Main logo

¡Burlémonos de las víctimas!

Pareciera que las autoridades titulares en las dependencias de gobierno optan por fingir más que por hacer.

Por
Escrito en OPINIÓN el

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2015 hubo un total de 23.2 millones de víctimas de diversos delitos, lo cual equivale a más de una cuarta parte de la población de 18 años y más. Esta situación no ha cambiado en gran medida, ya que se registraron 22.8 y 21.2 millones de víctimas en 2013 y 2014 respectivamente. A estas cifras falta añadirles las 36 mil víctimas anuales de homicidios (dolosos y culposos), así como las víctimas de trata.

 

El pasado lunes 7 de noviembre, en el Foro Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías, organizado por Causa en Común A.C., María Elena Morera, presidenta de la asociación, le habló directamente al Presidente Enrique Peña Nieto expresándole que los mexicanos estamos hartos de la simulación, la inseguridad y la violencia. Asimismo, enfatizó que necesitamos resultados en relación con la construcción de instituciones, que los ciudadanos debemos y queremos observar de cerca el uso de nuestros recursos, que una y otra vez nos han prometido que serían destinados a este esfuerzo y que aparentemente terminan enriqueciendo a unos cuantos poderosos.

 

Cuando fue turno del Presidente, éste contestó de manera ambigua. Reconoció el aumento de homicidios pero insistió en que ya existe un plan. Ignoró el reclamo sobre la ineficiencia de la coordinación y sistemáticamente repitió que estábamos mejorando, prácticamente citando su comercial: “lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho”. Esto significa que hubo pocas concesiones del Presidente, mucho discurso político y nada para las víctimas.

 

¿Se esperaba que así fuera su respuesta? Probablemente, la realidad es que en el tiempo que ha transcurrido de su administración, pareciera que el único frente común que ha logrado edificar con otras autoridades es aquel que insiste en que las evidencias de aumentos de conductas delictivas, son problemas de percepción y la demanda ciudadana no está justificada.

 

En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos vivido en carne propia este tipo de respuesta, por ejemplo, en 2013 cuando el Secretario de Gobernación (Segob) confrontó las estadísticas que dimos a conocer en materia de secuestro. Cuando manifestamos los drásticos incrementos, la Segob desconoció los números oficiales, confundió denuncias con percepción y concluyó afirmando que simplemente no sabíamos contar. Dicho sea de paso, 2013 terminó como el peor año en la historia en materia de secuestro y extorsión de México. Cuando en abril de 2015 advertimos el aumento de la violencia en Jalisco y la probabilidad de un hecho grave, el gobierno estatal ni siquiera se dio por enterado -sobra recordar los narcobloqueos y violencia que se desató quince días después-. Misma respuesta tuvieron las denuncias hechas en 2014 alrededor de la estrategia Michoacán y la situación de Guerrero; la falta de construcción de instituciones policiales en Tamaulipas y Veracruz o la ausencia de transparencia y rendición de cuentas de la Procuraduría del Estado de México: excusas sin acciones.

 

Reconozco la dificultad que representa para una autoridad el gobernar. Por un lado, se enfrentan a las deficiencias que arrastra una administración a la siguiente, la carencia de recursos, la complejidad del combate a los delitos, los rezagos en desarrollo educativo, cultural, económico y social. Estos factores hacen de la reducción de la incidencia delictiva, la procuración e impartición de justicia, la prevención delictiva y la atención a víctimas, tareas con un alto grado de dificultad, casi como si se nadase a contracorriente. Como dije antes, también reconozco a autoridades que desde las unidades antisecuestro, la Coordinación Nacional Antisecuestro, Policía Federal, policías locales, procuradurías y fiscalías generales o desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), hacen un gran trabajo en pro de los mexicanos.

 

Sin embargo, debo insistir que pareciera que las autoridades titulares en las dependencias de gobierno, en conjunto dicen ¡burlémonos de las víctimas! Parece que optan por fingir más que por hacer. Quien decide ser autoridad sabe cuál es el reto y bajo qué condiciones lo hará, la excusa no puede ser que lograr resultados es difícil.

 

Si quienes decidieron asumir el reto de guiar las políticas nacionales y locales, administrar justicia o reformar el marco normativo, buscan mandar la señal de que sí están comprometidos por el bienestar de México y su población; debe pasar de las declaraciones a la acción, romper los lazos de corrupción que permiten la impunidad, la malversación y ser coherentes. ¡Es hora que los representantes institucionales cumplan con sus funciones! No estamos pidiendo nada extraordinario, simple y sencillamente que cumplan con su respectivo trabajo.

 

Por esta razón, desde el ONC hemos pedido consecuencias ante las "bromas" de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Fernando Mayans y Luis Sánchez Jiménez, quienes fueron grabados mientras platicaban durante una sesión en la Cámara de Senadores en la que se abordaba la Ley General de Trata de Personas, mofándose sobre el hecho que ellos también tenían “derechos como usuarios” de las víctimas.

 

Ante el escándalo, los senadores pensaron que 140 caracteres por Twitter eran suficientes para justificar por qué, mientras debían analizar con seriedad una ley tan importante, revictimizan a quien sufre este ilícito violatorio a derechos humanos, normalizan la violencia y exhiben que los impuestos que gastamos para pagarles el sueldo, están siendo mal utilizados.

 

En el ONC enviamos un comunicado exigiendo acciones y no sólo palabras a la Junta de Coordinación Política del Senado y a la Mesa Directiva del PRD, así como por conocimiento a las comisiones de justicia y contra la trata de personas, siendo esta última la única en contestar, en coincidir con nuestro deseo, pero también sin capacidad de sancionar a estos señores.

 

Quien se burla de un hecho tan grave como este, no entiende el tamaño del problema, y por lo tanto no tomará acciones eficientes para resolverlo y en consecuencia promoverá la impunidad y normalizará la violencia. Señor Presidente, señores gobernadores, senadores, diputados, jueces y magistrados, es hora que cumplan con su mandato, den soluciones y no discursos políticos para atender la crisis de seguridad. Si no quieren o no pueden, renuncien y dejen espacio para otros que bajo ninguna circunstancia se burlarían de las víctimas en nuestro país porque no hacer es malo, burlarse encima de ello, es infame ¡muestren respeto por las víctimas!

 

@frarivasCoL

@OpinionLSR