Menos de cuarenta y ocho horas después de que el Instituto Nacional de Transparencia anunciara la promoción de una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones —que obligan a los usuarios de telefonía celular a entregar sus datos biométricos—, el presidente de la República reiteró que promoverá la desaparición de los órganos de autonomía constitucional que —según él— fueron creados “para simular que el gobierno estaba atendiendo al pueblo”.
El presidente parece ignorar que los órganos de autonomía constitucional no fueron creados por el gobierno, sino por el Poder Legislativo a través de sendas reformas constitucionales avaladas por las legislaturas de los estados, con la premisa de acotar las facultades del Ejecutivo en temas como la organización del proceso electoral —que antes le correspondía a la Secretaría de Gobernación— o la obligatoriedad de transparentar la gestión gubernamental.
En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, la reforma constitucional que dio origen al reconocimiento del derecho humano de acceso a la información, data de 1977 aunque su consolidación se produjo veinticinco años después, cuando surgió la primera Ley Federal de Transparencia y se determinó la necesidad de crear un organismo federal que fungiera como garante del cumplimiento de las obligaciones por parte de los tres poderes y de los propios órganos de autonomía constitucional.
La insistencia en su desaparición, no tiene relación alguna con sus gastos de operación. Si ese fuera el criterio, el gobierno federal estaría analizando seriamente la desaparición de Petróleos Mexicanos, pues sólo durante el primer trimestre de 2021 ha reportado pérdidas por 37 mil 358 millones de pesos, es decir, más de cuatro mil por ciento el costo de operación del Instituto Nacional de Transparencia, cuyo presupuesto para 2021 asciende a poco más de 905 millones de pesos.
En el fondo, la intención de Andrés Manuel López Obrador es la de concentrar para sí el poder que históricamente le ha venido siendo acotado al Ejecutivo, inclusive como consecuencia de la presión que él mismo generó cuando formaba parte de la oposición.
A los cuestionamientos del presidente de la República contra los órganos electorales por la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, se suma la amenaza vertida en Twitter por éste, respecto a que la de 2021, “será la última elección que organice el INE”.
Contra la actitud caciquil del presidente de la República, el Instituto Nacional de Transparencia ha instruido a la Secretaría de Salud y a la de Relaciones Exteriores a revelar el contenido de los contratos de adquisición de las vacunas —reservados por cinco años— y ha informado que promoverá una controversia constitucional que busca proteger los datos biométricos de los particulares frente a la amenaza que supone la reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
En el tema de la captación de biométricos, el gobierno de López Obrador emula al de Felipe Calderón, de la misma forma como ocurrió con el asunto de la militarización; elementos que en su momento generaron el repudio de la opinión pública hacia el michoacano.
Mientras tanto, Salgado Macedonio presiona para que sea su hija quien se quede con la candidatura de Morena al gobierno del estado de Guerrero, lo que resulta violatorio de los propios estatutos del partido al que pertenece el presidente de la República. Actitudes caciquiles las de ambos, que creen que el país es una extensión de sus respectivos ranchos.