“¡Obedézcase, pero no se cumpla!”

 

Esa popular frase surgió en el siglo XIV en las Cortes españolas como un recurso legal para el reconocimiento de la incuestionable autoridad del monarca, sin embargo, eso no significaba que siempre fuera utilizada para cumplir con la ley[1]. En México fue usado por primera vez por el abogado y conquistador Hernán Cortés para evitar que lo llevaran preso por robar los barcos de Diego Velázquez en Cuba[2].

 

Casi cinco siglos después de lo sucedido en tierras de la Nueva España, parece que ese resabio continúa vigente y podría ser de utilidad para explicar, en buena medida, la distancia que hoy es visible entre el contenido de las leyes y su aplicación. Es decir, por qué los cambios que se han realizado no han surtido los efectos esperados.

 

Reforma penal mexicana

 

México inició el siglo XXI con cambios reformadores, todos ellos relevantes para mejorar la competitividad del país. Un ejemplo es la reforma penal constitucional de 2008 que tuvo como objetivo principal la implementación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) que funcione con apego a los principios de publicidad, oralidad, contradicción, inmediación e inocencia para eliminar asimetrías entre víctima y victimario[3].

 

Una vez lograda esa reforma, el siguiente paso fue establecer las condiciones necesarias para que funcione y hoy, a cuatro meses de que concluya el periodo de gracia de ocho años (vacatio legis), la información disponible describe qué entidades han logrado implementar el NSJP, pero aún no se cuenta con información que describa la calidad con la que funciona[4]. Es decir, no hay indicadores que muestren, además de la asignación de recursos, infraestructura o capacitaciones, si se ha logrado mejorar la calidad de la justicia penal mexicana.

 

Lo que piensa la ciudadanía

 

La confianza es, por antonomasia, el principal elemento legitimador del quehacer gubernamental y la implementación del NSJP no es la excepción, sin embargo, en años recientes esa confianza se ha visto deteriorada. El día a día de la ciudadanía contrasta con los informes de avance en la implementación del nuevo sistema, hay una realidad formal y una realidad palmaria.

 

En 2015, a un año de que se cumpla el periodo de gracia para implementar al 100% el NSJP, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (ENVIPE), en los cuales revela que la ciudadanía manifiesta una percepción que contrasta con la reforma y sus objetivos.

 

La siguiente gráfica muestra que durante el periodo que comprende de 2011 a 2015, la percepción de inseguridad en las entidades federativas, municipios o delegaciones y colonia o localidad. El menor nivel en percepción de inseguridad registrado fue en 2012, pero a partir de 2013 incrementó esa percepción en los tres ámbitos (aumentó en promedio seis puntos porcentuales durante ese periodo).

 

 

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Una reforma de esta dimensión es tan importante como las personas encargadas de materializar sus objetivos. Se trata de los operadores de la norma, los servidores públicos, esto es, de uno de los principales eslabones que contribuyen en la construcción de lazos de confianza entre las instituciones y la ciudadanía.

 

A continuación se muestra el nivel de confianza que manifestó la ciudadanía respecto de los responsables en las labores de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia.

 

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La gráfica anterior muestra, como primer aspecto relevante, que de 2013 a 2015 hubo un descenso en el nivel de confianza hacia todas las autoridades descritas, pero más relevante es que quienes están directamente vinculados con el funcionamiento del NSJP son los que obtuvieron los peores niveles de confianza en ambos años: desde los distintos tipos de policía, pasando por ministerio público, hasta los juzgadores. Es decir, a pesar de los años de implementación que lleva la reforma, aún no se ha reflejado el efecto a decir de sus destinatarios finales, los ciudadanos.

 

¿Qué falta para reducir esa brecha de confianza?

 

El NSJP es un esfuerzo que implica un verdadero cambio de paradigma, de la forma de ver a la justicia y eliminar esa imagen inconsistente de un justiciable que puede o no someterse a la acción de la justicia. Han transcurrido más de siete años del proceso de implementación y, a decir de los datos obtenidos en la ENVIPE, el reto es lograr un verdadero impacto de la reforma penal en el día a día de la ciudadanía.

 

Esos dos mundos paralelos muestran, por una parte, los avances de la implementación del NSJP y, por el otro, a una ciudadanía que manifiesta inseguridad y desconfianza en las autoridades vinculadas con el procedimiento penal. Ante ello se requiere, además de establecer las condiciones de implementación, analizar evidencia verificable que permita entender las necesidades reales de los eslabones más débiles de la justicia penal. Por ejemplo, la información contenida en procedimientos penales.

 

Sirva para concluir este texto hacer referencia a una sencilla analogía: una cosa será capacitar a alguien para cocinar y poner a su disposición insumos y materiales de primera calidad y otra será verificar si realmente sabe cocinar. Así que, para ir más allá de lo que hasta ahora se ha logrado con el NSJP, se tendrá que analizar si es que la impartición de justicia penal se cocina adecuadamente o si es que todo el cambio que se ha realizado ha sido para no cambiar.

 

*Ricardo Corona es Abogado General del IMCO.

@RichCorona

 

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[1] Alejandre García, Juan; García Marín, José María (1997), Manual de Historia del Derecho (Temas y antología de textos), Distribuciones Fernández, pp. 188-189.

[2] Ver PDF Consulta el 29 de febrero de 2016.

[3]Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

[4] SETEC



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