A propósito del proceso electoral local que se vivió en 2016 en 14 entidades federativas del país, hay quien se manifestó en que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional sea la instancia que produzca un protocolo que ayude a evitar la postulación de candidatos vinculados con el crimen organizado.

Es posible que esta propuesta que hizo el entonces presidente del Senado, el senador del PAN Roberto Gil y el diputado del PRD Jesús Zambrano, respectivamente, se encuentre en la protección de la nación mexicana frente a los riesgos que representa la infiltración de la delincuencia en la nominación de candidatos.

Sin embargo y como lo dijera el ex secretario de Gobernación (SEGOB) Miguel Ángel Osorio Chong, la propuesta no le corresponde a la Comisión Bicameral. Tiene razón. Más allá de ello, le corresponde a las autoridades de inteligencia y al ministerio público de la Federación, proceder ante las evidencias de que un candidato sea postulado o patrocinado, por fuerzas ajenas a su propio partido político.

Y no le corresponde a la Comisión Bicamaral, porque entre sus funciones se encuentra el contrapeso político a las funciones de inteligencia que realiza el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional.

Hay quien ve en las instituciones, como la Procuraduría General de la República o alguna Fiscalía en las Entidades, la instancia indicada que les extienda un certificado de buena conducta política, y con ello, seguir aspirando al siguiente cargo de elección popular.

Entre los temas que podría abordar la Comisión Bicamaral se encuentran, el desarrollo político, económico y social de los habitantes del país, basado en la preservación de la democracia.

¿Y la corrupción?

Por ejemplo, la corrupción es un problema del subcampo político de la seguridad nacional, porque involucra al elemento impunidad cuyo bien jurídico tutelado por el Estado que se vulnera lo constituye la justicia.

La paridad del dólar y el precio del barril de petróleo es un problema del subcampo económico de la seguridad nacional, porque de su costo depende gran parte de la estabilidad económica del país.

El avance de la desertificación de la Cuenca Lerma – Chapala – Santiago es un problema del subcampo social de la seguridad nacional, porque de su avance depende la subsistencia del 22% de la población nacional, así como la parte proporcional de los tres sectores de la economía del país, por ejemplo, la industria del sector servicios del Estado de México, la industria del limón y aguacate en Michoacán, la industria del zapato en Guanajuato o la industria lechera, avícola o porcícola de Jalisco, además del consumo humano que representa el vital líquido y cuya carencia vulneraría el bien jurídico a la alimentación, al trabajo, entre otros.

Un nuevo escenario como el FOBAPROA es un asunto de seguridad nacional que impacta los subcampos económicos y que vulneraría el bien jurídico del derecho al trabajo, de llevar sustento al hogar y perderíamos nuestros ahorros, lo que pondría en peligro la estabilidad económica del país.

Seguridad Nacional

Por último, la seguridad nacional también se encarga del campo y subcampos de la seguridad y defensa, en donde se encuentran el Plan DN-I, DN-II y DN-III, consistentes en la preparación de las fuerzas militares para repeler una agresión extranjera, para proteger la seguridad interior o combatir la insurgencia interna y para la protección a la población civil en caso de desastre, respectivamente, además de la seguridad pública, vulnerada en todo el país.

Por estas razones es que sería encajonar a la seguridad nacional en un tema político y partidista al blindaje de las candidaturas, cuando gran parte de la responsabilidad recae en la exigencia de sus dirigencias hacia sus cuadros políticos, no a las instituciones del Ejecutivo Federal.

Lee también: Las armas mexicanas se vistieron de gloria

@OpinionLSR | @racevesj | @lasillarota




Debe iniciar sesión para poder enviar información

Debe iniciar sesión para poder enviar información