En su libro “Marcos de Guerra”, Judith Butler habla de la precariedad como una condición compartida entre todo ser viviente desde el momento en que requerimos una serie de factores para que nuestra vida sea viable y sostenible. Por otro lado, habla de la precariedad como una condición políticamente inducida mediante una distribución radicalmente desigual de la riqueza, que expone a ciertas poblaciones a una mayor violencia y a situaciones que hacen menos probable su persistencia y prosperidad.
Estas premisas y reflexiones resultan fundamentales a la luz del debate que, por la falta de crecimiento, se ha dado en México en las últimas décadas y con particular intensidad en las últimas semanas por las pocas perspectivas de crecimiento en el arranque del gobierno de López Obrador.
Si bien la elite dominante de la economía sigue asociando la medición de crecimiento económico con el desarrollo, más economistas están buscando su disociación, particularmente a la luz del calentamiento global y del acelerado deterioro del medio ambiente, que no se resuelve con energías renovables si los patrones económicos permanecen.
En un artículo llamado “Potentials for prosperity without growth” los autores Martin Fritz y Max Koch[1], sostienen que hasta hoy no hay nada que indique que se pueda separar el crecimiento económico -con su tradicional medición del Producto Interno Bruto- de la huella ecológica y las emisiones de CO2. En un sistema dominado por el mensaje simbólico que el acto de comprar implica en términos de “distinción”, esto se contrapone a las necesidades reproductivas del planeta. A decir de los autores, ello no implica eliminar por completo la necesidad del crecimiento, sino quizás el impulso de un crecimiento consciente, políticamente orientado y monitoreado, que favorezca las condiciones ecológicas a nivel local y global y un cambio en los hábitos de consumo.
En este sentido, la sustentabilidad económica, la inclusión social y la calidad de vida, son los componentes de lo que los autores denominan prosperidad, y serían los objetivos de una nueva política económica, social y de desarrollo. La calidad de vida implicaría, por ejemplo, servicios públicos como el agua, acceso a vivienda y a seguridad social, mismos que no necesariamente han estado vinculados al desempeño de los países en cuanto a crecimiento económico o huella ecológica.
Si analizamos las recientes publicaciones del INEGI y Coneval en relación con el ingreso y la pobreza -con sus distintas dimensiones- resulta claro que la desigualdad es el mayor problema de desarrollo y prosperidad del país y que, a diferencia de lo que muchos dan por hecho, poco puede tener que ver con la falta de crecimiento. Esto coincide con el análisis de los autores sobre Latinoamérica y México.
La falta de calidad de vida, en la que más de 70% de la población carece de seguridad social, cuya naturaleza implica una red de apoyo institucional que limita el grado de vulnerabilidad y precariedad de las personas, la falta de servicios públicos que den certidumbre y seguridad a las personas -como el agua sí, pero también como las estancias infantiles o los espacios para personas de la tercera edad o sistemas de movilidad apropiados para personas con discapacidad-, así como la devastación ambiental que implica el empobrecimiento de las zonas rurales y comunidades que pierden sus recursos naturales y acceso a la naturaleza en beneficio de los grandes intereses económicos, son factores que impiden la buena calidad de vida de las personas; contrastando con el hecho de que en 2017 el mercado de bienes de lujo creció al 6% y con que México es líder en el mercado de lujo en América Latina con ventas por 7 mil millones de dólares durante 2017.
Estas cifras no contemplan aún un análisis interseccional, que es aún más potente. Por ejemplo, el hecho de que más del 80% de las mujeres indígenas rurales viven en pobreza
Si regresamos a los conceptos de precariedad y prosperidad mencionados anteriormente, es muy posible que, en efecto, el enfoque del actual gobierno no deba ser el crecimiento económico sino buscar que las personas tengan mejor calidad de vida (con todo lo que ello implica) y el fortalecimiento de las redes institucionales y también de las comunidades, para lo cual el medio ambiente debería ser central.
La lógica diría que la transferencia directa de recursos, como ya se ha dicho, no es la vía ideal para lograrlo y se tiene que poner mucho más esfuerzo en el desarrollo de políticas públicas complejas que atiendan lo multifactorial, pues si bien la teoría de derechos humanos apunta a la necesidad de fortalecer la autonomía de las personas, las personas necesitamos de redes para subsistir y también para ser felices. En ese sentido, también es urgente que las acciones y conductas laborales del sector privado apunten a la inclusión y la no discriminación y a la sustentabilidad.
El debate sobre el enfoque del desarrollo y su relación con el crecimiento económico debe seguirse dando a la luz de la crisis medioambiental que enfrenta el planeta y de la insostenible desigualdad del país. Sin embargo, mega-proyectos de infraestructura, el desmantelamiento de ciertos servicios y sistemas de protección y la priorización de las energías fósiles, parecen no ir en la dirección adecuada: ni para el crecimiento, ni para el desarrollo y mucho menos para la prosperidad.