La aparición de una serie de videos, que muestran la arraigada complicidad entre las autoridades locales de Michoacán, con el grupo criminal de Los Caballeros Templarios, así como el hecho de que el alcalde y la policía del municipio de Iguala en Guerrero, hayan colaborado con la organización Guerreros Unidos, en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, han dejado al descubierto, la capacidad que tiene el crimen organizado para corromper a los aparatos burocráticos y a las estructuras políticas de este país.
Éstos lamentables hechos han detonado una importante discusión pública, que gira en torno a la necesidad de generar mecanismos, que permitan evitar que el crimen organizado pueda incidir en los resultados de los procesos electorales o en la selección de los candidatos que participan en dichas contiendas. En las últimas semanas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y los dirigentes nacionales de los tres principales partidos políticos del país, han mostrado su disposición para debatir el tema y para construir una serie de lineamientos que permitan “blindar” la selección de los candidatos a un puesto de elección popular.
Sin duda, se debe aplaudir la disposición que han mostrado los diferentes actores políticos, para llegar a un acuerdo nacional, que permita revisar el historial y el origen del patrimonio de cada uno de los ciudadanos que buscan ser postulados a un puesto de elección popular. Sin embargo, ésta no es la primera vez que se habla de blindar las campañas electorales, de hecho, en los últimos 5 años, decenas de políticos y autoridades electorales, declararon que sus partidos o que los propios institutos electorales, habían tomado medidas para blindar el proceso electoral o la selección de los candidatos, pero lo cierto es, que dichas declaraciones se quedaron en el discurso y nunca pasaron a la acción.
Hasta el momento, ninguna autoridad electoral o partido político, cuentan con procedimientos estandarizados, que les permitan realizar un análisis sistemático del historial o del patrimonio de los candidatos.
Si el objetivo es impedir que el crimen organizado pueda influir en el resultado de las elecciones, a través del financiamiento ilícito de las campañas políticas o realizando labores proselitistas a favor del candidato de su preferencia, el principal reto al cual nos enfrentamos, es ir más allá de las propuestas generales y concentrarnos en el diseño de procedimientos específicos, que nos puedan ayudar a detectar la injerencia de las organizaciones criminales en los procesos electorales.
Ésta no es una tarea sencilla, porque la experiencia internacional en la materia, no es muy prolífica, por ende, hay muy pocas políticas exitosas que podamos extrapolar de otros países, otro problema, es que muchas de las propuestas que se han ofrecido hasta ahora, resultan insuficientes. No basta con instituir la obligación de presentar informes financieros o la declaración patrimonial de los candidatos, así como una carta de no antecedentes penales o el resultado de los exámenes antidoping de todos los aspirantes. Estas propuestas pueden ser el primer paso, pero si se quiere descubrir, si un candidato tiene vínculos con el crimen organizado, se tienen que utilizar una serie de instrumentos forenses, que permitan hacer una indagación profunda del pasado y del origen del patrimonio de todos los aspirantes a un puesto de elección popular.
Es decir, que lo que se requiere, es un sistema de seguimiento concomitante basado en la investigación forense, que tenga al menos, los siguientes componentes:
- Instrumentos de análisis patrimonial: Además de la obligación de todo candidato a un puesto de elección popular, de presentar una declaración patrimonial detallada, se debe utilizar la información contenida en las declaraciones, así como en su historial de ingresos, para certificar que el ingreso que reportan a la largo de los años, es suficiente para costear las propiedades y los activos, que hoy tienen. Este examen debe ser complementado con auditorías forenses que tenga por objetivo: analizar si los candidatos pudieran tener otros bienes que no han sido reportados, ya sea a su nombre o a nombre de un testaferro.
