Desde 2009, gran parte de los recursos hídricos de Honduras fueron concesionados a diferentes empresas, ya que, después del golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya, se derogaron todas las leyes protectoras de las fuentes de abastecimiento de agua, incluidas aquellas ubicadas en zonas indígenas, por lo regular, áreas naturales protegidas, en las que la construcción algún proyecto hidroeléctrico o presa afecta al entorno ecológico y cultural de la zona.
Este fue el caso del pueblo Lenca, habitante de la zona noroccidental de Honduras, heredero de la cultura maya, cuyo territorio quedó minado al intentarse construir 17 represas y la posterior aprobación del Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca, que utilizaría las aguas del río Gualcarque, ampliamente valoradas debido a su gran simbolismo, pues en ellas, viven los espíritus de las niñas indígenas.
En ese lugar ocurre lo que autores como De la Cadena y Blaser han denominado como cosmopolítica, tangible a través del extractivismo, una acelerada extracción de recursos naturales para satisfacer la demanda global de minerales y energía y contribuir a lo que los gobiernos denominan crecimiento económico.
Sin embargo, para los autores, es necesario replantear lo que se comprende como naturaleza, pues no hay que pensarla sólo como algo natural, sino que es la posibilidad de que haya muchos mundos en ella, para todos los seres, rompiendo con la visión hegemónica de que la naturaleza es sólo naturaleza.
Pero cómo poder analizar al entorno y al mundo desde otra posición, alejada de la hegemonía, dando cabida a todas las expresiones de vida. Mediante el pluriverso, esa ruptura con la versión moderna de unicidad, que da apertura a muchas posibilidades de ser y de estar en el mundo, así como de reencontrarse con la Tierra como planeta, como entorno y como ente en el que coexisten muchos seres, y que abre la posibilidad a utilizarle como una herramienta analítica para producir composiciones etnográficas capaces de concebir prácticas ecológicas a través de mundos heterogéneos y entrelazados.
Y la ontología política, que permite diseñar un imaginario de las políticas de la realidad, desde otro enfoque, pues no es una economía política ni una ecología política, ni se centra en el desarrollo económico o el aprovechamiento de la naturaleza, sino más bien, involucra a las montañas y a los bosques, a los océanos o a los ríos y a las prácticas y relaciones que las personas y los pueblos mantienen con estos entornos, en un sentido cultural y de respeto mutuo, en aras de un interés y de un bien común.
Esa visión era la que tenía Berta Cáceres, defensora del medio ambiente, quien decidió confrontar a la familia Atala Zablah, principales accionistas del proyecto, y sufrió difamación, criminalización y ataques, teniéndose que otorgarle medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero el estado hondureño no las cumplió y fue asesinada en marzo de 2016, al interior de su casa.
Integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras movilizó a las poblaciones Lenca para cerrar la carretera que conduce al lugar del proyecto, situación que permanece hasta el día de hoy, tras nueve años de lucha.
Dos años después, se condenaron a siete personas por el asesinato de la líder indígena, quien hizo frente a se enfrentó a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas, y fue reconocida internacionalmente por su labor.
Pero, la justicia no ha llegado, y recientemente inició el juicio contra el ex oficial de inteligencia militar David Castillo, quien trabajaba para la familia Atala, y estaba directamente vinculado con los sucesos, pues era representante de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. y ex oficial de inteligencia militar, siendo esto último lo que le permitió organizar el atentado, al dar seguimiento constante a sus actividades.
Sin embargo, en el mismo proceso no se tomaron en cuenta varias pruebas como una transacción millonaria de Daniel Atala Midence, gerente financiero de la empresa, a David Castillo días antes del crimen, la cual es evidencia directa de su vínculo y de la complicidad del Estado, al permitir que no se sancione a los responsables de los hechos, pues ninguno ha sido vinculado directamente por el crimen.
Por esa razón, las poblaciones lenca y activistas externan su preocupación para que la justicia para Berta llegue realmente y no sólo sea una simulación.