Opinión

Bienestar oculta supuestas pruebas de corrupción en estancias infantiles

La opacidad se ha vuelto la regla de la presente administración. INAI, cómplice. | Adolfo Gómez Vives

  • 03/10/2021
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El 7 de febrero de 2019, Andrés Manuel López Obrador anunció la desaparición del programa de estancias infantiles. Basó su determinación en la supuesta existencia de “un millón y medio” de pruebas de corrupción. Sin embargo, en lugar de presentar las denuncias correspondientes y de ordenar el saneamiento del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, su postura fue determinante: aniquilar el programa y entregar de manera directa los recursos económicos presupuestados, a las personas usuarias: 800 pesos mensuales por cada niña o niño.

Días más tarde, el 19 de febrero, la Oficina de la Presidencia de la República respondió a una solicitud de información relativa al tema, con el sobado argumento de no poseer ninguna información que soporte los dichos del presidente de la República, a pesar de que dicha instancia tiene entre sus atribuciones la de apoyarlo en lo relativo al seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, por mandato del artículo 8o de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar respondió a la solicitud 0002000033919, con un absurdo requerimiento de información adicional para el peticionario: se solicita “que aporte mayores datos que permitan identificar los documentos o la información solicitada. Ello en virtud de que los datos aportados en los términos en que se redacta la solicitud, no son suficientes para realizar la búsqueda correspondiente”.

Más de dos años y medio después de que López Obrador informara sobre la supuesta corrupción en las estancias infantiles, la Secretaría de Bienestar respondió a la solicitud 0002000194521, con el argumento de que el asunto está “en proceso de investigación”, por lo que declaró su reserva, sin precisar el plazo respectivo. No se esforzó en ofrecer una versión pública de los documentos. Tampoco se atrevió a ofrecer la prueba del daño que supuestamente causaría la difusión de dicha información, ni se esforzó en presentar la confirmación de la declaratoria de reserva, por parte del Comité de Transparencia en la Secretaría de Bienestar, como exigen las leyes en la materia.

La respuesta de esa dependencia, fechada el 29 de septiembre de 2021, confirma que el Presidente de la República mintió impunemente respecto del hallazgo de pruebas de corrupción —tantas como “un millón y medio”— ya que la propia dependencia responsable del programa reconoce que está en proceso de documentarlas.

La Auditoría Superior de la Federación informó de la existencia de irregularidades en la Cuenta Pública de 2016, relativas a las estancias infantiles, por un monto de 69.4 millones de pesos, cifra que representa el 1.8 por ciento de los recursos asignados a ese programa y el doble de lo que López Obrador se gastó durante su verbena particular, con motivo del 200 aniversario de la consumación de la Independencia de México.

En nuestro país, el derecho de acceso a la información ha presentado dificultades desde su inclusión en la constitución federal, en 1977. Pero en este sexenio, las estrategias que imposibilitan su ejercicio se han vuelto la regla en la mayoría de dependencias del Ejecutivo.

Lo más preocupante, es que el Instituto Nacional de Transparencia se ha ido convirtiendo en un aliado del gobierno de López Obrador, en lugar de asumir la defensa de los gobernados, frente a la opacidad de los sujetos obligados.

Retales

Mi columna de la semana pasada causó cierta molestia en la persona de la comisionada del Inai, Norma Julieta del Río Venegas, quien —a través de tuiter— me invitó a conocer “la situación técnica” de la Plataforma Nacional de Transparencia, que ha estado presentando fallas a partir del arranque del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0). La conminé a que explicara públicamente las razones por las cuales la citada plataforma ha estado fallando. A la fecha no ha respondido. Así que en ejercicio de mis derechos de acceso a la información y petición le he solicitado por la mencionada vía, información y documentación relativa al tema. Ya veremos de qué van sus respuestas.

 

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