La idea: el gobierno federal entrante, como lo ha venido anunciando, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En dicha iniciativa hay reacomodos de funciones, pero no cambios de fondo y la reforma solo se refiere a las secretarías de estado. El nuevo gobierno arranca con una estructura ortodoxa y con dos secretarías que son los nuevos polos de poder: Hacienda y Seguridad.
Los cambios relevantes
Algunos de los cambios más relevantes que propone la reforma son:
Administración de recursos. Las oficialías mayores ahora se llamarán unidades de administración y finanzas aparentemente con las mismas funciones que tenían las oficialías. Quizá a sus titulares se les baje un poco el nivel salarial y la mayor novedad es que estos serán nombrados directamente por el Secretario de Hacienda. Esto era una práctica informal que se perdió en el sexenio del presidente Peña.
Se había anunciado que las oficialías mayores desaparecerían para concentrarse en la Secretaría de Hacienda (SHCP) con las enormes desventajas que ello planteaba (La Macro Oficialía Mayor) pero no fue así, aunque falta determinar con precisión que harán las unidades de administración.
Una desventaja es que, al no controlar el área administrativa de su dependencia, los secretarios podrían culpar a la SHCP de que se retrasen sus programas por cuestiones administrativas.
El secretario de Hacienda, a través de su oficial mayor (se conservan los oficiales mayores de SEDENA, Marina y Hacienda) solo podrá controlar directamente una pequeña parte del gasto federal, dado que las paraestatales y las empresas productivas del estado son las que ejercen la mayor parte de este.
Otra nueva tarea de la SHCP será consolidar compras, aspecto que ya se hacía de manera esporádica y se le transfieren algunas facultades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en materia de contrataciones públicas. También la SFP le transfiere a la SHCP el Sistema de Información de Padrones Gubernamentales que es clave para una asignación transparente de apoyos sociales.
Control interno. En cuanto a la SFP, además de lo comentado, otro cambio es que el presupuesto para el pago de los titulares de los órganos internos de control (OIC) (no se incluye en esta disposición a los titulares de segundo nivel de los OIC) provendrá de la propia SFP.
Por ello, los OIC siguen sin cambios, contrario a lo que ya se había anunciado que desaparecerían para concentrarse en la SFP (Reestructura de la SFP). La SFP solo requerirá presupuesto adicional para pagar a los 215 titulares de OIC y Unidades de Responsabilidades por lo que no será difícil encontrar los recursos para ello.
Superdelegados. Esta es una figura de nueva creación orientada a programas para el desarrollo. Los superdelegados coordinarán acciones en materias prioritarias y ayudarán a supervisar servicios y trámites de programas prioritarios del gobierno federal en las entidades federativas. Se decía que dependerían de la Oficina de la Presidencia, pero ahora indican que dependerán de la Secretaría de Bienestar.
Aparentemente, su función será más política y de supervisión que propiamente operativa, (Superdelegados) pues las secretarías y paraestatales, previa justificación, podrán conservar sus actuales delegaciones, las cuales ahora se llamarán oficinas de representación.
La operación de los superdelegados podría interferir con la autoridad central de secretarías y paraestatales, por lo que es posible que también en este rubro pueda haber conflictos de operación con los secretarios dado que, aunque estén adscritos a Bienestar, seguirán teniendo línea directa con el presidente.
Seguridad Pública. Revive la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuyas funciones se le quitan a Gobernación. Con la incorporación del CISEN (que ahora se llamará Centro Nacional de Inteligencia, como su homólogo español), se hará cargo no solo de cuestiones de seguridad pública sino también de seguridad nacional (CISEN). También se le incorpora la protección civil.
La Secretaría de Gobernación pierde sus atribuciones en materia de seguridad pública, protección civil y seguridad nacional y se queda con pocos brazos operativos para llevar a cabo sus tareas de gobernabilidad, entre ellas, el carecer de la información que le proporcionaba el CISEN.
Además, debido a que los superdelegados, designados por el presidente, llevarán la relación política con las entidades federativas y con el Congreso, al influir directamente en gobernadores, alcaldes, diputados y senadores, estos preferirán dialogar con ellos, por lo que se debilitará aún más la Secretaría de Gobernación. Otros cambios
Los titulares de asuntos jurídicos en cada secretaría serán nombrados por el consejero jurídico de Presidencia y los enlaces legislativos de cada secretaría por la secretaria de Gobernación. También cambian de nombre dos secretarías.
En términos generales la reorganización propuesta a las secretarías no tiene mayor impacto, excepto en el ámbito político ya que la fuerza del gobierno radicará en dos secretarios: el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Cada presidente tiene sus ideas de cómo hacer trabajar mejor sus recursos. Habrá que ver si estos cambios dan los resultados que se espera de ellos. Por lo pronto hubo mucho ruido y pocas nueces entre los cambios anunciados y la reforma propuesta.