El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso la iniciativa que expide la Ley de la Fiscalía General de la República en la que, la hasta ahora, Procuraduría General de la República cambia de nombre y deja de ser parte de la administración pública federal.
El diseño contempla que se inserte en la reforma al sistema jurídico mexicano para que en lo sucesivo la FGR sea un organismo constitucional autónomo que cuente con un sistema de juicios orales que faciliten la impartición de justicia.
La eficacia de estos juicios orales están garantizados por un juez de proceso, que será el responsable de garantizar que en todas las etapas del proceso sea llevado a cabo apegado a derecho, evitando así las irregularidades que hasta ahora han hecho que los vicios del proceso sean la causa principal de las fallas en el actual sistema inquisitorio e injusto.
Además, en el diseño se incorporó la libertad de que gozará el Fiscal, a efecto de que en sus resoluciones no prevalezca sujeción política alguna al Ejecutivo, que pudiera entorpecer la impartición de justicia.
Es de recomendar que en la integración de personal a la nueva Fiscalía, no exista el de dudosa reputación y honorabilidad, cuyos actos propios o de aquellos familiares con vínculos consanguíneos hasta en tercer grado, pongan en entre dicho el espíritu de nueva filosofía en la impartición de justicia. Sobre todo porque de la FGR dependerá la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, y sería desafortunado saber que en esta o en cualquier área de la FGR hay personal directivo, mando u operativo, con intereses encontrados en que la justicia encuentre un determinado camino, no siempre apegado al derecho.
La pregunta es: Si la FGR contará con una Fiscalía Anticorrupción, ¿cuál será el destino de la Comisión Nacional Anticorrupción?
Además, la FGR seguirá integrada al Sistema Nacional de Seguridad Pública, al que se encuentran integradas la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina – Armada de México.
Esta nueva configuración para transformar la PGR en la FGR parece que se enmarca, en un nuevo diseño de política de seguridad del Ejecutivo Federal, y que incorporó el anuncio durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en la participación mexicana en Operaciones de Mantenimiento de Paz (OMP), cuyos integrantes son conocidos como Cascos Azules.
El presidente dijo que a la participación mexicana podría incorporarse personal civil o militar, siempre y cuando exista la autorización y mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exista el consentimiento expreso del Estado donde se desplegará la OMP en el marco jurídico nacional y cuyas tareas serían de índole humanitaria en beneficio de la población civil.
No sería la primera vez que nuestro país participa en este tipo de OMP o ayudas internacionales. En enero de 2010 nuestro país envió un contingente humanitario de personal civil y militar en 30 vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana y 20 travesías en cinco buques de la Armada de México.
Así, se desplegó el Plan DN-III y el Plan Marina, en apoyo a la población afectada por el terremoto, en apoyo al operativo internacional dirigido por los Estados Unidos.
Antes, en agosto de 2005 nuestro país envió 196 miembros del ejército, 14 camiones cisterna con agua, una unidad de atención médica, 45 vehículos militares y más de 250 toneladas de comida, agua embotellada y provisiones médicas, en apoyo a los afectados con motivo del paso del huracán Katrina en Texas, Alabama, Alabama y Louisiana en el vecino país del norte.
Esta operación fue dirigida por el experimentado General del Ejército Mexicano, Francisco Ortiz Valadez, -uno de los mejores soldados de la República-, cuyo personal fue calurosamente recibido por las poblaciones mexicanas y carreteras a su paso por territorio nacional.
Con gallardía y aplomo, Ortiz Valadez comprendió la responsabilidad histórica que le había conferido el presidente de la República, al encabezar el primer contingente del Ejército mexicano en cruzar la frontera norteamericana, luego de que 159 años atrás, desde la Guerra México - Norteamericana de 1846-1848, no se veía un convoy militar mexicano en territorio estadunidense.
Tanto el terremoto en Haití como el huracán Katrina, son ejemplos de cómo puede participar nuestro país en Operaciones de Mantenimiento de Paz en auxilio a la población civil.
El punto es, el personal militar que debe desviarse para la atención de OMP en el estado de seguridad interior del país y la falta de un techo presupuestal para atender alguna eventualidad de esa naturaleza.