Opinión

Botar a las personas vulnerables

Resulta más barato deshacerse del personal vulnerable. | Manuel Fuentes

  • 05/08/2020
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La pandemia dio nacimiento a un grupo especial que no aparece en la legislación laboral ni en los tratados internacionales: las personas vulnerables. Los gobiernos buscaron protegerlos por todos los medios para evitar su contagio al tener mayor riesgo de mortalidad.

Hubo acuerdos de la autoridad sanitaria para resguardarlos en sus casas por 30 días, luego por 30 más, luego por otros 30 y el plazo se ha seguido extendiendo.

En este grupo están las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, los mayores de 65 años, aquellos con enfermedades crónicas no transmisibles (con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), y aquellos que padecen supresión del sistema inmunológico.

En las empresas privadas lo que hicieron con las personas vulnerables fue resguardarlos en la primera etapa, pero después los metieron a la fila preferente del recorte de personal al prolongarse la pandemia. Los empezaron a botar por considerarlos un estorbo.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el continente americano tres de cada diez personas, o casi 325 millones son personas vulnerables, y con un mayor riesgo de enfermar gravemente por el virus del covid-19.

La institución médica señala que los adultos en edad laboral, de 15 a 64 años, no son inmunes, porque muchos de ellos viven con una o más condiciones de salud subyacentes. La diabetes y la enfermedad renal crónica, en particular, son especialmente frecuentes entre las poblaciones adultas.

La prolongación del covid-19 ha traído, al mismo tiempo, el crecimiento de las empresas outsourcing que ofrecen personal joven, susceptible de recibir menos salarios y soportar peores condiciones de trabajo. Personal desechable, en contratos de corto plazo, que se ofrece a los patrones en tiempos de pandemia. El lema para ellos es: ¡Úsese y tírese!

En las empresas privadas resulta más barato deshacerse del personal vulnerable.  Los llevan de la mano a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que reciban sus finiquitos. Pagan la prima de antigüedad o parte de ésta, las prestaciones de ley y uno, dos o tres meses de salario según el tipo de trabajador y se acabó el problema. 

Las autoridades laborales sólo vigilan que el miserable pago lo reciban esos trabajadores llamados “vulnerables” porque no tienen manera de evitar la separación.

Presenciar el finiquito de un trabajador es algo muy difícil. Los patrones llevan un convenio previamente elaborado con el nombre de su empleado y la cantidad a recibir.

Le hacen firmar original y cinco por cinco copias de su renuncia-convenio y estampar sus huellas digitales por todos lados. Al final, los trabajadores recogen el dinero con la mirada perdida, absortos en su pensamiento. Saben que se acaba un ciclo que no volverá.

Quienes están catalogados así, como “vulnerables” tienen cancelada la posibilidad de ser admitidos de nueva cuenta en un empleo formal. Apenas si están llenando la solicitud de empleo y al conocer los resultados de la revisión médica no los vuelven a llamar. Las puertas se les cierran por todos lados.

Estar despedido es pasar a un mundo de la desesperación y la pandemia acrecienta esta crisis que no todos entienden. Las cifras dan un atisbo de la desesperación que enfrentan cientos de miles de despedidos en nuestro país.

En los seis primeros meses de este año, los trabajadores hicieron el mayor de los retiros de todos los tiempos en sus magras Afores. Fueron ocho mil 541.6 millones de pesos, ¡56.6 por ciento más con respecto al primer semestre del 2019! de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). No pudieron retirar más dinero porque la ley no se los permite.

Ellos saben que retirar parte de sus fondos de retiro es como picar una roca que se desmorona y que ya no se podrá pegar de nuevo. Sus ahorros se vuelven polvo, pero para otros (los dueños de las afores) son una maravilla por las utilidades que les generan.

Estar despedido y ser parte del grupo de los vulnerables no da derecho a una pensión social. A la mayoría de los que pierden el empleo también se les cancela su seguridad social y todo tipo de ingreso.

Los vulnerables empiezan a ser los olvidados del sistema hasta que a los beneficiados de esta crisis se les explote en sus manos y desaparezca su sonrisa.

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