- Auditorías al gasto de las campañas: La revisión de los gastos de campaña que realizan los institutos electorales, se basa de forma casi exclusiva en los informes que entregan los propios partidos políticos, es decir, que sólo aquellos partidos que se equivocan en el llenado de sus informes, son multados. Pero muy pocas veces, las autoridades electorales realizan auditorías forenses, para verificar que lo contenido en los informes, corresponde a la realidad, es decir, que casi nunca se rastrea el origen de los fondos que ingresan a una campaña. Por ende, se requiere que las auditorías forenses de los gastos de campaña, se conviertan en la norma y no en la excepción, ello con el fin de evitar, el ingreso de dinero ilegal a las campañas políticas.
- Exámenes de control de confianza: Tal y como pasa con los agentes de policía de todas las entidades federativas, se puede someter a quienes aspiran a un puesto de elección popular, a una serie de pruebas estandarizadas y a entrevistas a profundidad, las cuales buscan reconstruir la trayectoria profesional de los individuos y encontrar posibles inconsistencias en lo que declaran. Dentro de los instrumentos que se pueden incluir en los exámenes de control de confianza, se encuentran los siguientes: exámenes toxicológicos y la aplicación de cuestionarios a profundidad, que después se puedan complementar con entrevistas en donde se haga uso del polígrafo, para detectar inconsistencias en las respuestas o incluso mentiras.
- Mecanismos para presentar denuncias: A pesar de que las investigaciones forenses sean profundas, siempre habrá información a la cual no se pueda tener acceso, por tal motivo, se debe permitir que si un ciudadano cuenta con pruebas que sirvan para vincular a un candidato con actividades ilegales, éste las pueda presentar directamente o de forma anónima, para que en un segundo momento, se pueda hacer una investigación para determinar si dichas pruebas tienen el soporte suficiente.
Si bien, no es necesario que se tomen en cuenta las recomendaciones que se exponen en los párrafos precedentes, ya que puede haber otros esquemas que permitan abordar el problema. Lo más importante, es que el debate acerca de los mecanismos que podemos utilizar para evitar la infiltración del crimen organizado en las elecciones, transite de lo general a lo particular, es decir, que debemos concentrarnos en discutir los pros y los contras de cada uno de los instrumentos que se pueden utilizar, para descubrir si un aspirante a un puesto de elección popular, tiene vínculos con las organizaciones criminales que operan en nuestro país.
A pesar de lo anterior, no se puede omitir el hecho, de que un sistema de esta naturaleza, además de requerir importantes cambios legales e institucionales, resulta muy costoso, ya que se requiere de una importante inversión en equipo y capacitación del personal que lo va a operar. Tampoco se pueden ignorar, voces como las de Luis Carlos Ugalde que acertadamente señala, que es ingenuo que una dependencia de gobierno, pueda tener la capacidad de revisar con detalle, el historial de los más de 20,000 candidatos que aspiran a ocupar alguno de los 2,519 puestos de elección popular, que estarán en disputa en el 2015. Otras objeciones que presenta Ugalde, es que muchos de los políticos son corrompidos una vez que ocupan el cargo, además, si el gobierno comente errores en el proceso de certificación y acredita a un candidato, que después se descubre que tenía vínculos con el crimen organizado, el partido que lo postuló, siempre le podrá echar la culpa a este organismo gubernamental[1].
Por ello, también se debe evaluar si es pertinente gastar tanto dinero en un proyecto, que nos va costar mucho dinero y que quizá no dé los resultados esperados, sobre todo teniendo en cuenta, que sería imposible implementar un sistema así para el 2015.
O bien, se puede pensar en un esquema híbrido, dónde el primer filtro sea responsabilidad exclusiva de los partidos políticos y si éstos tienen alguna sospecha sobre un candidato en concreto, se pida el auxilio de un área de investigación forense, que dependa tentativamente del INE, para que ésta realice una investigación más profunda sobre el pasado del candidato.
@victorsanval
[1] El texto completo de Luis Carlos Ugalde se puede consultar en el siguiente link: http://www.milenio.com/tribunamilenio/es_posible_blindar_a_los_candidatos/blindar_candidatos-elecciones-candidatos_cargos_populares-Luis_Carlos_Ugalde_13_398490148.html