Este jueves 15 de septiembre fuimos testigos de un momento histórico para la capital de la República mexicana. Poco antes de las 11 de la mañana el Jefe de Gobierno de la Ciudad acudió a la antigua sede del Senado de la República a entregar su proyecto de Constitución de la Ciudad, cumpliendo de esa forma con un mandato que está previsto en la Constitución federal.
Luego de esa breve ceremonia, los diputados constituyentes celebraron su sesión de instalación, la cual estuvo marcada por el cuestionamiento a quien la estaba dirigiendo: el priista Augusto Gómez Villanueva, que es la persona de mayor edad (87 años) de la Asamblea. Varios diputados constituyentes de MORENA cuestionaron a gritos su legitimidad para presidir la sesión y pidieron que su lugar fuera tomado por Bernardo Batiz, ya que los diputados constituyentes que habían sido “nombrados” pero no electos por voto popular carecían de legitimidad. Al final, el debate no pasó a mayores y se cerró la sesión. Los diputados quedaron convocados para iniciar la discusión de su reglamento de debates a partir de la próxima semana.
Lo interesante en el arranque de los trabajos de la Asamblea, además del cuestionamiento de unos diputados a otros, tiene que ver con el contenido del proyecto presentado por el Jefe de Gobierno. En realidad se trata de un texto elaborado por una comisión redactora (el grupo de los “notables” se les llamó), que dejó mucho que desear. Desde el mismo preámbulo se nota que no es obra de juristas, sino de –mediocres- políticos, quienes harían bien en haberse jubilado desde hace años en vez de hacerle perder a la asamblea constituyente de la CDMX el tiempo al tener que ocuparse en la lectura de un documento que bajo ningún concepto puede ser aprobado tal como está.
El texto es farragoso, contiene deslices retóricos de grandes proporciones y quienes se encargaron de su confección con toda probabilidad no saben distinguir entre lo que es una “exposición de motivos” (o un programa de gobierno) y lo que debe ser una norma jurídica. Por ejemplo, en el artículo 3.2. el proyecto señala que “Desde su origen, la diversidad cultural de la Ciudad de México se fundamenta en ser destino de migraciones y exilios, lo que la convierte en una ciudad refugio”. Tal cual. No sabe el lector si está frente a una novela de aventuras o leyendo lo que según el grupo redactor debe ser la norma suprema de la ciudad. En el mismo artículo (en su párrafo cuarto) se habla de la ciudad como un espacio abierto que “aprovecha los aportes de las generaciones para la construcción del futuro; impulsa la sociedad del conocimiento y promueve, de modo prioritario, la educación integral e inclusiva en todos los niveles”. Bla, bla, bla. Puro rollo.
Otros ejemplos de la misma propensión retórica y grandilocuente: en el artículo 4 del proyecto se habla de “la función social de la ciudad” (no se lo define y no creo que nadie sea capaz de saber exactamente qué significa eso); en el artículo 5 se afirma que “Las víctimas de la corrupción son las y los ciudadanos” (pues sí, ni modo que sean los vegetales o las nubes, caramba); en el artículo 7 se dice que la ciudad es un “espacio civilizatorio…, incluyente…, justo, pacífico, productivo, educador…” (¿una ciudad es un espacio justo? ¿de dónde sacaron esa peregrina idea?). En el artículo 9, apartado B, párrafo quinto (aquí empiezan los artículos a hacerse interminablemente farragosos) se habla de “la incorporación transversal de los derechos humanos, así como de las perspectivas de género, interculturalidad, accesibilidad e inclusión, intergeneracionalidad y sostenibilidad” (¡no cabe duda que cualquier habitante de la ciudad podrá entender a qué quisieron referirse los “notables” al utilizar términos tan rimbombantes como inservibles!).
Hay cuestiones que, dejando a un lado los excesos gramaticales como los que acabamos de ejemplificar, darán lugar a buenos debates en el seno de la Asamblea Constituyente. Ahí está la despenalización del uso de la cannabis (que invade facultades de la Federación, dado que el tema está ya regulado por la Ley General de Salud), la creación de un “derecho a la renta básica”, un llamado “derecho al cuidado”, la definición de los animales (de los no humanos, se entiende) como “seres sintientes” protegidos frente a cualquier mutilación (lo que hará difícil o acaso imposible –por ser ilegal- el trabajo en los rastros), la disminución a 16 años de la edad para votar, etcétera.
Creo sinceramente que es un texto manifiestamente mejorable. No debió ser encargado a políticos, sino a juristas. Escribir un texto constitucional no es cualquier cosa; no se puede improvisar ni construir sobre la base de ocurrencias. Como quiera que sea, ya estamos inmersos en el debate constituyente. Hay que lograr, entre todos, que quede aprobado un texto que esté a la altura de las expectativas de los habitantes de la ciudad y que refleje fielmente lo que somos y necesitamos. Debe ser un texto muchísimo mejor que el preparado por el grupo redactor y presentado por el Jefe de Gobierno. De todos nosotros depende.