Los atentados terroristas de los últimos meses han evidenciado, nuevamente, una verdadera incapacidad por parte de todos los Estados afectados y también de aquellos que de manera indirecta han tenido algún vínculo con dichos acontecimientos, para dar tanto un tratamiento adecuado al desconcierto social y por supuesto llevar a cabo un eficaz manejo jurídico del fenómeno criminal terrorista, generando con ello verdaderas crisis de seguridad en muchos países con modelos político-económicos marcadamente distintos, como Irak, Pakistán y Turquía o como el Reino Unido, España, Francia, Bélgica y Estados Unidos.
Este terrorismo de última generación como diversos analistas lo denominan actualmente, pone en jaque a los sistemas de seguridad de todos los países implicados, sin distinción de rangos o jerarquías en el panorama económico y político mundial.
Bélgica es un caso ilustrativo de esta crisis mundial de seguridad, resultado del fracaso en las medidas de prevención instrumentadas y por los infructuosos interrogatorios e ineficientes investigaciones criminales, que redundan en fallos descomunales de coordinación de sus cuerpos policiales y que muestran un lamentable recuento de daños que se incrementa de atentado en atentado, plagando con sangre y pánico el mundo. Errores que evidencian, cada vez más, el grave deterioro de la convivencia humana en el plano internacional.
Al respecto, los Países Bajos, difundieron en medios que seis días antes de los atentados perpetrados en Bélgica, había alertado a las autoridades policiales de ese país sobre el peligro que entrañaban para la seguridad nacional los hermanos Ibrahim y Khalid, responsables materiales de estos atentados. Dicha situación está generando una ola de críticas respecto a la forma de actuar de las autoridades de ambos países, considerando que ocho meses antes agentes holandeses habían dejado en libertad a Ibrahim, después de que fuera detenido y extraditado por Turquía.
Francia, lo hemos dicho en entregas anteriores, se encuentra también en la palestra terrorista junto con Bélgica, debido a que sus fuerzas de seguridad, sabiendo su ubicación e intenciones no detuvieron con antelación a uno de los terroristas responsable de los atentados de noviembre pasado en París; peor aún, lo arrestaron después de dicho suceso sin conseguir ningún tipo de información durante el interrogatorio realizado al presunto terrorista.
Dichos acontecimientos evidencian, que independientemente de los terribles fallos en la política criminal y de seguridad interior de las naciones de occidente, existe además una falta de coordinación entre ellos, una escandalosa incapacidad en materia de prevención, disuasión, control, investigación y sanción de los actos de terrorismo pese al régimen universal de regulación contra el terrorismo, desarrollado progresivamente desde 1963 hasta nuestros días (Guía Legislativa del Régimen Jurídico Universal contra el Terrorismo, UNODC 2008) y de policías internacionales como la Europol y la Interpol.
Por todo lo anterior, la regulación del terrorismo como un crimen internacional debe ser el siguiente punto de acuerdo en la agenda de los países. La armonización de las legislaciones en torno al concepto de terrorismo adoptado por las Naciones Unidas es el primer paso a seguir. Una estrategia común entre los Estados en materia de terrorismo es urgente, ello necesariamente implica la construcción de sistemas eficaces de justicia penal internacional, donde prevalezca siempre el respeto a los derechos fundamentales bajo la égida del principio de justicia universal —hoy casi extinta en países como España—.
En este contexto diversas medidas tendrían que llevarse a cabo, entre las cuales podemos mencionar una necesaria coordinación de información e inteligencia de los diferentes sistemas de seguridad de los países, además de una normativa eficaz contra la financiación de los grupos terroristas, sin olvidar la importancia de un proceso de investigación, detención y enjuiciamiento que no vulneren los derechos y garantías humanas.
No debemos perder de vista que el fenómeno del terrorismo adquiere hoy en día las características propias de un crimen multidimensional que traspasa fronteras y atenta contra el núcleo duro de los derechos humanos y los intereses de la comunidad internacional, por tanto, es un delito que debería ser considerado como propio de la jurisdicción universal. El riesgo, daño y muerte que generan los atentados perpetrados en la nueva generación del terrorismo tienen lugar a lo largo y ancho del planeta, de manera que esta forma delictiva exigen también de nuevas estrategias y medidas globales bien coordinadas en el ámbito del derecho internacional.