El panorama no es halagüeño: pandemia y el mundo en recesión económica. La canciller alemana opina que se trata del mayor reto que enfrenta su país desde la reunificación posterior a la Segunda Guerra Mundial, JP Morgan Chase estima que la economía de Estados Unidos, con las que nos une un fuerte vínculo, se contraerá en 14% en el segundo trimestre de 2020. En México, las casas financieras revisaron sus pronósticos de crecimiento económico para este año y van de -2% en el caso optimista (Barclays) a caídas de 4% o mayores (Bank of America, Credit Suisse). Es ya ocioso discutir si entraremos o no en recesión y ni hablar de la depreciación significativa del peso y la estrepitosa caída en el precio de la mezcla mexicana de petróleo.
Debemos enfrentar con decisión estos retos interrelacionados que afectarán a la población entera en su salud, bolsillo y bienestar. Miles o quizá millones de personas se enfermarán, se perderán empleos, las empresas de todos los tamaños enfrentarán pérdidas, habrá menor inversión pública y privada y una caída generalizada del ingreso. Lo veremos también en servicios deficientes, sea por menores recursos o hasta por el ausentismo del personal debido a cuestiones de salud.
En este artículo me enfocaré en al impacto sobre los que menos tienen que son los más vulnerables en casos de crisis y que carecen de mecanismos de protección. De entrada, el distanciamiento social es difícil para ellos pues viven en condiciones de hacinamiento, dependen del transporte público, no pueden resolver asuntos en forma remota o vía internet, o carecen de acceso suficiente a agua limpia para asegurar la higiene. Pocos están afiliados a instituciones de seguridad social y su gasto de bolsillo en salud suele ser elevado como proporción de su ingreso, y no, aún no funciona el INSABI ni tenemos servicio universal de salud. Los pobres también están particularmente expuestos a los choques económicos. Estar en situación de informalidad, ser trabajador por cuenta propia o estar dedicados al trabajo agrícola en el caso de los que viven en zonas rurales, suele ser la norma para este grupo, con lo que carecen la protección de las instituciones de seguridad social o que sus empleadores les otorguen la posibilidad de trabajar desde casa o de ausentarse temporalmente por cuestiones de salud, sin perder el empleo. No ir trabajar o vender menos por falta de clientes puede implicar, desde saltarse comidas, aunque sea temporalmente, hasta decisiones con impactos de mediano y largo plazo que se erigen en barreras enormes para salir de la pobreza, como puede ser nutrición inadecuada con sus efectos sobre la salud y productividad, sacar a los hijos de la escuela quizá de manera permanente o dejar en de invertir en el negocio familiar.
La crisis económica de finales de 1994 y 1995 contrajo nuestra economía en más el 6%, con un impacto brutal en la pobreza. Según Coneval, la proporción de la población en pobreza patrimonial medida por ingreso pasó de representar el 52.4 de la población en 1994 a 69% en 1996 y la pobreza extrema pasó de 21.2% de la población a 37.4%. El impacto fue duradero ya que una fue hasta 2002, que se logró regresar a los niveles de pobreza de 1994. Afortunadamente, la experiencia indica que es posible apoyar a los más pobres con acciones oportunas en tiempos de crisis. En 2008 se elevó significativamente el precio de los alimentos a nivel mundial, afectando en particular a los pobres quienes consumen en promedio más de la mitad de su ingreso en alimentos. La pérdida en el poder adquisitivo por el incremento en precios provocó que muchas personas clasificadas como “no pobres” cayeran en pobreza y los que ya eran pobres quedaron peor. Para agravar el problema, iniciaba entonces una severa crisis económica mundial que resultó en una caída de la economía de México similar a la del 94-95. La acción gubernamental oportuna para proteger a los más pobres y en especial a los pobres extremos, sin embargo, logró mitigar el doble golpe infligido por mayores precios y menor ingreso. Si bien era inevitable un incremento en la pobreza, este estuvo lejos de lo ocurrido por la crisis de 1994-95. Usando la nueva metodología para la medición multidimensional de la pobreza, que va más allá del ingreso, según Coneval la población en pobreza pasó de representar el 44.1% en 2008 al 46.1% en 2010, bajando a 45.5% en 2012. En el caso de la pobreza extrema las cifras respectivas fueron 11% a 11.3% y 9.8%.
Lo anterior se logró fortaleciendo y ampliando los mecanismos de protección social que se habían venido construyendo y que estaba dirigidos a la población de menor ingreso. Se expandió el programa Oportunidades en 600 mil familias (más de 2 millones de personas, para llegar a un total superior a los 24 millones), se mejoró su metodología de focalización para evitar errores de inclusión y se incrementó el monto de las transferencias. También se fortaleció y expandió el programa Apoyo Alimentario, así como el Programa de Empleo Temporal (PET). Estos programas llegaban a todo el país, beneficiaban a personas de todas las edades y estaban dirigidos a mejorar las capacidades básicas, en particular educación, salud y alimentación, con lo que, entre otras, se aseguraba acceso a clínicas y evitaba la deserción escolar, además de apoyar en caso de pérdida de empleo o de fuentes de ingresos. Igualmente, se fortaleció el programa de apoyo a adultos mayores. Por otra parte, se utilizaron diversas intervenciones de política pública en general para reactivar la economía, incluyendo gasto contracíclico, acciones para alentar la inversión privada y, sobre todo, un entorno de certidumbre propicio para la actividad económica, con lo que México pudo retomar el crecimiento en poco tiempo.
El gobierno de López Obrador anunció que se adelantará la entrega de la pensión a adultos mayores del siguiente bimestre, beneficiando a 8 millones de personas. Sin duda es una buena medida, pero es bastante limitada dado el reto que enfrentamos y aún no hay información sobre medidas significativas adicionales. Faltarían, por ejemplo, acciones emergentes de apoyo a otros grupos como las familias con niños pequeños y acciones para evitar la deserción escolar que por razones económicas que se agravará, más allá de los programas existentes. El desmantelamiento de la red de protección social, que incluía programas como Oportunidades (antes Progresa y posteriormente Prospera), el PET, el Seguro Popular y Estancias Infantiles, sin que se haya construido algo nuevo (el INSABI aún no se consolida), dificultará armar una respuesta coherente y bien diseñada que vaya más allá de anticipar pagos o quizá aumentar el monto de las transferencias. Faltan también medidas contundentes para la reactivación económica, partiendo de que la economía mexicana estaba ya estancada antes de que comenzará la probable recesión mundial.
México enfrenta nuevamente un doble golpe, ahora sanitario y económico, que se ve más severo que el anterior. Los pobres son particularmente vulnerables. Se requieren urgentes acciones concretas, exhaustivas y bien diseñadas.