral se encuentra haciendo en la materia.
Es importante que en su oportunidad los legisladores revisen el tema del financiamiento a los partidos políticos y, en especial, el que se otorga para las campañas electorales que, si bien necesitan recursos para desarrollarlas, no pueden ser tan costosas como sucede hoy en día.
También sería bueno revisar los requisitos que les son exigidos a los ciudadanos que pretender convertirse en candidatos por la vía independientes; son muchos y algunos difíciles de alcanzar sin una estructura partidista.
Tantas otras ideas pueden ser analizadas una vez pasada la elección del año que entra, en tanto hagamos votos para que las próximas campañas electorales transcurran sí con la pasión de cualquier competencia, pero con el respeto no solo a los contrincantes, sino principalmente al electorado.