Los primeros días de las campañas para renovar la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, más de mil ayuntamientos y diecisiete Congresos locales han dejado ver la necesidad de una decisión de Estado para blindar los procesos electorales a fin de garantizar el derecho inalienable los ciudadanos, como sujetos primarios de la democracia, a participar en la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivos en "elecciones libres, auténticas y democráticas" tal y como lo manda el Artículo 41 de nuestra Constitución.
En la tutela de este derecho las autoridades tienen una responsabilidad ineludible y los partidos políticos, como entidades de interés público, tienen la finalidad y obligación expresa de "promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público". Por ello, es de reconocer la puntualidad y oportunidad con la que el Partido Acción Nacional ha exigido –mediante una carta de su presidente nacional enviada al secretario de Gobernación- el establecimiento de medidas para proteger la buena marcha del proceso electoral.
Mientras se instrumentan las medidas necesarias y obligadas por ministerio de ley se multiplican expresiones y hechos que amenazan el proceso, en particular el llamado a boicotear las elecciones con consignas cargadas de ideología y de oportunismo como las que se pueden leer en diversos puntos de la geografía nacional... "no caben nuestros sueños en sus urnas" o "no hay elección si no hay solución" rezan las consignas, esta última a propósito de las víctimas de Iguala.
Hechos como los ocurridos en Tlapa de Comonfort, Guerrero donde fueron retenidos funcionarios del INE o la ocupación y destrucción de sedes electorales hablan de la gravedad de la amenaza. El colmo es la petición en mensajes similares a los que usa el crimen organizado para pedir la intervención de capos de la delincuencia a fin de encontrar a los desaparecidos; a la par, el llamado a mesas de negociación ante todo tipo de autoridades para dejar sentado que "el pueblo ya tomó su decisión para que no se lleven a cabo las elecciones en Guerrero" y que cualquier cambio de posición será consultado en asambleas populares para que el aludido "pueblo" y "las bases" decidan sobre esto.
Como hechos aislados han calificado las autoridades estos eventos, pero quizá no lo sean si revisamos el mapa de riesgos del propio Instituto Nacional Electoral y si nos hacemos cargo de advertir que la violencia tanto en Guerrero como en Michoacán representa en sí misma un riesgo genérico para el proceso que merece atención y decisiones.
Adicionalmente se ha iniciado la transmisión de mensajes publicitarios en la televisión y el radio que destacan por su contraste partidista y que han servido de pretexto para obstaculizar el derecho de los ciudadanos a la información; de manera expedita se ha logrado maniobrar ante la autoridad electoral para que califique acríticamente dichos mensajes como “campañas negras", actitud que no se observó ante la contratación de cine minutos y carteleras con propaganda gubernamental, disfrazada de informes legislativos, y la entrega de utilitarios cuyo financiamiento no es claro. Adicional a esto también está presente la operación de un buen número de programas sociales en riesgo de ser utilizados para fines electorales.
En paralelo se han dado a conocer decisiones de algunos partidos sobre la idoneidad de los candidatos, supuestamente sometidos a pruebas de control de confianza o a revisión de las autoridades sobre sus antecedentes que, por lo variado de los métodos y difuso de los procedimientos, no reflejan aún la solidez de un proceso institucional que de manera confiable y transparente descarte a los no aptos.
Así van las campañas, más lo que se acumule en las siguientes horas y días. Por eso resulta indispensable que las autoridades competentes respondan y se alcancen los acuerdos con las fuerzas políticas para el blindaje a las elecciones. El presidente del PAN propuso por escrito cuatro puntos de obligado cumplimiento: 1. Blindaje para garantizar la seguridad de los candidatos, equipos de campaña y funcionarios electorales para que desempeñen sus actividades de manera legal, segura y libre. 2. Evitar el uso de recursos humanos, materiales y financieros de los gobiernos municipales, estatales y el propio gobierno federal. 3. Realizar todas las acciones preventivas y correctivas para impedir la participación de candidatos a puestos de elección popular que tengan vínculos con la delincuencia organizada. 4. Blindar las campañas de la utilización de recursos de procedencia ilícita, de la delincuencia organizada o de la triangulación y la evasión fiscal.
Cuatro propuestas que responden a cuatro necesidades básicas que seguramente pueden ser enriquecidas por la aportación de las otras fuerzas políticas y por los alcances que indique la información disponible en los espacios de gobierno. Estos puntos serían la base de un acuerdo de civilidad para el proceso electoral sobre el que todos se han pronunciado, pero sobre el que ninguno ha demostrado, a excepción del PAN, la disposición franca y abierta para ponerlo en blanco y negro y suscribirlo como un compromiso común.
El acuerdo es necesario para dar certidumbre al proceso electoral y para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional: elecciones libres, auténticas y democráticas.