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Cálculos políticos

El tema de los estudiantes del IPN parece haber sido desactivado con la solución a sus demandas; pero hay un tema de graves violaciones a los derechos humanos en Tlatlaya y Ayotzinapa.

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Escrito en OPINIÓN el

Dos temas en la opinión pública tuvieron que suceder para que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong, se involucrara de manera personal a fin de aminorar sus efectos: la crisis estudiantil y los derechos humanos.

 

En el primero de ellos, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) reaccionaron de manera inteligente a la autoridad de su directora, Yoloxóchitl Bustamante, quien en un intento por contener a la opinión pública, minimizó y subestimó la capacidad de los alumnos para organizarse y protestar por los cambios al reglamento del IPN que pretendía tecnificar la educación recibida en sus planteles educativos.

 

El martes pasado sorprendieron a la opinión pública por su capacidad de organización, al marchar de manera ordenada hasta las oficinas del secretario de Gobernación en Bucareli, procurando que en la retaguardia un grupo de estudiantes recogiera la basura generada por ellos mismos, agrupándose por escuela y grupo para evitar infiltrados anarquistas, entre otras medidas para su seguridad.

 

Es muy probable que el titular de la SEGOB y su cercano equipo hayan valorado la relación costo – beneficio por la cual, si desestimaban la protesta de los alumnos del IPN podrían haber generado una nueva crisis por falta de atención y cuyo tema se hubiera agregado al frente de crisis del gobierno de Guerrero y federal, por los alumnos muertos el viernes 26 de septiembre pasado y sus 43 compañeros desaparecidos todos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en ese estado, a un día de la conmemoración de los acontecimientos por el 46º aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, caldo de cultivo propicio no para generar protesta callejera, sino quizás actos de violencia.

 

En el segundo frente de crisis correspondiente a los derechos humanos, tiene que ver con la probabilidad de declarar la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa que aún se encuentran en calidad de no localizados, así como los 22 muertos en Tlatlaya en el Estado de México a manos de un grupo de militares.

 

En el primer caso, el presidente municipal de Iguala en Guerrero y su director de seguridad pública tienen orden de presentación por estos hechos, en los que una parte de la sociedad guerrerense marchó en días pasados para exigir la licencia de su gobernador, Ángel Aguirre, para someterlo a juicio político por estos hechos.

 

En lo referente al tema de Tlatlaya, éste se perpetró el 30 de junio pasado, en una bodega del municipio del mismo nombre, cercano a la región de Tierra Caliente entre Michoacán y el Estado de México, en el que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que producto de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes, habían fallecido 22 de los últimos pero fue desmentido por una testigo presencial, quien afirma que fueron ejecutados aun cuando se habían rendido frente a los militares.

 

En las investigaciones que realiza la PGR dice que no aparecen evidencias que sustenten las ejecuciones que afirma la testigo, mientras que al menos 8 militares entre ellos un oficial, declaran ante un juzgado militar sobre estos hechos.

 

De comprobarse la ejecución y desaparición forzada en ambos casos, sería un grave frente de crisis para el gobierno federal, que vería mermado sus esfuerzos por mostrar que la reforma energética, política, hacendaria, fiscal, entre otras, comienzan a transformar a nuestro país.

 

Es tan grave ambos asuntos, que los dos han trascendido al ámbito de Naciones Unidas cuyo sistema en México ha presentado su consternación en comunicados por separado en el que exige a las autoridades mexicanas su petición de justicia a las víctimas de los hechos de Tlatlaya, así como para la localización inmediata de las personas desaparecidas en Ayotzinapa.

 

No sólo eso. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han condenado al gobierno mexicano por ambos hechos.

 

Es muy probable que en el primer caso, -el de los estudiantes-, aunque el tema era de la competencia y atribuciones del titular de la SEP, Emilio Chauyffet Chemor, la estrategia seguida haya sido omitir la participación del secretario de educación para evitar atraer de la memoria histórica la masacre de campesinos en Aguas Blancas, también en Guerrero en 1995, siendo secretario de gobernación Chauyffet, lo que motivó el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR) a la luz pública un año después.

 

Mientras tanto, el tema de los estudiantes del IPN parece haber sido desactivado con la solución a sus demandas; pero el tema de las graves violaciones a los derechos humanos en Tlatlaya y Ayotzinapa es un asunto que difícilmente podrá transitar en tanto no se llegue a la verdad histórica y jurídica.

 

 

@racevesj